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Palestina y el estatuto de Roma

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El pueblo palestino ha sido víctima, a partir de los hechos del 7 de octubre de 2023

En los últimos días hemos advertido sucesos que implican crímenes internacionales de gran trascendencia en materia de derechos humanos; sin embargo, los mismos no han sido analizados desde la perspectiva de una de las víctimas: Palestina, el pueblo palestino.

El pueblo palestino ha sido víctima, a partir de los hechos del 7 de octubre de 2023, ampliamente documentos en los medios de comunicación a nivel nacional e internacional, de las figuras delictivas siguientes: crímenes de lesa humanidad, en atención a los lineamientos del artículo 7, numeral 1, literales d) y h), del Estatuto de Roma, los cuales hacen referencia al traslado forzoso de población y la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia por motivos políticos y religiosos. Estos actos ilícitos son de carácter sistemáticos. Esto quiere decir, que corresponden a un plan generalizado y respaldado por una estructura política a través de la cual se transgrede el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

En este mismo orden de ideas, tenemos que esta población ha sido afectada por delitos contra las personas y los bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, identificados como crímenes de guerra, tipificado en el artículo 8, numeral 2, literal b, secciones i), ii), iv), v), ix) del texto legal citado. Estos hechos punibles constituyen violación directa e intencional a las disposiciones del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949, mediante el cual se prohíbe, entre otras cosas, realizar actos ilícitos entre los cuales podemos mencionar los siguientes: cometer ataques que afecten o vayan dirigidos directamente hacia la población civil que no está participando en las hostilidades; atacar objetos o edificios que no son objetivo militar, entre los cuales podemos mencionar a hospitales, escuelas, etc; llevar a cabo ataques intencionalmente, aún cuando tienen el conocimiento de que los mismos traerán como resultado un gran número de pérdidas humanas.

Por otra parte, de igual manera, han sido víctima de crímenes de agresión, según el artículo 8 bis, de la norma jurídica mencionada en el párrafo que antecede, ya que su territorio ha sido atacado por fuerzas armadas de otro Estado. Debemos entender que la franja en disputa le pertenece por prescripción adquisitiva a Palestina. Recordemos que toda población tiene derecho a un territorio en el cual pueda desarrollarse como nación, gozando de respeto a la dignidad humana de cada uno de sus miembros.

Por último, quiero manifestar nuestra preocupación por la poca o ninguna participación de la Corte Penal Internacional quien a pesar de que el artículo 15, de su Estatuto, le habilita al fiscal para iniciar una investigación de oficio en base a información recibida en materia de la comisión de cualquiera de los delitos de su competencia, hasta la fecha no se ha visto su actuación en materia procesal penal. Esto nos hace reflexionar sobre qué esta pasando con la seguridad jurídica, en materia del Derecho Penal Internacional, con respecto a la comunidad internacional y las garantías jurídicas de sus Estados.

Modificaciones al Código Penal

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Por otra parte, contamos con el título referente a los delitos contra la libertad e integridad sexual

Existe un gran debate entre los académicos del Derecho Penal con relación a la necesidad o no, de una modificación al código penal panameño existente. Es decir, surge la duda entre los expertos penalistas si es importante o no, una reforma más a la legislación penal panameña.

Es por ello, que, en esta ocasión, y tomando en consideración lo valioso de estar informado sobre las leyes de naturaleza penal que nos rigen, presento el planteamiento siguiente: primero, debemos partir del hecho de que las causas que originan a una ley penal, entre otras cosas, son principalmente los intereses y bienes jurídicos (derechos humanos) que surgen a medida que van evolucionando las necesidades de la sociedad y las diferentes formas que aparecen para satisfacer estas.

Segundo, tomando como referente lo planteado anteriormente, creemos firmemente que en este momento se evidencia cada día más, la urgencia de cambios al actual código penal, situación que detallamos de la siguiente manera: reestructurar el diseño y planteamiento al momento de describir el tipo penal, ya que en la actualidad nuestro código penal presenta varios tipos penales alternativos; es decir, consagra una pluralidad de conductas ilícitas, por ejemplo: los delitos relacionados con drogas, delito de acoso sexual, entre otros.

