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Sistema Judicial de Protección Integral de Niñez y Adolescencia

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El jueves 16 de noviembre de 2023 se publica en la Gaceta Oficial 29,911 la Ley 409 de 2023, mediante la cual se establece el sistema judicial de protección integral de niñez y adolescencia.

Este texto legal consta de ciento ochenta y nueve (189) artículos distribuidos en un título preliminar sobre disposiciones generales y siete (7) títulos, en los cuales se abordan los temas siguientes: Derechos de los niños a garantizar en el proceso; organización de la jurisdicción de niñez y adolescencia; sujetos procesales del proceso de protección; aplicación de métodos alternos de resolución de conflictos en las causas de protección de niños, niñas y adolescentes; procesos de protección judicial; disposiciones adicionales y finales.

Esta norma jurídica se constituye en un instrumento que no solamente garantiza los derechos de la niñez y adolescencia; sino también, fortalece los derechos y deberes que implica la patria potestad y la guarda y crianza de los hijos e hijas, en cuanto a sus padres.

En esta ocasión mencionaremos algunos artículos, a manera de ejemplos: el art. 46, consagra acciones a favor de niños, niñas y adolescentes, que pueden ser interpuestas a nivel de ministerio público con la finalidad de defender los derechos de estos, en aquellos casos en que sus padres no lo puedan hacer. Art. 49: establece el derecho a la defensa técnica desde el inicio del proceso. Es decir, los niños y adolescentes tienen derecho que los asista un abogado para que los ayude a reestablecer sus derechos, cuando estos hayan sido afectados por abuso, negligencia, omisiones, amenazas, etc. Art. 77: aquí se instaura la protección judicial para garantizar que los hijos no sean separados de sus padres. Ejemplo: si el niño o niña está hospitalizada, que su padre o su madre, pueda permanecer con él en todo momento. Art. 78, este texto protege el derecho que tiene todo niño a la reunión familiar. Art. 79: aquí se instaura el hecho de garantizar el derecho que tiene el niño a formarse un criterio propio sobre cualquier tema y expresarlo. Esto implica que el niño tiene derecho a opinar, a que se le pregunte qué opina sobre algún tema en específico. Esto es muy importante porque es un ser humano.

En síntesis, consideramos que esta ley está cónsona con la Convención de los Derechos del Niño, entre otros instrumentos jurídicos internacionales, que en ninguna momento transgrede el concepto de lo que implica los derechos y deberes de los padres con respecto a sus hijos, sino, por el contrario fortalece los mismos y le ofrece mecanismos legales que le permiten mejorar la calidad de vida a sus hijos, permitiendo que estos forjen una personalidad más segura y con criterios formados en atención a su condición de ser humano pensante y cuya dignidad humana debe ser debidamente valorada.

Por último, esta es una ley que demarca hasta qué punto el Estado tiene también obligaciones con respecto a la niñez y adolescencia panameña.

Protestas, derechos humanos y derecho penal

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Lamentablemente en estos últimos días, Panamá, ha revivido antiguas luchas en las diferentes calles de todo el país, para tratar de reivindicar la grave afectación de bienes e intereses jurídicos difusos, como lo son: el ambiente, la soberanía y nuestra independencia como pueblo; siendo estos partes de los aspectos que identifican la personalidad jurídica de un Estado.

Es por ello, que me parece indignante el comportamiento inapropiado de la clase política, la administración de justicia y de la junta directiva de esta nación noble, como lo es Panamá, cuando en vez de dar una respuesta pronta y acertada ante los graves problemas que le afectan al Estado, con el contrato ley minero, desvían el foco de atención hacia los aspectos secundarios del problema, dejando a un lado el diagnóstico principal de la enfermedad, como es el caso de firmar un decreto ley, cuya vigencia y eficacia puede ser efímera.

