código penal

Patria potestad, maternidad y maltrato al menor

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En los últimos días, los diferentes medios de comunicación han publicado diversas noticias referentes al maltrato de menores. Sin embargo, me ha llamado poderosamente la atención una, en específico, puesto que la misma trata sobre una mujer que le coloca una soga al cuello a su hijo de apenas un año, lo cuelga del techo, lo graba y el video se lo envía a su expareja y padre de sus hijos, con el mensaje siguiente: esto es lo que le va a suceder a todos tus hijos. Luego de leer esta noticia, pensé, cómo es posible que una mujer quien ha llevado en su vientre por espacio de nueve meses a su hijo, antes de parirlo, puede hacerle daño como una forma de manipulación y venganza hacia el padre de la criatura. Pues bien, lastimosamente esto es el reflejo de distintas situaciones por las cuales se encuentra atravesando la sociedad panameña, entre las cuales podemos mencionar las siguientes: crisis de valores morales, problemas de salud mental, entre otras cosas.

En aquellos casos en que el comportamiento o conducta de un ser humano es el resultado de una acción con falta a la ética, la moralidad, o debido a algún tipo de alteración de su salud mental, esto puede marcar con seguridad niveles de peligrosidad en ese individuo, los cuales pueden afectar directamente a la normal convivencia en sociedad y, pone en riesgo el cumplimiento de obligaciones, tales como: trabajo, cuidado de sus hijos, interactuar con miembros de su familia, sociedad, etc.

En atención a lo antes expuesto, les invito a que analicemos un poco el caso citado. Primero, nos encontramos frente a un hecho delictivo, el cual es denominado como maltrato de niño, niña o adolescente según los artículos 202 y 203 del código penal panameño. Esto se debe a que la madre con su conducta le ha ocasionado a su hijo (menor de edad) un daño físico y emocional pero, que, además, ha puesto en peligro su vida y aunque el niño no murió, podemos asegurar la presencia de tentativa de homicidio, en la persona de un menor de edad, condición que agrava la pena. Segundo, este acto implica también otros temas, como es el referente a la suspensión o, hasta la pérdida de la patria potestad con respecto a la madre del niño afectado y de sus hermanos. Todo esto según los lineamientos del artículo 50 del código penal en concordancia con el artículo 342, del código de la familia, ambos de la República de Panamá.

Es importante resaltar que los padres de familia tenemos la obligación de procurar por el bienestar de nuestros hijos, para tener una sociedad y un Estado con salud y éxito. Recordemos, las palabras del Papa Francisco, cuando dice: la familia es la fuente de toda fraternidad, y por eso es también el fundamento y el camino primordial para la paz, pues, por vocación, debería contagiar al mundo con su amor.

Feminicidio y líneas de investigación

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El feminicidio es una figura delictiva polémica y poco aceptada en la comunidad, debido a que existe escasa información al respecto. Es por ello, importante establecer la necesidad de estructurar un marco conceptual vinculado a las líneas de investigación de este acto delictivo. Es decir, para lograr una mejor y mayor comprensión de este delito se requiere analizar tres aspectos fundamentales del mismo, entre los cuales tenemos los siguientes: los de carácter penal, procesal penal y, por consiguiente, las líneas de investigación que de este se derivan. Esto nos conduce hacia los señalamientos siguientes: primero, al estructurar el concepto de feminicidio, podemos observar dos condiciones; por un lado, la muerte de la mujer como resultado de una relación desigual de poder, situación que implica entender cuándo estamos ante la presencia de este tipo de relación, para lo cual la respuesta es la siguiente: en aquellos casos en que la mujer es víctima de actos dirigidos a ocasionarle toda clase de daños por considerarla incapaz de defenderse debido a una condición de vulnerabilidad como resultado de un fenómeno cultural, social, político y jurídico.

Además, estos actos dañinos pueden provenir de una persona totalmente extraña al círculo de la mujer o, por el contrario, tener una relación con ella, la cual puede ser de índole familiar, amorosa, profesional, laboral, médica, entre otras. Ejemplo: un delincuente quien solamente asalta a mujeres, los días de quincena, por considerarlas un objetivo más fácil de sorprender y atacar con respecto al varón, pero, en el último asalto, mata a su víctima. Por esta razón, advertimos en el artículo 132-A, del código penal panameño, el cual constituye el fundamento legal del mismo, diez (10) numerales, los cuales forman parte de manera individual de la conducta ilícita principal de este delito, ‘causar la muerte a una mujer’. Convirtiéndole, a su vez, en un delito circunstanciado que, a pesar, de ser un delito derivado del tipo penal básico del homicidio, necesita convertirse en un tipo penal autónomo y, por ende, tipificado en una sección cuarta, dentro del Capítulo I (Delitos contra la vida humana), Título I (Delitos contra la vida y la integridad personal).