Por otra parte, contamos con el título referente a los delitos contra la libertad e integridad sexual, debido a la importancia y trascendencia de las figuras delictivas aquí contempladas y el rol que las mismas juegan en el desarrollo de la personalidad de la víctima, debe ser rediseñado en su totalidad. Por ejemplo: el capítulo I, se denomina violación y otros delitos sexuales; sin embargo, esos otros delitos sexuales no se identifican de manera clara, puesto que solamente un penalista, en atención a los aspectos técnicos de la doctrina penal, puede identificarlos y diferenciarlos entre sí; por ejemplo: abusos deshonestos o actos libidinosos, relaciones consensuadas o estupro, etc.

En este mismo orden de ideas, este título debe evidenciar de mejor manera el delito de violación sexual a menores de edad, en la actualidad se contempla como una forma agravada del delito de violación carnal o sexual, siendo que debiera convertirse en un tipo penal autónomo; es decir, contar con una sección propia, la cual debe denominarse violación sexual a menores de edad. De esta manera, tendría un tipo penal básico, un tipo penal agravado y darle la connotación de crimen internacional y de esta forma poder abordar el aspecto de imprescriptibilidad que el mismo encierra. Además, quisiera precisar dos aspectos importantes: estos no son los únicos temas que se deben analizar, se encuentran otros como el feminicidio, el hurto y el robo, delincuencia organizada, asociación ilícita y pandillerismo, etc.

Nota roja y sociedad panameña

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Lamentable estas formas de violencia en la sociedad panameña, repercuten de manera directa en la familia

Los medios de comunicación, tanto a nivel nacional como internacional, han desarrollado con gran vehemencia el famoso género periodístico denominado nota roja, a través del cual se le informa a la comunidad sobre aquellos delitos que han ocasionado un gran impacto en ella, accidentes, desastres naturales, etc. Sin embargo, lo interesante de este tipo de noticias es que permite realizar un análisis sobre la violencia que vive el país, donde la misma se publica. Por ejemplo, en Panamá, podemos advertir en atención a las publicaciones de la nota roja, que los delitos de mayor incidencia pueden ubicarse en cuatro grandes grupos: corrupción, delitos sexuales, agresiones físicas y psicológicas, y, por último, delitos de blanqueo de capitales.

Hagamos algunas reflexiones al respecto: en cuanto a la corrupción a nivel gubernamental, esto constituye una forma de violencia política y social, puesto que la población reacciona a través de manifestaciones en la calle, cuando el Estado por intermedio de alguna de sus instituciones, llámese ministerio de seguridad, administración de justicia, ministerio de obras públicas, etc., transgrede de manera directa o indirecta alguno de sus derechos. Todo esto afecta la paz y la seguridad colectiva de un país.

Por otra parte, las notas rojas sobre los delitos sexuales, destacándose entre ellos, principalmente la violación carnal o violación sexual, constituyéndose en víctima tanto hombres como mujeres y en este último, usualmente el victimario mata a su víctima. Este tipo de conducta avisa un problema en cuanto cómo advierte el agresor su sexualidad y la forma de manifestarla. La comisión de esta clase de actos, en sí, refleja violencia física y psicológica, a través de la cual el sujeto activo o victimario manifiesta su posición de poder con respecto a la víctima, en el preciso momento de cometer el acto.

Con relación a las agresiones físicas y psicológicas, estas por lo general se materializan mediante todo tipo de maltratos a menores y adultos mayores, lesiones personales y hasta homicidios. Dejándonos al descubierto el hecho de que un gran número de personas no valoran lo que significa familia, el desarrollar una cultura de paz, prefiriendo discutir, irse a los golpes en vez de mediar, conciliar, dialogar.

El último aspecto por considerar es el blanqueo de capitales, uno de los mayores flagelos que afecta a nuestra sociedad y, a la economía del país y, por ende, a su orden económico, puesto que genera una economía ficticia. Además, esta es una forma del crimen organizado, la cual se ha inmiscuido en todos los sectores de la sociedad panameña, tanto del sector público como del sector privado, afectando la imagen del país ante la comunidad internacional, de la cual formamos parte.

Lo expuesto anteriormente, es un indicativo del lamentable avance de las diferentes formas de violencia en la sociedad panameña, repercutiendo esta situación de manera directa, en la familia que es la base de la sociedad y en consecuencia del Estado. Es por ello, urgente rescatar los valores morales del país.

