columna de opinión

Reflexiones sobre la situación actual en Panamá

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Leyendo unos escritos de Juan Bautista Alberdi, gran político, abogado y escritor argentino del siglo XIX, encontré el pensamiento siguiente: «No hay libertad para el hombre donde su seguridad, su vida y sus bienes están a merced del capricho de un mandatario». Esta lectura me condujo a realizar un profundo análisis sobre la situación que acontece actualmente en Panamá, llevándome a la lectura de la Constitución Política específicamente a su artículo 2, en el cual se establece claramente que el Poder Público es ejercido por el Estado a través de los tres Órganos que lo conforman: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero, deja claro dos aspectos importantes: primero, el Poder Público emana del pueblo y segundo, debe ejercerse en atención a los parámetros que para tales efectos establece la propia Carta Magna. Además, esta norma debe entenderse y aplicarse en concordancia con el artículo 183, numerales 2 y 3, del mismo texto legal, mediante el cual se indican como parte de las funciones del presidente de la República, quien preside el Órgano Ejecutivo, el de coordinar el funcionamiento de la administración y establecimientos públicos, procurando, además, la conservación del orden público. Esto quiere decir, que aunque los tres órganos del Estado son independientes entre sí, deben trabajar en coordinación y armonía pero, entendiendo que existe un jefe de Estado que dirige la junta directiva del país, en atención a una hoja de ruta que ha trazado de conformidad con un Plan de Trabajo que presentó durante su campaña al país y que su población aprobó, desde el momento en que confió en él, dándole el voto de confianza en las urnas electorales.

Lastimosamente, lo expuesto en el párrafo que antecede no se ha logrado por diferentes situaciones acaecidas a lo largo de este mandato presidencial debido a diversas causas, siendo alguna de estas de carácter fortuito, como el caso de la pandemia vivida y otras, que han sido el resultado de la falta de visión y de experiencia en el liderazgo político; asesorías jurídicas y de imagen pública totalmente erradas; graves faltas en la identificación del perfil adecuado de la gran mayoría de los funcionarios públicos quienes ejercen actualmente altos cargos; la percepción ciudadana y de la comunidad internacional de fuertes problemas de corrupción a nivel de todos los sectores. Sin embargo, en mi condición de educadora, soy una convencida de que todo ser humano, es rescatable, puesto que una vez percibido el error es capaz de enderezar el rumbo. En el caso actual de Panamá, solamente se lograría mediante la declaratoria de inconstitucionalidad por comisión de fondo y forma, del contrato ley minero 406, mediante fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia para que luego, esa misma sentencia se constituya en el fundamento jurídico que motive la derogación de dicho contrato ley en la Asamblea Nacional.

¡Señor presidente! Está a tiempo de escuchar con atención el clamor del pueblo y las opiniones de académicos ilustres.

Protestas, derechos humanos y derecho penal

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Lamentablemente en estos últimos días, Panamá, ha revivido antiguas luchas en las diferentes calles de todo el país, para tratar de reivindicar la grave afectación de bienes e intereses jurídicos difusos, como lo son: el ambiente, la soberanía y nuestra independencia como pueblo; siendo estos partes de los aspectos que identifican la personalidad jurídica de un Estado.

Es por ello, que me parece indignante el comportamiento inapropiado de la clase política, la administración de justicia y de la junta directiva de esta nación noble, como lo es Panamá, cuando en vez de dar una respuesta pronta y acertada ante los graves problemas que le afectan al Estado, con el contrato ley minero, desvían el foco de atención hacia los aspectos secundarios del problema, dejando a un lado el diagnóstico principal de la enfermedad, como es el caso de firmar un decreto ley, cuya vigencia y eficacia puede ser efímera.

Como académica y docente siento el compromiso histórico con la sociedad y los ciudadanos que formo en las aulas de clases, el dejar plasmado las reflexiones siguientes: primero, el derecho a manifestarse o reunirse pacíficamente es una garantía fundamental establecida en el artículo 23, de la Constitución Política de Panamá; art. 15, de la Convención Americana o Pacto de San José; art. 20, de la Declaración universal de los derechos humanos. Esto quiere decir, que todos los panameños y panameñas tenemos derecho a llevar a cabo marchas pacíficas mediante las cuales expresemos nuestra protesta. Es decir, hagamos público nuestro desacuerdo con situaciones a nivel de país que nos afecten, en este caso, el contrato ley minero.

