derechos del niño

Sistema Judicial de Protección Integral de Niñez y Adolescencia

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El jueves 16 de noviembre de 2023 se publica en la Gaceta Oficial 29,911 la Ley 409 de 2023, mediante la cual se establece el sistema judicial de protección integral de niñez y adolescencia.

Este texto legal consta de ciento ochenta y nueve (189) artículos distribuidos en un título preliminar sobre disposiciones generales y siete (7) títulos, en los cuales se abordan los temas siguientes: Derechos de los niños a garantizar en el proceso; organización de la jurisdicción de niñez y adolescencia; sujetos procesales del proceso de protección; aplicación de métodos alternos de resolución de conflictos en las causas de protección de niños, niñas y adolescentes; procesos de protección judicial; disposiciones adicionales y finales.

Esta norma jurídica se constituye en un instrumento que no solamente garantiza los derechos de la niñez y adolescencia; sino también, fortalece los derechos y deberes que implica la patria potestad y la guarda y crianza de los hijos e hijas, en cuanto a sus padres.

En esta ocasión mencionaremos algunos artículos, a manera de ejemplos: el art. 46, consagra acciones a favor de niños, niñas y adolescentes, que pueden ser interpuestas a nivel de ministerio público con la finalidad de defender los derechos de estos, en aquellos casos en que sus padres no lo puedan hacer. Art. 49: establece el derecho a la defensa técnica desde el inicio del proceso. Es decir, los niños y adolescentes tienen derecho que los asista un abogado para que los ayude a reestablecer sus derechos, cuando estos hayan sido afectados por abuso, negligencia, omisiones, amenazas, etc. Art. 77: aquí se instaura la protección judicial para garantizar que los hijos no sean separados de sus padres. Ejemplo: si el niño o niña está hospitalizada, que su padre o su madre, pueda permanecer con él en todo momento. Art. 78, este texto protege el derecho que tiene todo niño a la reunión familiar. Art. 79: aquí se instaura el hecho de garantizar el derecho que tiene el niño a formarse un criterio propio sobre cualquier tema y expresarlo. Esto implica que el niño tiene derecho a opinar, a que se le pregunte qué opina sobre algún tema en específico. Esto es muy importante porque es un ser humano.

En síntesis, consideramos que esta ley está cónsona con la Convención de los Derechos del Niño, entre otros instrumentos jurídicos internacionales, que en ninguna momento transgrede el concepto de lo que implica los derechos y deberes de los padres con respecto a sus hijos, sino, por el contrario fortalece los mismos y le ofrece mecanismos legales que le permiten mejorar la calidad de vida a sus hijos, permitiendo que estos forjen una personalidad más segura y con criterios formados en atención a su condición de ser humano pensante y cuya dignidad humana debe ser debidamente valorada.

Por último, esta es una ley que demarca hasta qué punto el Estado tiene también obligaciones con respecto a la niñez y adolescencia panameña.

Proyecto sobre Sistema de Protección Integral de la Niñez

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El político español y premio nobel de literatura Jacinto Benavente, expresó en su momento ‘En cada niño nace la humanidad’. Consideramos con esta expresión la realidad del mundo, es decir, la existencia y conservación de la población radica, entre otras cosas, en la niñez.

Esto implica la necesidad del Estado y la sociedad misma, de trabajar en equipo para diseñar estrategias que garanticen el interés superior de todo menor de edad y de todos aquellos derechos humanos a través de los cuales se establezca un ambiente propicio para el óptimo desarrollo de la niñez. Consideramos entonces que pensamientos como este fueron el motivo fundamental de la aprobación en tercer debate del tan polémico proyecto de ley 567, denominado Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia y dicta otras disposiciones.

El proyecto, en comento, consta de 238 artículos, estructurados de la manera siguiente: Título Preliminar. Arts. 1-5; Título I: Fundamentos del Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Arts. 6-118; Título II: Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Arts. 119 – 209. Título III: Sanciones. Arts. 210-223. Título IV: Financiamiento, Rendición de Cuentas, Evaluación y Monitoreo del Sistema de Protección Integral. Arts. 224–228. Título V: Disposiciones Adicionales. Arts. 229-233. Título VI: Disposiciones Finales. Arts. 234-238.