Como académica y docente siento el compromiso histórico con la sociedad y los ciudadanos que formo en las aulas de clases, el dejar plasmado las reflexiones siguientes: primero, el derecho a manifestarse o reunirse pacíficamente es una garantía fundamental establecida en el artículo 23, de la Constitución Política de Panamá; art. 15, de la Convención Americana o Pacto de San José; art. 20, de la Declaración universal de los derechos humanos. Esto quiere decir, que todos los panameños y panameñas tenemos derecho a llevar a cabo marchas pacíficas mediante las cuales expresemos nuestra protesta. Es decir, hagamos público nuestro desacuerdo con situaciones a nivel de país que nos afecten, en este caso, el contrato ley minero.

Situación esta, la cual implica que el Estado no puede reprimir a sus manifestantes, siempre y cuando la marcha cumpla con los lineamientos que la constitución plantea.

Segundo, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en el caso López y otros vs. Honduras, dictaminado a través de la sentencia de 5 de octubre de 2015, ha establecido que las protestas no solamente son el ejercicio de un derecho, sino el cumplimiento de un deber en aquellos casos en que este en juego la democracia de un país.

Esto efectivamente es lo que está en juego si no se pone fin a la petición, legalmente fundamentada, del pueblo panameño.

Tercero, si bien es cierto, el cierre de calles es un delito contra los medios de transporte, en este caso, la comisión de este está amparado por la causa de justificación reglamentada en el artículo 33, del Código Penal panameño, conocida como estado de necesidad.

Por último, señor presidente, con respecto a que el problema de las minas es heredado, le respondo con un pensamiento, cuya autoría es incierta pero algunos señalan que puede ser de Angela Merkel y dice así: «Los presidentes no heredan problemas. Se supone que los conocen de antemano, por eso se hacen elegir para gobernar con el propósito de corregir dichos problemas. Culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre».

Tipos penales y política

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El continente americano ha sido el escenario, en distintos momentos de la historia, de crímenes a figuras de la política que han estado aspirando a diferentes cargos públicos, desde representantes hasta presidentes de la república. Por ejemplo: México (Venustiano Carranza, Luis Donaldo Colosio), USA (John F. Kennedy), Colombia (Jorge Eliecer Gaitán), Chile (Eduardo Frei Montalva), Nicaragua (Anastasio Somoza), Haití (Jovenel Moise), etc.

En el caso específico de la hermana república de Ecuador, sobre la muerte del candidato presidencial y exdiputado, Fernando Villavicencio; tenemos que existe un antecedente, con la tan cuestionada muerte, en el año 1981, del entonces presidente Jaime Roldós Aguilera y su esposa Martha Bucaram, al sufrir un accidente aéreo cuando viajaban en el avión presidencial hacia el interior del país. Han existido diferentes teorías en torno a este caso, la que ha sido considerada como la versión oficial es la falla mecánica del avión y falta de pericia del conductor de este. Sin embargo, sus hijos, no se cansan de señalar que la muerte de sus padres, hasta la fecha no ha sido aclarada aún. Inclusive se ha llegado a realizar comparaciones con el accidente aéreo, que en su momento le arrebatara la vida al entonces General Omar Torrijos Herrera.

Tomaremos como punto de partida la obra del escritor norteamericano John Perkins, quien en el año 2004 publica la obra titulada Confesiones de un sicario económico, incorporando el término de sicario económico, definiéndolo de la manera siguiente: «profesionales altamente remunerados que le tienden trampas de millardos de dólares a los países del mundo. Sus herramientas de trabajo son reportes financieros fraudulentos, manipulación de elecciones, sobornos, extorsiones, sexo y asesinatos.»

De lo expuesto en párrafos anteriores, hacemos los comentarios siguientes: primero, cuando ocurren estos sucesos es importante conocer los antecedentes de la víctima y del país en el cual ocurrieron los hechos. En este caso, se trata de un periodista y político, que según los medios de comunicación no vaciló en denunciar y hacer público el trasfondo del crimen organizado en Ecuador, a nivel del sector público como del sector privado. Además, en este país, tal como lo señalamos con anterioridad, existe un precedente de asesinatos a políticos.