Situación esta, la cual implica que el Estado no puede reprimir a sus manifestantes, siempre y cuando la marcha cumpla con los lineamientos que la constitución plantea.

Segundo, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en el caso López y otros vs. Honduras, dictaminado a través de la sentencia de 5 de octubre de 2015, ha establecido que las protestas no solamente son el ejercicio de un derecho, sino el cumplimiento de un deber en aquellos casos en que este en juego la democracia de un país.

Esto efectivamente es lo que está en juego si no se pone fin a la petición, legalmente fundamentada, del pueblo panameño.

Tercero, si bien es cierto, el cierre de calles es un delito contra los medios de transporte, en este caso, la comisión de este está amparado por la causa de justificación reglamentada en el artículo 33, del Código Penal panameño, conocida como estado de necesidad.

Por último, señor presidente, con respecto a que el problema de las minas es heredado, le respondo con un pensamiento, cuya autoría es incierta pero algunos señalan que puede ser de Angela Merkel y dice así: «Los presidentes no heredan problemas. Se supone que los conocen de antemano, por eso se hacen elegir para gobernar con el propósito de corregir dichos problemas. Culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre».

Reflexiones sobre el mundo político

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El mundo entero está envuelto en una crisis política profunda, como resultado de los altos estándares de corrupción existentes en la comunidad internacional.

Tan solo ayer, advertíamos en todos los medios de comunicación, dos golpes de Estado: el primero, en la República del Perú, cuando el maestro rural Pedro Castillo disuelve el Congreso, hoy día se encuentra detenido por el delito de rebelión y conspiración, convirtiéndose su vicepresidenta y compañera de fórmula, la abogada Dina Boluarte, en la actual presidenta del Perú.

Considero oportuno recomendar a la colega, revisar las graves fallas en las cuales incurrió la también abogada, Jeanine Áñez Chávez, quien toma posesión del cargo de presidenta de Bolivia, luego del golpe de Estado a Evo Morales y una vez finalizado su mandato, es sentenciada a 10 años de prisión, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.

Hago esta referencia, por considerar que toda persona quien ocupe el cargo de primer mandatario de una nación debe caracterizarse por ser mesurado en su actuar y esto implica sensatez, experiencia, conocimiento y cordura al desempeñarse como presidente de un país. En este mismo orden de ideas, encontramos que se frustra un intento de golpe de Estado, en Alemania, por parte de posibles grupos terroristas, al mando del príncipe alemán Heinrich XIII.

Regresando a América, en Argentina, sentencian a 6 años de prisión, nada menos que a la actual vicepresidenta, la abogada Cristina Fernández viuda de Kirchner, por el delito de administración fraudulenta durante el período de tiempo 2003 – 2015. Sin embargo, estos no son los únicos casos, existen muchos más, a lo largo y ancho de nuestro continente americano, por ejemplo: México, Guatemala, Colombia, entre otros, inclusive, nuestro propio país. Esperemos que los acontecimientos antes expuestos, no se conviertan en una realidad espejo para el resto de América Latina y el mundo, en el cual pasa a un primer lugar, el hecho de aprovechar la oportunidad de gobernar, para lograr amasar grandes fortunas exclusivamente.

La importancia de analizar todo lo que sucede a nuestro alrededor, se fundamenta en varios aspectos: primero, Panamá, inicia en el año 2023, un año de movimiento político. Segundo, debemos analizar lo más objetivo que podamos a los posibles candidatos a presidente de Panamá, para así, de esta forma, tratar de minimizar los errores al momento de emitir nuestro voto en las elecciones del 2024.

La contienda electoral de 2024 se vislumbra muy difícil, en cuanto a la selección objetiva de la nueva junta directiva, de nuestro país, Panamá. Esto se debe a que no se aprecia a satisfacción el perfil político, académico y social, de los candidatos interesados en asumir el cargo de presidente de la república.