Mobbing o acoso laboral y los delitos sexuales

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Toda persona que es víctima de acoso laboral debe llenarse de valor y sin temor denunciar

El moobing o acoso laboral es una situación de hostilidad que se da siempre de forma sistemática y puede ser continúa o eventual, mediante la cual el trabajador o colaborador se encuentra en una situación de humillación y vulneración a su condición de dignidad humana, desarrollada dentro del contexto de trabajo y motivada a nivel de superior (jefe) hacia su subalterno, o entre los compañeros de trabajos, dentro de un mismo nivel de trabajo. Es decir, esta situación laboral desventajosa conlleva las características siguientes: explotación, negativa a darle a la víctima las oportunidades de empleo, no aplicar los mismos criterios de selección, no respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo, descalificación del trabajo realizado, entre otras cosas.

Es importante señalar que las acciones hostiles a las cuales es sometido el trabajador o colaborador conllevan un daño físico, psicológico, sexual o económico, que no solamente afecta sus derechos laborales, sino, también, su conducta como individuo y ser humano, pudiéndose generar con esto, brotes de violencia doméstica en el ámbito familiar de quien esté siendo afectado por moobing o acoso laboral.

Otro aspecto interesante de este tipo de comportamiento es que ese moobing o acoso laboral puede tener una naturaleza de carácter sexual. Es decir, puede darse el caso que una colaboradora o trabajadora, sea acosada laboralmente porque su jefe tiene una obsesión con ella, motivada por el deseo de entablar una relación amorosa con la víctima y esta lo rechaza. En estos casos, podemos señalar que nos encontramos ante el delito sexual denominado acoso u hostigamiento sexual, el cual se encuentra regulado en el art. 178, capítulo II (Corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas), Título III (Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual), teniendo como sanción de dos a cuatro años de prisión y tratamiento terapéutico multidisciplinario en un centro de salud público o privado.

Lo expuesto anteriormente, nos debe invitar a realizar la reflexión siguiente: al momento en que se presentan conductas propias del acoso laboral es pertinente analizar no solamente el contexto dentro del cual se dan las mismas, sino, también, advertir cuáles fueron las verdaderas causas que originaron la conducta de acoso laboral; en otras palabras, cuál fue el móvil del

acoso.

Por último, esta figura está regulada en la ley 321 de 29 de agosto de 2022, ubicada en la Gaceta Oficial N°29609-B, en concordancia con la ley 7 de 14 de febrero de 2018 (Gaceta Oficial N°28465-A), el código penal panameño, convención americana de derechos humanos, constitución política de Panamá, entre otros.

Toda persona que es víctima de acoso laboral debe llenarse de valor y sin temor denunciar, puesto que con esto contribuirá en la disminución de la comisión del acoso laboral, el resarcimiento de sus propios derechos y con esto la posibilidad de construir un mejor ambiente laboral, familiar y de país. Es por ello, imprescindible conocer los derechos que tenemos como trabajadores, en la ley.

Neutralidad y derecho penal

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En estos últimos días, los medios de comunicación y redes sociales, a nivel nacional e internacional

En estos últimos días, los medios de comunicación y redes sociales, a nivel nacional e internacional, han informado al mundo entero sobre un acontecimiento de trascendencia jurídica y política que pueden afectar directamente la personalidad jurídica del Estado panameño en cuanto a su soberanía e independencia, pero, también todo lo relacionado con la seguridad colectiva y el concepto de humanidad, en forma indirecta con respecto al mundo entero.

Esto está conectado principalmente con la presencia física y jurídica del Estado iraní en Panamá, todo a través de dos situaciones específicas: el

abanderamiento de buques iraníes con bandera panameña y el

estacionamiento de buques iraníes en aguas panameñas.