Segundo, la historia del victimario o agresor, en esta ocasión se trata de un grupo que pertenece al crimen organizado, denominado «los lobos», quienes, a su vez, trabajan en conjunto con el famoso cartel mexicano «Jalisco Nueva Generación». Tercero, la presencia de tipos penales, es decir, conductas ilícitas descritas en la ley penal. En este lamentable hecho criminal, se advierte el crimen organizado, el cual consiste en grupos delictivos que se dedican, entre otras cosas, al narcotráfico, terrorismo y del cual forman parte los llamados sicarios económicos.

Modificaciones al Código Penal

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Por otra parte, contamos con el título referente a los delitos contra la libertad e integridad sexual

Existe un gran debate entre los académicos del Derecho Penal con relación a la necesidad o no, de una modificación al código penal panameño existente. Es decir, surge la duda entre los expertos penalistas si es importante o no, una reforma más a la legislación penal panameña.

Es por ello, que, en esta ocasión, y tomando en consideración lo valioso de estar informado sobre las leyes de naturaleza penal que nos rigen, presento el planteamiento siguiente: primero, debemos partir del hecho de que las causas que originan a una ley penal, entre otras cosas, son principalmente los intereses y bienes jurídicos (derechos humanos) que surgen a medida que van evolucionando las necesidades de la sociedad y las diferentes formas que aparecen para satisfacer estas.

Segundo, tomando como referente lo planteado anteriormente, creemos firmemente que en este momento se evidencia cada día más, la urgencia de cambios al actual código penal, situación que detallamos de la siguiente manera: reestructurar el diseño y planteamiento al momento de describir el tipo penal, ya que en la actualidad nuestro código penal presenta varios tipos penales alternativos; es decir, consagra una pluralidad de conductas ilícitas, por ejemplo: los delitos relacionados con drogas, delito de acoso sexual, entre otros.

Por otra parte, contamos con el título referente a los delitos contra la libertad e integridad sexual, debido a la importancia y trascendencia de las figuras delictivas aquí contempladas y el rol que las mismas juegan en el desarrollo de la personalidad de la víctima, debe ser rediseñado en su totalidad. Por ejemplo: el capítulo I, se denomina violación y otros delitos sexuales; sin embargo, esos otros delitos sexuales no se identifican de manera clara, puesto que solamente un penalista, en atención a los aspectos técnicos de la doctrina penal, puede identificarlos y diferenciarlos entre sí; por ejemplo: abusos deshonestos o actos libidinosos, relaciones consensuadas o estupro, etc.

En este mismo orden de ideas, este título debe evidenciar de mejor manera el delito de violación sexual a menores de edad, en la actualidad se contempla como una forma agravada del delito de violación carnal o sexual, siendo que debiera convertirse en un tipo penal autónomo; es decir, contar con una sección propia, la cual debe denominarse violación sexual a menores de edad. De esta manera, tendría un tipo penal básico, un tipo penal agravado y darle la connotación de crimen internacional y de esta forma poder abordar el aspecto de imprescriptibilidad que el mismo encierra. Además, quisiera precisar dos aspectos importantes: estos no son los únicos temas que se deben analizar, se encuentran otros como el feminicidio, el hurto y el robo, delincuencia organizada, asociación ilícita y pandillerismo, etc.

Sentencia, delitos sexuales y feminicidio

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Los medios de comunicación en estos últimos días han estado presentando diferentes casos sobre delincuentes que han incurrido en la comisión de diversos delitos sexuales, en perjuicio de mujeres de diferentes edades, dentro de las cuales se han encontrado desde menores de edad hasta damas con discapacidad, en algunos casos físicas y en otros de naturaleza mental.

Pero, a pesar de esto, el juez ha determinado cambiarle la pena principal que conlleva el delito de violación sexual por una pena sustitutiva conocida con el nombre de trabajo comunitario.

Es por ello, que les invito a que realicemos una breve reflexión al respecto: primero, debemos precisar que la sentencia es una resolución judicial mediante la cual el juez pone fin a un proceso, en este caso, penal, a través de la cual le ha otorgado a cada uno lo que le pertenece; es decir, ha hecho justicia, salvaguardando los derechos y garantías fundamentales de todas las partes en el proceso, pero, preservando siempre los derechos de la víctima.