Por otra parte, la necesidad del estudio de los medios de prueba en el proceso penal, bajo el sistema procesal penal acusatorio, en los casos específicos del delito de feminicidio.

Como un segundo señalamiento, tenemos la presencia de las líneas de investigación, entendiendo por estas a los diferentes enfoques o estudios que se hacen con respecto a un área o tema, en esta situación en específico, el acto criminoso del femicidio. Debemos realizar de manera individual, un estudio profundo de todos aquellos tipos penales que guardan relación directa e indirecta con el femicidio para poder tener una mejor comprensión del mismo. Por ejemplo, tipos penales relacionados a los delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil; los propios delitos contra la vida y la integridad personal, los delitos contra la libertad y la integridad sexual; delitos contra la humanidad; delitos contra la libertad; delitos políticos, delitos contra la personalidad jurídica del Estado; delitos contra la seguridad colectiva, entre otros. Es decir, el estudio del delito de feminicidio no se puede circunscribir exclusivamente al delito de homicidio (del cual se deriva), requiere analizar previamente la estructura de otros tipos penales que guardan relación directa e indirecta con él y, poder entender mejor esta figura delictiva.

Soborno internacional y delincuencia organizada

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Cuando en un Estado los altos niveles de corrupción son manifiestos en todos los poderes de su estructura, esto constituye la radiografía de la avanzada metástasis que padece como persona jurídica y sociedad. Por consiguiente, aflora la presencia, entre otras cosas, de figuras delictivas como el soborno internacional y la delincuencia organizada.

Esto no quiere decir, la inexistencia de otros delitos; por el contrario, explica el por qué, de la existencia de toda clase de conductas ilícitas que guardan relación con los diferentes tipos penales (hechos punibles) presentes en el Libro Segundo (Los delitos), del código penal panameño. Por ejemplo, la delincuencia organizada, regulada en el art. 328-A, Capítulo VII (Delincuencia Organizada), Título IX (Delitos contra la Seguridad Colectiva), Libro Segundo (Los Delitos).

Este crimen consiste en una afectación a la seguridad colectiva que implica pertenecer a un grupo delictivo que está estructuralmente organizado y del cual el agente o sujeto activo forma parte, con la finalidad de realizar delitos previamente establecidos, siendo cada uno de estos una clase o tipo de delincuencia organizada, dentro de los cuales podemos mencionar los siguientes: blanqueo de capitales, delitos relacionados con drogas, precursores y sustancias químicas, trata de personas, tráfico de personas y tráfico de órganos, tráfico ilegal de armas, municiones y explosivos, terrorismo y financiamiento de terrorismo, explotación sexual comercial y pornografía con personas menores de edad, secuestro y extorsión, homicidio y lesiones graves físicas o psíquicas, hurto y robo de vehículos, sus piezas y componentes, manipulación genética, piratería, delitos financieros, delitos contra la Administración Pública, delitos contra la propiedad intelectual, delitos contra la seguridad informática, delitos contra el ambiente, asociación ilícita, delitos contra el patrimonio histórico de la nación, falsificación de moneda y otros valores.

Entendiéndose que este es un delito de carácter formal, ya que se constituye con el formar parte de este tipo de organización criminal, aunque no se haya realizado ninguno de los delitos antes mencionados. Este tipo penal en su modalidad simple tiene una punibilidad que va de quince hasta treinta años de prisión. Sin embargo, cuando estamos ante la presencia agravada, la pena aumenta hasta la mitad; esta condición solamente se da si el sujeto activo es un servidor público (tendrá, además, como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un tiempo correspondiente al doble del tiempo de prisión); si se utiliza a una persona menor de edad para cometer el hecho punible; y, si el victimario o sujeto activo realiza actividades de mando y liderazgo dentro de la organización. Ejemplo: jefe, administración, supervisión, etc.