Este tema, a su vez, está vinculado a la neutralidad del canal y, a los delitos contra la personalidad jurídica del Estado en atención a lo siguiente: primero, la palabra neutralidad proviene del latín neuter el cual hace referencia a neutral, es decir, no toma partido ni a favor, ni en contra de ninguna posición, en ningún momento, pero, sobre todo en tiempo de guerra. Este concepto se ha convertido en el objeto principal del Tratado de neutralidad con relación al Canal de Panamá. Segundo, debemos tener claro que el Canal de Panamá es una vía interoceánica neutral y si por alguna razón, esta condición se altera y, por consiguiente, esto pueda llegar afectar la navegabilidad de este, es válida la intervención de los Estados Unidos de Norteamérica, en cuanto a la dirección, manejo y seguridad del Canal.

Tercero, es importante distinguir entre el tránsito normal que realiza un barco por el canal (en el entendido que cumple con los requisitos exigidos) y el hecho de que un barco se estacione en aguas territoriales que puedan afectar la navegabilidad del canal y, por ende, la seguridad del país. En este último caso, puede encontrarse en riesgo la personalidad jurídica, internacional e interna, del Estado panameño.

Por otra parte, es de suma trascendencia advertir los antecedentes de un barco que será abanderado con bandera panameña. En el caso específico de los buques iranies, debemos reflexionar sobre lo siguiente: primero, Irán es una república islámica la cual a pesar de existir una supuesta división entre los poderes del Estado, este se rige principalmente por lineamientos estrictamente religiosos, los cuales tienen un planteamiento muy suigéneris en materia de derechos humanos en el cual la mujer es considerada, aún en este siglo veintiuno, como ciudadanas de segunda categoría. Además, este país, en atención a diferentes informes de organismos internacionales en materia de derechos humanos, ha quedado establecido su relación directa y manifiesta con el terrorismo y su financiamiento, siendo estos delitos considerados como una forma de delitos contra la humanidad.

Por último, planteamos la reflexión siguiente: hasta qué punto le conviene a Panamá, como país libre y soberano, para su imagen ante la comunidad internacional, permitir que en sus aguas territoriales se estacionen buques iraníes. Sería conveniente investigar el procedimiento de abanderamiento de buques iraníes y funcionarios que participaron.

Panorama político

Violencia / Femicidio , 0 Comments

El inicio del año 2023 cada vez se torna más compulsivo, polémico y desafiante, anunciando un año preelectoral sumamente confuso y que pareciese presagiar la llegada de un voto castigo por parte del electorado panameño, si no surgen figuras públicas potables para ocupar el más alto cargo público del país, como lo es la presidencia de la república.

Reflexionemos sobre algunos aspectos tales como: primero, el nefasto o poco afortunado informe, rendido a la nación, por quien preside la junta directiva del país, el cual refleja el desconocimiento de la realidad de la población que gobierna. Esto ha sido un insulto a la inteligencia y capacidad de análisis del electorado panameño, presentando una cifra de proyectos cuya efectividad no se logra identificar. Además, es preocupante observar que el informe manifestó un análisis de la condición de pobreza en Panamá fuera del contexto de la realidad de país. Es importante que quienes tienen la responsabilidad de elaborar los informes que rinde un mandatario al país, tengan experiencia en cuanto al análisis de la información recopilada por los organismos internacionales. Recordemos, que las ayudas económicas brindadas por el Estado a los sectores más vulnerables del país, desde el punto de vista económico, es solamente un paliativo al problema, pero, no lo erradica; sin embargo, es tomado en cuenta al momento de llevar a cabo estudios de esta naturaleza. Segundo, existe una situación de peligro a través del caso minera Panamá el cual puede ubicarse dentro del umbral de los delitos contra la personalidad jurídica del Estado, entre otros. Tercero, existe en la actualidad grandes conflictos internos dentro de los principales colectivos políticos, puesto que la división interna entre sus miembros es evidente y se manifiesta al no vislumbrarse una posible figura política dentro del mismo, aunque se entiende la necesidad de cumplir con el requisito interno de cada uno de ellos, de irse a unas primarias. Esto no se puede advertir claramente, ya que todos quieren ser candidatos a presidentes, para de esta forma satisfacer deseos personales que se alejan de declinar estos y prevalezcan los intereses de Panamá. Ninguno de los posibles candidatos quiere sentarse, negociar y hacer alianzas en las cuales se seleccione a los candidatos que reunan la mayor cantidad de competencias laborales, personales y sociales que traerían como resultado un mejor mañana para nuestro país. Cuarto, ha quedado manifiesto una notable violencia de género hacia aquellas candidatas del principal colectivo político del país, quienes aún cuando ha quedado evidenciado su talento profesional, académico y político, no se les permite que corran, a la cabeza, dentro de su propio partido, aún cuando saben que tienen los méritos para ello; quedándoles entonces, la opción independiente, pero, la violencia de género y el feminicidio político es tan fuerte y aguerrido, que tratan de aniquilarlas.