Segundo, para que el juez pueda dictar fallos o sentencias justas, éstas deben ceñirse a los lineamientos normativos que la ley establece para ello, de lo contrario su actuación podría enmarcarse en el ámbito de lo ilícito. Tercero, es importante que la sociedad conozca el contenido de las normas penales que le rigen, debido a que en aquellos casos en que exista una víctima (independientemente de su género, ya sea hombre o mujer) de cualquier tipo de delito que le hubiese afectado su integridad y libertad sexual, como, por ejemplo, en el delito de violación sexual jamás podrá el juez asignarle al victimario, hacer trabajo comunitario como una pena sustitutiva a la pena de prisión, cuando ese delito tenga como víctima a una persona menor de catorce años o, la pena impuesta por el código para ese delito específico exceda de cinco años de prisión.

Por ejemplo: si un hombre o mujer, abusa sexualmente de una persona que tiene algún tipo de discapacidad física o mental, se considera un delito de violación carnal agravado y tiene pena de prisión de doce a dieciocho años de prisión.

Por lo tanto, la cantidad de años sobrepasa el límite de los cinco años requerido por la ley y, el juez no puede aplicarle trabajo comunitario como sustitución a la pena de prisión al responsable de este hecho punible.

De tal manera, el juez, que falle en estos términos está actuando no solamente contrario a la ley penal, sino está transgrediendo el derecho a la integridad personal, a la protección de la honra y de la dignidad, a la igualdad ante la ley, todos con fundamento legal en los artículos 5, 11 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en concordancia con los artículos 4 y 17, de la Constitución Política de Panamá. Pero, además, en aquellos casos en que la víctima es una mujer, al no aplicar correctamente la norma existente, estamos ante un feminicidio.

Patria potestad, maternidad y maltrato al menor

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En los últimos días, los diferentes medios de comunicación han publicado diversas noticias referentes al maltrato de menores. Sin embargo, me ha llamado poderosamente la atención una, en específico, puesto que la misma trata sobre una mujer que le coloca una soga al cuello a su hijo de apenas un año, lo cuelga del techo, lo graba y el video se lo envía a su expareja y padre de sus hijos, con el mensaje siguiente: esto es lo que le va a suceder a todos tus hijos. Luego de leer esta noticia, pensé, cómo es posible que una mujer quien ha llevado en su vientre por espacio de nueve meses a su hijo, antes de parirlo, puede hacerle daño como una forma de manipulación y venganza hacia el padre de la criatura. Pues bien, lastimosamente esto es el reflejo de distintas situaciones por las cuales se encuentra atravesando la sociedad panameña, entre las cuales podemos mencionar las siguientes: crisis de valores morales, problemas de salud mental, entre otras cosas.

En aquellos casos en que el comportamiento o conducta de un ser humano es el resultado de una acción con falta a la ética, la moralidad, o debido a algún tipo de alteración de su salud mental, esto puede marcar con seguridad niveles de peligrosidad en ese individuo, los cuales pueden afectar directamente a la normal convivencia en sociedad y, pone en riesgo el cumplimiento de obligaciones, tales como: trabajo, cuidado de sus hijos, interactuar con miembros de su familia, sociedad, etc.

En atención a lo antes expuesto, les invito a que analicemos un poco el caso citado. Primero, nos encontramos frente a un hecho delictivo, el cual es denominado como maltrato de niño, niña o adolescente según los artículos 202 y 203 del código penal panameño. Esto se debe a que la madre con su conducta le ha ocasionado a su hijo (menor de edad) un daño físico y emocional pero, que, además, ha puesto en peligro su vida y aunque el niño no murió, podemos asegurar la presencia de tentativa de homicidio, en la persona de un menor de edad, condición que agrava la pena. Segundo, este acto implica también otros temas, como es el referente a la suspensión o, hasta la pérdida de la patria potestad con respecto a la madre del niño afectado y de sus hermanos. Todo esto según los lineamientos del artículo 50 del código penal en concordancia con el artículo 342, del código de la familia, ambos de la República de Panamá.