Por último, he de reconocer al sistema político de la democracia, como el sistema por excelencia para el crecimiento y desenvolvimiento pleno del ser humano. Si esto es así, debemos todos cuidar nuestra democracia. De tal manera, que esto conlleva analizar a profundidad a quién designaremos como futuro presidente o presidenta de Panamá.

Es por ello, que para no equivocarse o que nuestra decisión ocasione el menor daño posible, antes de dar nuestro apoyo a un candidato, observemos en él o ella, los aspectos siguientes: la salud mental y física, esta es una condición imprescindible, puesto que el cargo de presidente de un país, implica estar bajo un profundo estrés, constante viajes, entre otras cosas. Segundo, el haya permitido destacarse en su área de trabajo. Cuarto, la estructura familiar del candidato, puesto que esto definirá su campaña y mandato político. Todo esto es necesario para evitar hacer cierto, el pensamiento del premio Nobel de literatura, Jacinto Benavente, al decir: ‘Los pueblos débiles y flojos, sin voluntad y sin conciencia, son los que se complacen en ser mal gobernados.’ Esto quiere decir, no vendamos nuestro voto, no aceptemos dádivas por nuestro voto con la ilusión de obtener aquello que podemos lograr con esfuerzo y trabajo. Preparémonos a conciencia para la contienda electoral 2024 y cumplamos con nuestro derecho al voto.

Seguridad Colectiva y Delito

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El mundo entero está en crisis, se escucha todos los días en los diferentes medios de comunicación a nivel mundial. La población entera, en los cinco continentes, está presente en las calles, formando parte de toda clase de manifestaciones como un mecanismo de defensa ante bienes jurídicos y derechos humanos los cuales consideran han sido violentados. Algunas personas están de acuerdo con estas acciones y, otras en contra. Sin embargo, considero que todas estas formas de exteriorizar una insatisfacción por problemas de naturaleza sistémica son de alguna manera positivos, ya que reflejan el sistema democrático en el cual se vive.

Por otra parte, sería interesante analizar si esta clase de comportamientos afecta la seguridad colectiva y si con esto se estaría incurriendo en algún tipo de figura delictiva. Para dar respuesta a esta inquietud, debemos comenzar por estructurar el concepto de seguridad colectiva, para lo cual tomaremos como referente los artículos 28 y 29, de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y señalaremos, que la misma constituye un conjunto de mecanismos jurídico – legales, sociales y políticos que establece un Estado para garantizar la seguridad jurídica, la paz, la soberanía e independencia de su nación con respecto al resto de los Estados que conforman la comunidad internacional y, con esto se garantiza la paz entre los pueblos, pero, sobre todo la paz interna a nivel de Estado con relación a su población.

De lo antes expuesto, se puede colegir que la seguridad colectiva son todas aquellas estrategias legales y de cualquier otra naturaleza, utilizadas por la estructura gubernamental del Estado para mantener el orden público y lo que de este se deriva. En este caso, pudiese decirse, en primera instancia, cada vez que hay disturbios en las calles, como, por ejemplo: tranques de vías públicas, marchas que terminan en motines, constituyen una acción que atenta contra la seguridad colectiva. Pero, la Carta de Naciones Unidas en su artículo 51, contempla la legítima defensa colectiva y, aunque la misma se maneja en el Derecho Internacional, para los efectos de actos de agresión entre los Estados, también podemos considerar como acto de agresión, cuando un Estado carece de una Política Criminal definida y debidamente institucionalizada que determine, coordine y supervise políticas públicas de naturaleza social, a través de las cuales se satisfaga las necesidades primordiales de la población. En este caso, la población tiene el derecho a buscar todo tipo de medida, de naturaleza legal, que le garantice el restablecimiento de los derechos afectados.

En síntesis, en la medida en que las acciones de protestas legales, en una población, tengan como finalidad la búsqueda de mecanismos para restaurar los derechos humanos del pueblo en general; éstas son consideradas como una forma de legítima defensa colectiva que pretende lograr la defensa al ataque directo de los derechos de la sociedad, por parte del Estado y, con esto evita ser víctima de delitos del sistema, como delitos contra la administración pública, ejemplo: corrupción, peculado.

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© Doctora Julia Sáenz 2018