Por último y lo más importante, en Panamá existe un sistema democrático

Ocaso de un mandatario

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Será acaso que no está claro el concepto y lo qué implica el ser mandatario de

una nación

El ex presidente peruano, Alejandro Toledo, el 28 de julio de 2001, en el discurso de su toma de posesión, fue enérgico al señalar lo siguiente: ‘Seré un presidente implacable a la hora de luchar contra la corrupción que envenena el alma de nuestro país.’

Sin embargo, años después de cumplido su mandato, al ex mandatario Toledo, se le siguen diversos procesos penales, dentro y fuera de Perú, por delitos vinculados al soborno internacional, corrupción de servidores públicos, etc. Cuando en mi condición de docente universitaria y abogada penalista, doy lectura a este tipo de noticias, siento una profunda preocupación como académica y ciudadana, puesto que observo, sin temor a equivocarme, que estas palabras constituyen una realidad espejo para la mayoría de los mandatarios en América Latina.

Será acaso que no está claro el concepto y lo qué implica el ser mandatario de una nación. Por eso, para aclarar cualquier tipo de dudas al respecto, partiremos en esta ocasión del concepto de mandatario, señalando lo siguiente: el mandatario de naturaleza política hace referencia aquella persona quien ha sido electa por votación popular, con la finalidad de representar y dirigir al país, del cual forma parte y cuyos habitantes le eligieron para que cumpliese una misión específica; siendo ésta realizada con la diligencia de un buen padre de familia.

Es decir, debe dirigir la Administración Pública con prudencia, eficacia, honestidad y transparencia. Por esta razón, un mandatario debe diseñar un plan de gobierno que se ajuste a la realidad histórica, social, política, económica y jurídica del país que entrará a gobernar, ya que una vez finalizado su mandato es cuando se pondrá en evidencia los resultados del mismo y si cumplió con las asignaciones y expectativas.

Es importante destacar que este tipo de mandato político conlleva la presencia de un grupo de asesores políticos, técnicos, entre otros, quienes tienen el compromiso de brindar asesoría certera y que no sea una mera fachada a través de la cual se ocultan intereses personales que responden a poderes económicos y sociales.

En atención a lo antes expuesto, se coligen los aspectos siguientes: el ocaso de un mandatario equivale a la decadencia y finalización de su período político de forma sombría debido al funcionamiento ineficaz de su gobierno y, a la presencia de actos de corrupción. Segundo, la evaluación jurídico-legal de un período presidencial se extiende hasta cinco años después de culminado el mismo, pudiéndose advertir la existencia de peculados y enriquecimientos injustificados.

período presidencial se extiende hasta cinco años después de culminado el mismo, pudiéndose advertir la existencia de peculados y enriquecimientos injustificados.

Lastimosamente, en Panamá, como en la gran mayoría de los países latinoamericanos, se le han seguido juicios a ex presidentes debido a la posible comisión de figuras delictivas que vulneran la Administración Pública. Se han destituido y sancionado altos funcionarios por la incursión en la comisión de hechos punibles que han afectado, hasta la Administración de Justicia y la imagen de Panamá como un país en el que se transgreden garantías fundamentales establecidas a nivel constitucional. Tercero, uno de los indicios que marca en forma directa el ocaso de un mandatario se determina con el nivel de aceptación que este tenga en la mitad de su período presidencial, ya que es tiempo suficiente para advertir resultados de la ejecución de su plan de gobierno, marcando también el futuro, en las próximas elecciones, del colectivo político del cual forma parte.

Por último, señalo que un mandatario evitaría su ocaso, si sabe identificar cuáles son las circunstancias y las personas que están contribuyendo a su debilitamiento, para separarlas a tiempo y poder enderezar el rumbo de su país; y en aquellos casos, en que sea su actuar inconsciente el que le este ocasionando problemas, deberá entonces saber retirarse a tiempo, haciendo eco a las palabras del ex presidente de Uruguay, Pepe Mujica: ‘Quienes ayer fueron revolucionarios perdieron el sentido de que en la vida hay momentos que hay que decir: me voy.!