Una de las clases o formas de la delincuencia organizada es la de los delitos contra la administración pública y dentro de esta se encuentra el delito de corrupción de servidores públicos, siendo una forma de corrupción: el soborno internacional tipificado en el artículo 350 del texto legal citado. Esto implica que, en todos aquellos casos como Odebrecht, Blue Apple, Meco, entre otros; los cuales constituyen formas del delito de corrupción de servidores públicos conlleva la existencia del crimen organizado, puesto que detrás del o los sujetos activos existe toda una estructura criminal a nivel nacional e internacional y en la cual participan actores de todos los sectores de la sociedad: público y privado. Debemos tener claro que cuando se dan este tipo de figuras delictivas, conocemos solamente a la persona quien se encontraba frente a la operación. Sin embargo, desconocemos a qué intereses responden estos victimarios.

Por último, sería interesante reflexionar sobre estrategias de prevención de estos delitos: primero y más urgente, es fundamental definir mejor el perfil del servidor público, no solamente a nivel profesional o técnico, sino en atención a su salud social. Segundo, reestructurar la normativa jurídica penal en materia del delito de corrupción de servidores públicos, delincuencia organizada y asociación ilícita. Tercero, fortalecer la Antai. Cuarto, impulsar la política de gobierno abierto mediante mecanismos de independencia del trabajo de evaluación a los planes de gobierno. Quinto, trabajar a nivel comunitario programas de tolerancia cero a la corrupción.

Trabajo comunitario y delitos sexuales

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El código penal panameño establece en su Libro Primero (La ley penal en general), Título III (Penas), Capítulo I (Clases de Penas), artículo 50, numeral 2, las penas sustitutivas y dentro de ellas contempla al trabajo comunitario. Antes de explicar en qué casos procede pasaremos a estructurar el marco conceptual del mismo, en los siguientes términos: el trabajo comunitario consiste en una sanción penal que puede sustituir, es decir, reemplazar una pena principal establecida por el juez en la sentencia.

Dentro de las penas sustituibles se encuentran las siguientes: prisión, arresto de fines de semana, días-multa, tratamiento terapéutico multidisciplinario. Sin embargo, esto no quiere decir que esta decisión queda al arbitrio del juez, ya que la misma debe cumplir con requisitos establecidos tanto en el código penal como en el código procesal penal.

Por ejemplo: el artículo 65, de la excerta legal citada establece como requisitos para la imposición de este tipo de sanción, los siguientes: primero, solamente la puede aplicar el Juez de Conocimiento o, por el Juez de Cumplimiento. Segundo: el delito por el cual la persona ha sido condenada debe tener una sanción no mayor de cinco años de prisión. Tercero: es necesario el visto bueno de la Junta Técnica Penitenciaria. Cuarto: la persona a quien se le beneficiará con esta pena sustitutiva debe estar de acuerdo con la misma. Quinto: las actividades de trabajo comunitaria solamente podrán realizarse en instituciones públicas de salud, educativas o, ante situaciones de calamidades por las cuales este atravesando el país.

El artículo 65 mencionado en el párrafo que antecede se aplica en concordancia con el tipo de delito sexual de que se trate, siendo estos cualesquiera de las siguientes figuras delictivas: violación carnal, estupro (equívocamente llamado en la actualidad por algunos expertos como relaciones consensuadas), abusos deshonestos o actos libidinosos, el acoso, acecho, hostigamiento o, discriminación sexual, corrupción de personas menores edad, explotación sexual comercial, pornografía infantil, entre otros.

En esta ocasión, tomaremos como ejemplo, el delito de abusos deshonestos o actos libidinosos tipificado en el artículo 177 del código penal, el cual establece que esta conducta ilícita radica en ejecutar actos sin consentimiento de la víctima, los cuales consisten en tocamientos de las partes pudendas de víctima (senos, vulva, pene, la entre pierna, etc), este es el tipo penal básico, en el cual se presenta como sanción, una pena de prisión de uno a tres años o su equivalente en días-multas o arresto de fines de semana.

Sin embargo, si este comportamiento ilícito se realiza con violencia o intimidación; lo comete un pariente cercano, ministro de culto (pastor, sacerdote, etc), educador, tutor, persona que este a cargo de la guarda, crianza o cuidado de la víctima, aunque sea de manera temporal.

Por último, si la víctima fuese menor de catorce años (aunque hubiese dado su consentimiento) o, sea incapaz de resistirse al acto. Automáticamente, se convierte en un tipo penal agravado.