Es importante resaltar que los padres de familia tenemos la obligación de procurar por el bienestar de nuestros hijos, para tener una sociedad y un Estado con salud y éxito. Recordemos, las palabras del Papa Francisco, cuando dice: la familia es la fuente de toda fraternidad, y por eso es también el fundamento y el camino primordial para la paz, pues, por vocación, debería contagiar al mundo con su amor.

Violencia de género y violencia con perspectiva de género

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En la actualidad, he podido advertir, en algunos lectores, una ligera confusión entre los términos: violencia de género y violencia con perspectiva de género. Esto lo podemos colegir al momento en que las personas piensan que en Panamá, no existe violencia de género, porque a las mujeres la privan de la vida por maltrato y no debido a un odio directo hacia ellas. Por consiguiente, aclararemos estas dudas empezando con el planteamiento del concepto de ambas palabras, de la manera siguiente:

La violencia con perspectiva de género conlleva la realización de cualquiera conducta violenta que puede ir dirigida hacia un hombre o, a una mujer, según la situación que generó esta conducta violenta y dentro del contexto en la cual se llevó a cabo. Sin embargo, la violencia de género siempre tiene como víctima a la mujer, puesto que la misma consiste en todas aquellas condiciones de desigualdad y desventaja generacional en la cual se ha encontrado sumergida la mujer a través del tiempo, en forma continuada y sistemática, lo cual genera que la mujer se encuentre imbuida en una relación desigual de poder, en la cual ella siempre es la víctima.

En atención a lo expuesto anteriormente, cada vez que la mujer es víctima de una figura delictiva que la ha colocado en una posición de desventaja con respecto a su agresor nos encontramos ante una forma de violencia de género. Por ejemplo: si la mujer es víctima de cualquier tipo de delito sexual (violación carnal, estupro, actos libidinosos, etc) esto no necesariamente implica desprecio hacia la mujer como ser humano, sino a la posición que ella representa en la sociedad, como un objeto sexual para satisfacer instintos carnales del varón.

En el caso de la violencia doméstica, de igual manera, el agresor considera a la víctima un objeto de su propiedad y el valor o respeto que tenga la mujer, depende exclusivamente de él y, por consiguiente, ésta debe hacer exclusivamente lo que él diga o, de lo contrario llegan los golpes como forma de castigo o corrección hacia su comportamiento inequívoco. De tal manera, que este comportamiento denota una forma directa de violencia de género.

Por otra parte, cuando nos encontramos ante la muerte violenta de una mujer en manos de su pareja sentimental o cónyuge; agresiones sexuales, que para ocultarlas se priva de la vida a la mujer; todo tipo de mutilaciones o golpes al cuerpo de la mujer; etc., estamos ante la presencia de diferentes formas de violencia de género. Es decir, la violencia de género siempre existe cuando la mujer es víctima de conductas que son el resultado de la posición que tiene el agresor con respecto a ella y al rol que ésta tiene en la sociedad, lo cual la ubica en una posición de desventaja.

Concluyo este artículo con lo siguiente: No seamos cómplice de la violencia de género, tolerando conductas que vulneran la dignidad humana de toda mujer.

Procesos pedagógicos y maltrato al menor de edad

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La educación en la actualidad ha dado un vuelco de ciento ochenta grados, dejando en evidencia, después de la pandemia, todas las desventajas que los procesos pedagógicos presentan en la actualidad. Es importante determinar en una primera línea, el marco conceptual de lo que implica procesos pedagógicos, entendiendo por estos, al conjunto de actos de enseñanza y aprendizaje, los cuales se realizan de manera constante e ininterrumpida, a través de la educación formal e informal de un individuo. Es decir, los procesos pedagógicos conllevan a todos aquellos mecanismos que determinaran en la persona las competencias laborales, personales y sociales que este requiere para desenvolverse con éxito o no, en la sociedad de la cual forma parte. De manera tal, que ocupa un lugar determinante para la victoria o derrota, de estos procesos pedagógicos: el educador, docente o dicente, como uno de los principales elementos del proceso educativo, de trascendencia para el triunfo o fracaso de los procesos enseñanza – aprendizaje en un ser humano.