Por otra parte, hemos podido identificar dentro de los principios de derechos humanos rectores de la excerta legal citada, el correspondiente al de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito estatal y el principio de corresponsabilidad. La importancia de ambos, la podemos analizar desde la perspectiva siguiente: primero, obliga al Estado a estructurar una Política Criminal que contemple estrategias de protección directa e indirecta con respecto al interés superior del menor. Esto quiere decir, si bien es cierto, la familia (papá y mamá) son responsables de procurar el bienestar de sus hijos, también se requiere la colaboración del Estado para poder lograrlo. En qué sentido, brindando programas que permitan a los padres de familias obtener empleos, viviendas dignas, entre otras cosas. Segundo, esto conlleva una clasificación de los derechos según los lineamientos de la Convención de los derechos del niño, en las categorías siguientes: derechos de supervivencia, derechos de desarrollo, derechos de participación y derechos de protección especial.

El hecho de garantizar los derechos de desarrollo del menor (arts. 43–61) es sumamente importante, ya que conducirá forzosamente a un cambio en cuanto al modelo pedagógico actual, hacia un paradigma mediante el cual se desarrolle el pensamiento crítico en el estudiante, permitiéndole a este el desarrollo de sus potencialidades y capacidades al máximo lo cual le facilitará un ejercicio pleno de su ciudadanía social.

Por último, me place señalar más ventajas que desventajas con respecto a esto nuevo proyecto de ley. Les recomiendo leerlo y analizarlo objetivamente antes de rechazarlo.

Tráfico de menores

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En la actualidad los titulares de todos los medios de comunicación a nivel mundial están enfocados en la pandemia covid-19. Sin embargo, existe una pandemia mayor y con efectos insubsanables como lo es el tráfico de personas menores de edad. Esta figura delictiva consiste en la realización de cualquier forma de actividad mercantil de carácter ilícita mediante la cual el agente o sujeto activo utiliza como objeto de comercio a un menor de edad, entendiendo por este a una persona de uno u otro sexo, que se encuentra entre los 0 meses hasta los 17 años con 11 meses de edad, para realizar con él cualquiera de las conductas siguientes: entregarlo con fines ilícitos a personas distintas a sus progenitores, a quien sobre ellos ejerza su guarda y crianza o, personas distintas a las autorizadas para recibirlos; vender, ofrecer, entregar, transferir o aceptar a un menor de edad, a cambio de cualquier clase de remuneración o recompensa; el realizar bajo el amparo de situaciones simuladas traslados a menores de edad con la finalidad de explotarlos sexualmente, someterlos a ser víctimas de extracción de sus órganos, trabajo forzado, servidumbre.

De igual manera, constituye una forma de conducta ilícita para esta clase de delitos, el tratar de obtener el consentimiento de los padres, para algunas de las conductas mencionadas, a través de medios fraudulentos.

En el código penal panameño, este tipo de figuras delictivas se encuentran contempladas en el Libro Segundo (Los Delitos), Título V (Delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil), Capítulo III (Delitos contra la identidad y tráfico de personas menores de edad), en los artículos que van del 206 al 208.

Desde otra perspectiva, debemos tomar en cuenta que el delito de tráfico de personas menores de edad es un delito trasnacional, al considerarse un delito contra la humanidad puesto que es una forma agravada de la trata de personas, contemplado a su vez, en el Título XV (Delitos contra la humanidad), artículo 456-A, numeral 1, de la excerta legal citada. De igual forma, esto se aplica en concordancia con uno de los Protocolos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, denominado «Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños», específicamente su artículo 3, literales a) y c), en los cuales se deja claramente establecido que se considera trata de personas a todos aquellos casos en los cuales se realicen conductas relacionadas a la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de un menor de edad con fines de realizar con ellos toda clase de explotación, aun cuando no exista, de por medio, la obtención de algún pago o beneficio.

A nivel mundial y Panamá no se escapa de estas estadísticas, la trata de menores de edad alcanza cifras inimaginables, ya que esta actividad ilícita, que en su gran mayoría tiene connotaciones sexuales, está protegida por sectores de la población con alto poder político, económico y religioso.

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© Doctora Julia Sáenz 2018