Manifestaciones callejeras: ¿derecho o delito?

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Esta conducta delictiva tiene pena de dos a cuatro años de prisión

Leyendo sobre la muerte del Dr. Martin Luther King Jr., encontré uno de sus tantos pensamientos, en el que se señala lo siguiente: ‘No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos.’ Al terminar de leer estas palabras, tuve a bien reflexionar sobre las manifestaciones y protestas callejeras que hubo en Panamá, por más de quince días, a lo largo y ancho de nuestro país. Hasta qué punto ‘el silencio de los buenos’ finalizó, en Panamá, con las protestas, manifestaciones y huelga de los maestros y profesores de este país.

Para poder realizar un análisis al respecto, empezaremos con identificar el marco conceptual del término manifestaciones callejeras, para lo cual haremos el planteamiento siguiente: primero, existe una diferencia entre protestas y manifestaciones callejeras, la cual advertimos de la manera siguiente: a. las protestas son una forma de reaccionar de la totalidad de una población o, de un sector de ésta, con relación a situaciones que se derivan de la actuación incorrecta por parte de la estructura gubernamental de un Estado y, con la cual no se está de acuerdo por considerar que ésta constituye una flagrante violación a los derechos humanos de los pobladores; por consiguiente, la conducta de la población en las calles se da en forma violenta, ya que están demostrando su desaprobación a través de la violencia generalizada. b. Por otro lado, contamos con la palabra manifestaciones, la cual consiste en un pronunciamiento de la población, también en las calles, pero, en forma pacífica, como respuesta de aprobación o descontento con respecto a toma de decisiones del gobierno de turno, vinculadas a los derechos humanos de los pobladores del Estado.

En este mismo orden de ideas, tenemos que son las manifestaciones y no las protestas, las que están reguladas como garantía fundamental, en el artículo 38, de la Constitución Política de Panamá, para lo cual solamente se requiere dar aviso 24 horas antes, a la autoridad administrativa local y esta puede tomar medidas de policía para prevenir o reprimir abusos en el ejercicio de este derecho, los cuales puedan poner en peligro la seguridad colectiva de la población. Este artículo se aplica en concordancia con el artículo 15, de la Convención Americana o Pacto de San José, estableciendo claramente que la manifestación amparada como un derecho humano es aquella que se realiza en forma pacífica y sin ninguna clase de armas a través de las cuales se pudiese ocasionar un peligro para el resto de la población. Es decir, en el momento en que el ciudadano utilice cualquier método subversivo para realizar la manifestación, ya ésta no constituye el ejercicio de un derecho fundamental amparado por una garantía constitucional y pasa a considerarse una figura delictiva. Con relación a este último punto, entre los delitos, tipificados en el código penal panameño, se encuentran los siguientes: 1. Art. 301, Capítulo III (Delitos contra los medios de transporte), Título IX (Delitos contra la Seguridad Colectiva), el cual establece como conducta ilícita el realizar cualquier acción que ponga en peligro real la seguridad de los medios de transporte y si esto se lleva a cabo con intimidación o violencia, se considera una modalidad agravada sancionada con pena de prisión de seis a diez años; 2. Art. 436, Capítulo II (Delitos contra la Personalidad Interna del Estado), Título XIV (Delitos contra la Personalidad Jurídica del Estado), este a su vez, consiste en realizar acciones violentas cuya finalidad es impedir que se apliquen las normas jurídicas del país, sin pretender derrocar al gobierno de turno. Esta conducta delictiva tiene pena de dos a cuatro años de prisión. 3. Art. 150, numeral 6, Capítulo I (Delitos contra la Libertad Individual y Desaparición Forzada), Título II (Delitos contra la Libertad). Este delito consiste en secuestrar a un miembro de la Fuerza Pública (Policía) en atención al ejercicio de sus funciones, conllevando una pena de prisión de quince a veinte años, más un aumento de un tercio a la mitad; como fue el caso de los policías secuestrados en Santiago de Veraguas. Sin mencionar otros delitos.