Lo expuesto anteriormente nos induce a realizar el análisis siguiente: primero, una inadecuada interacción entre los principales elementos educativos, como lo son: el alumno, el docente, la materia, la metodología de enseñanza, entre otras cosas, ocasionan una afectación directa a otro de los elementos del proceso educativo como lo es el discente o alumno. Esta afectación nos conduce al análisis de un segundo aspecto, el mismo consiste en el maltrato al menor de edad que puede ser el resultado de un proceso pedagógico de enseñanza llevado en forma inadecuada, debido a una estrategia didáctica o metodológica utilizada inapropiadamente. Por ejemplo: una incorrecta planificación de la materia, evaluaciones académicas excesivas, situación que puede traer como resultado confusión en el aprendizaje de los conceptos de la asignatura, desánimo para continuar con el estudio, puede generar sentimientos de frustración en el estudiante, ansiedad, entre otras cosas. Todas estas situaciones pueden derivar en la comisión involuntaria, por parte del docente, del delito de maltrato al menor de edad, en modalidad agravada, tipificado en los artículos 202, numeral 3; 203, numeral 1; y, el artículo 204, todos regulados en el Capítulo II (Maltrato del Niño, Niña o Adolescente), Título V (Delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil), Libro Segundo (Los Delitos), del código penal panameño.

El delito comentado se da a partir del momento en que por culpa o negligencia, se cause daño mental o emocional a un estudiante, por parte de su docente, debido a la inadecuada aplicación de las estrategias de enseñanza y técnicas de evaluación educativa, dentro del aula de clases. El ejemplo más común, es cuando el profesor abusa con la cantidad de evaluaciones, como ejercicios, investigaciones, charlas, pero, sobre todo cuando estas giran entorno a contenidos que no son importantes, en cuanto a la generación de competencias. La sanción es de prisión con duración de seis meses a dos años o su equivalente en arresto de fines de semana o trabajo comunitario.

Pluralismo jurídico y feminicidio

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Estimados lectores, es probable que al leer el título de este artículo piense que es una información solamente para abogados, pero, con toda seguridad, le informo que no es así. Este es un tema con un trasfondo social el cual requiere ser analizado desde diferentes enfoques, tales como el social, político, económico y sobre todo, desde los derechos humanos con perspectiva de género. Es por ello, recomendable, partir por el principio, el marco conceptual del mismo. Tenemos entonces que el pluralismo jurídico corresponde a la existencia conjunta de dos sistemas jurídicos, distintos entre sí, dentro de un mismo Estado. Por ejemplo: el sistema jurídico panameño y el sistema jurídico indígena (pueblos originarios). Consideramos al respecto, que esto podría generar afectaciones a los derechos humanos de cierto sector de la población (la mujer indígena) cuya afectación a sus bienes jurídicos, será ventilada en una jurisdicción desarrollada en atención a parámetros jurídicos analizados dentro de un contexto de culturalidad, en la cual ella se encuentra en una posición de desventaja con respecto al varón, situación que la ubica en un lugar de inconveniencia, dentro de la relación de poder en la que el hombre está siempre a la cabeza de su sociedad eminentemente patriarcal.

Este pluralismo jurídico implicaría que la autoridad competente dictaría sentencia en atención, entre otras cosas, al peritaje cultural y antropológico, mediante el cual se pudiese entender la cosmovisión de los pueblos originarios, para de esta forma tener una mejor comprensión de la comisión de determinadas figuras delictivas, y es aquí, donde podría encontrarse una de las distintas desventajas del pluralismo jurídico, tan ampliamente defendido por el Convenio 169 de la OIT.

Por otra parte, pensamos inmediatamente en la condición de la mujer indígena y en la situación jurídica de desventaja en la que se vería envuelta, sobre todo en aquellos casos de violencia doméstica y la figura del abuso sexual, en aquellos casos en que estos se constituyen como una antesala del delito de feminicidio.

En la actualidad, la Constitución Política de Panamá, en su artículo 90, reconoce la pluriculturalidad. Es decir, acepta la cultura indígena, mas no se reconoce como tal, el pluralismo jurídico. Sin embargo, el Código Procesal Penal panameño, en su artículo 48, establece la figura de los jueces comarcales y determina su competencia para conocer de todos aquellos delitos que se cometan dentro de la comarca, salvo aquellos que serán ventilados ante el juez ordinario (relacionados con droga, terrorismo, etc) pero, dentro de estos no se incluye al feminicidio, violencia doméstica, ni mucho menos los delitos sexuales. Esto a su vez, se constituye en una desventaja para la mujer indígena, ya que nuestro código penal deja claro en su artículo 42-A, que no se puede invocar las tradiciones culturales o religiosas, ni la costumbre para evitar que se investigue por la comisión de un delito de violencia contra la mujer.

El pluralismo jurídico puede convertirse en un medio propicio para la impunidad e incremento del feminicidio.

Mobbing o acoso laboral y los delitos sexuales

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Toda persona que es víctima de acoso laboral debe llenarse de valor y sin temor denunciar

El moobing o acoso laboral es una situación de hostilidad que se da siempre de forma sistemática y puede ser continúa o eventual, mediante la cual el trabajador o colaborador se encuentra en una situación de humillación y vulneración a su condición de dignidad humana, desarrollada dentro del contexto de trabajo y motivada a nivel de superior (jefe) hacia su subalterno, o entre los compañeros de trabajos, dentro de un mismo nivel de trabajo. Es decir, esta situación laboral desventajosa conlleva las características siguientes: explotación, negativa a darle a la víctima las oportunidades de empleo, no aplicar los mismos criterios de selección, no respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo, descalificación del trabajo realizado, entre otras cosas.

Es importante señalar que las acciones hostiles a las cuales es sometido el trabajador o colaborador conllevan un daño físico, psicológico, sexual o económico, que no solamente afecta sus derechos laborales, sino, también, su conducta como individuo y ser humano, pudiéndose generar con esto, brotes de violencia doméstica en el ámbito familiar de quien esté siendo afectado por moobing o acoso laboral.

Otro aspecto interesante de este tipo de comportamiento es que ese moobing o acoso laboral puede tener una naturaleza de carácter sexual. Es decir, puede darse el caso que una colaboradora o trabajadora, sea acosada laboralmente porque su jefe tiene una obsesión con ella, motivada por el deseo de entablar una relación amorosa con la víctima y esta lo rechaza. En estos casos, podemos señalar que nos encontramos ante el delito sexual denominado acoso u hostigamiento sexual, el cual se encuentra regulado en el art. 178, capítulo II (Corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas), Título III (Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual), teniendo como sanción de dos a cuatro años de prisión y tratamiento terapéutico multidisciplinario en un centro de salud público o privado.

Lo expuesto anteriormente, nos debe invitar a realizar la reflexión siguiente: al momento en que se presentan conductas propias del acoso laboral es pertinente analizar no solamente el contexto dentro del cual se dan las mismas, sino, también, advertir cuáles fueron las verdaderas causas que originaron la conducta de acoso laboral; en otras palabras, cuál fue el móvil del

acoso.

Por último, esta figura está regulada en la ley 321 de 29 de agosto de 2022, ubicada en la Gaceta Oficial N°29609-B, en concordancia con la ley 7 de 14 de febrero de 2018 (Gaceta Oficial N°28465-A), el código penal panameño, convención americana de derechos humanos, constitución política de Panamá, entre otros.

Toda persona que es víctima de acoso laboral debe llenarse de valor y sin temor denunciar, puesto que con esto contribuirá en la disminución de la comisión del acoso laboral, el resarcimiento de sus propios derechos y con esto la posibilidad de construir un mejor ambiente laboral, familiar y de país. Es por ello, imprescindible conocer los derechos que tenemos como trabajadores, en la ley.

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© Doctora Julia Sáenz 2018