Muerte al marido: venganza o legítima defensa

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Desde hace varias semanas he venido leyendo en los diferentes medios de comunicación, titulares de noticias

Desde hace varias semanas he venido leyendo en los diferentes medios de comunicación, titulares de noticias, en los cuales se indica que la mujer priva de la vida a su pareja sentimental (esposo, novio, cónyuge). Este tipo de información me ocasiona preocupación, puesto que la misma puede llegar a generar confusión entre la población, pero, sobre todo aversión a toda clase de medida de protección hacia la mujer, en todo caso y en especial cuando ésta se encuentre en situaciones vinculadas a la violencia de género.

Cuando se suscitan estos acontecimientos debemos saber que nos encontramos ante un caso de conyugicidio, el cual consiste en la privación de la vida de una persona en manos de su cónyuge. En el código penal panameño, esta acción ilícita es considerada como homicidio agravado y está regulado en el artículo 132, numeral 1, Sección 1 (Homicidio), Capítulo I (Delitos contra la vida humana), Título I (Delitos contra la vida y la integridad personal), al señalar lo siguiente: El delito previsto en el artículo anterior será sancionado con pena de veinte a treinta años de prisión cuando se ejecute: ‘1. En la persona de un pariente cercano ….’ En el entendido de que, para el Derecho Penal, el término pariente cercano (art. 91) de la excerta legal citada, debe comprenderse como el cónyuge, el compañero o compañera conviviente, entre otros. Es por ello, que cuando un pariente cercano de naturaleza sentimental priva de la vida a otro pariente cercano sentimental, estamos ante la presencia de conyugicidio. Ahora bien, como segundo aspecto a tratar, está el de identificar las causas o el móvil del homicidio. Generalmente, en esta categoría de delito, la victimaria tiene como antecedente el de haber sido víctima de violencia doméstica, maltrato o, de alguna especie de violencia de género que le ha impedido desenvolverse como mujer y compañera en la relación sentimental. Además, existe la probabilidad que su agresor no le permita compartir con sus familiares o amigos, sin que él este presente. De tal manera, que esta condición le genera a la mujer homicida un profundo estrés y, por consiguiente, una ansiedad y cambios de ánimos, que le originan sentimientos confusos que se identifican por el deseo de salir de la situación en la que se encuentra. Es en este momento cuando surge la necesidad de liberarse de su verdugo y la única opción que siente tener, es el de ultimar a su esposo, al considerar que solamente con su desaparición física, ella puede ser liberada del peligro. Esta forma de defensa se denomina legítima defensa indirecta y confundida por la venganza, porque la manera de reaccionar contra el ataque a su cuerpo físico y dignidad como mujer, suele presentarse en una línea de tiempo posterior al daño sufrido.

confundida por la venganza, porque la manera de reaccionar contra el ataque a su cuerpo físico y dignidad como mujer, suele presentarse en una línea de tiempo posterior al daño sufrido.

En síntesis, lo que le permitirá al juez advertir la diferencia entre venganza y legítima defensa, será la información arrojada en la fase de investigación, ya que nos permitirá distinguir los elementos que caracterizan la legítima defensa y la distinguen de la venganza, siendo estos los siguientes: una agresión injusta sufrida por la mujer; la falta de provocación, por parte de la mujer, en las agresiones que esta ha venido padeciendo (por ejemplo: no era la mujer quien hostigaba, maltrataba, etc.); y, el medio para defenderse es racional con respecto al daño sufrido. Es por razón fundamental analizar la forma cómo se llevó a cabo el homicidio, es decir, los actos idóneos que conformaron la conducta ilícita de matar; porque, si el medio para la repeler la agresión consistió en apuñalear a la víctima (el marido), infinidades de veces (aun cuando haya advertido que el hombre ya había muerto) hasta llegar a desmembrarlo (descuartizarlo); o, le arrojase ácido en el cuerpo, estas son acciones que no corresponde a un medio racional de defensa de la victimaria; en cambio, expresan resentimiento, rencor y profundo odio hacia su víctima.

Finalizo con las palabras del filósofo Nietzsche ‘Es pobreza de espíritu obstinarse en devolver el daño que se ha recibido’, a lo cual le incorporo lo siguiente: pero, siempre que la defensa sea justa será legítima y necesaria para proteger la propia vida.

Nueva pandemia: implosión social

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La revolución independentista de la Paz, acaecida un 16 de julio de 1809, señala en su famosa proclama de la Junta Tuitiva, lo siguiente:

La revolución independentista de la Paz, acaecida un 16 de julio de 1809, señala en su famosa proclama de la Junta Tuitiva, lo siguiente: ‘…. Hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez…..’ Al terminar de leer tan interesante historia, asaltaron a mi mente una gran cantidad de imágenes sobre la implosión social que estamos viviendo actualmente en Panamá y, además, empezaron a surgir en mí, un gran número de interrogantes, como, por ejemplo, las siguientes: ¿qué es implosión social?, ¿por qué ocurre?, y ¿cómo se podría solucionar?

Con respecto a la primera pregunta, he de señalar que la implosión social consiste en un cambio social ocasionado por múltiples acciones sistémicas provocadas por la estructura gubernamental de un sistema político, el cual no ha definido aún la misión y visión de cada uno de sus elementos, como lo son: las organizaciones, instituciones, agentes, entre otros. Esto quiere decir, es el cambio social a través del cual la sociedad rompe abruptamente las normas jurídicas y sociales que determinan parámetros de conducta, los cuales le indican cómo debe conducirse para lograr una convivencia pacífica con sus conciudadanos. Sin embargo, cuando esos elementos que conforman el sistema político de un país no cumplen con el rol que les corresponde y no hay una visión clara de país; a través de la cual, se puedan advertir programas sociales encaminados a desarrollar los diferentes aspectos de la vida de todo ser humano, satisfaciendo sus necesidades mínimas, como: salud, vivienda, educación, empleo, recreación, etc. Pero, lo que si es fácil de percibir es la corrupción en el sector público producto del resultado de peculados, enriquecimiento injustificado, delincuencia organizada, y del nombramiento en los altos cargos que conforman los diferentes poderes del Estado, de personas que reúnen un perfil inapropiado para los mismos y que no gozan de una salud social óptima, puesto que tanto la comunidad en general como el grupo profesional del cual forma parte manifiestan públicamente las razones de su descontento. Además, a esto, se le añade el alto costo de la vida, debido a la impericia en el manejo del gasto público. Es lógico entender, que la sociedad al no encontrar alternativas o vías de escape positivo a su problema, simplemente implota, se derrumba y manifiesta de manera abrupta su sentir inconforme con lo que le sucede. Siente, también, que en la persona en la cual confiaba, en este caso el Estado, garante de sus derechos, le ha fallado. Estas reflexiones dan respuesta al segundo cuestionamiento. Siendo esto casualmente por lo que está atravesando la sociedad panameña, ya no puede soportar la burda corrupción por la cual está atravesando nuestro país, en el cual la gran mayoría de sus gobernantes no han sentido un compromiso histórico con la nación, en cuanto a su real desarrollo y desenvolvimiento que le permita superar la denominación de país en vías de desarrollo al de un país

estimados lectores, dentro de las estrategias de solución al problema, propongo las siguientes: primero, entablar inmediatamente una mesa de negociación, en donde se encuentren los reales representantes de todos los sectores del país, precedida por el jefe de Estado, quien fue elegido por mayoría, en una elección popular y democrática, acompañado por supuesto, por un representante de la Iglesia (Panamá no es un país laico, es un país eminentemente cristiano, el cual es tolerante con todas las religiones). Segundo, el jefe de Estado debe explicar su perspectiva del problema, señalando la realidad de las ventajas y desventajas de cada uno de los temas de la mesa de negociación. Tercero, escuchar las propuestas de todos y cada uno de los sectores de la mesa del diálogo. Cuarto, presentarse con propuestas reales y viables de solución que sean aplicables, sin cambios, de la manera en que las plantea. Quinto, tratar de restablecer la empatía perdida con la población. Sexto, aceptar los errores cometidos y reestructurar su Política de Estado, porque todavía está a tiempo. Séptimo y última estrategia, limpiar la casa y ponerla en orden, aunque esto le ocasione distanciamiento con algunos sectores, pero, le salvará de problemas legales futuros.

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© Doctora Julia Sáenz 2018