Por lo tanto, si el abuso deshonesto se dio dentro de alguna de estas situaciones, se considera como una modalidad agravada del delito en comento. A simple vista pareciese que el delito de abuso deshonesto admite como pena sustituta el trabajo comunitario; pero, esto no es así, debido a que el artículo 65 y 177 del código penal, en materia de delitos sexuales, incluyendo dentro de estos al hecho punible de abusos deshonestos o actos libidinosos. Debe aplicarse en concordancia con el artículo 509 del código procesal penal panameño, mediante el cual se establece que el juez de cumplimiento no puede aplicar trabajo comunitario a personas que hayan incurrido en alguno de los delitos contemplados en el Título III (Delitos contra la libertad e integridad sexual), cuando la víctima ha sido una persona menor de edad o, con discapacidad.

Entendiendo menor de edad, a toda persona que no haya cumplido los dieciocho años de edad. Por consiguiente, como el delito de abusos deshonestos forma parte del título en mención, con la agravante de ser la víctima una menor de edad, entonces, el victimario no puede ser objeto de trabajo comunitario.

Concluyo estos breves comentarios, recordándoles la importancia de conocer nuestras leyes penales para evitar ser víctimas de un delito.

El Delito de Abandono

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El código penal panameño establece en el Capítulo III, Título I (Delitos contra la vida y la integridad personal), Libro II (Los Delitos), artículos del 148 al 148-A, el delito de abandono de niños y otras personas incapaces de velar por su seguridad o su salud. Empecemos, por delimitar el marco conceptual del mismo. De tal manera, que iniciaremos señalando al abandono como un delito el cual consiste en dejar en total indefensión a una persona sobre la cual se tenía una responsabilidad legalmente establecida y que consistía en proteger la seguridad y salud de esta. Es importante señalar, que dentro de las características de la víctima se encuentran las siguientes: en cuanto a la edad, se establece menos de doce años o, ésta sea un adulto mayor que oscile entre los sesenta (60) o más años de edad. También puede tratarse de un sujeto con algún tipo de discapacidad, ya sea física o psicológica, en este caso, no importa la edad que tenga al momento de ser víctima de este delito.

Se debe resaltar, en este tipo de hecho punible, lo siguiente: con el solo hecho de llevar a cabo la acción de abandonar al sujeto pasivo o víctima, entendemos como consumada la acción ilícita que lo constituye. La sanción jurídica aplicada al victimario va de uno a dos años de prisión. Pero, esta sanción puede aumentar si convergen cualesquiera de las situaciones siguientes: en aquellos casos en que sobrevenga la muerte de la víctima debido al abandono sufrido, la pena será de ocho a doce años de prisión; si se le ocasiona un grave perjuicio a la salud de la víctima, la punibilidad es de seis a ocho años de prisión; y, por último, si el abandono pone el peligro la seguridad o vida de la víctima, la pena oscilará entre los cuatro a seis años de prisión. Como ejemplo, de alguna de estas situaciones podemos hacer referencia de casos, tales como: una maestra de preescolar, cuyos alumnos se encuentran entre los dos (2) y tres (3) años de edad, ella sale del salón para almorzar en el área de la cocina del plantel educativo, por espacio de treinta (30) minutos, dejando a los niños solos. Uno de ellos, toma el biberón de leche y golpea en la cabeza a otro niño, lo empuja contra la pared, situación que le ocasiona al menor una herida en el rostro, motivando que lo lleven al hospital y le suturen la herida, con una longitud de cinco centímetros, ocasionándole una cicatriz permanente y visible en el rostro.

En otra parte del articulado (art. 148-A), se puede observar lo que en la dogmática jurídica penal se conoce como excusa absolutoria o, permiso que la propia ley penal otorga para cometer el delito prohibido en la misma, pero, siempre y cuando converjan circunstancias y situaciones específicas alrededor de dicha conducta. Estableciendo como excusa absolutoria, el que una mujer quien, por primera vez, pare a un bebé y no tenga los medios económicos para hacerse cargo de él; ella, podrá entregarlo a un centro receptor, siempre y cuando sea ella misma quien realice la entrega del menor, presente con él, un certificado médico emitido por un pediatra, o cualquier otro médico idóneo, en el cual se haga constar que el menor cuenta con siete (7) días de nacido. Este artículo se aplica en concordancia con el artículo 2 de la ley 55 de 2017, fechada martes 11 de julio de 2017 y presente en la gaceta oficial N° 28320, la cual trata sobre la protección de los recién nacido y adiciona un artículo al código penal. Es necesario tomar en consideración dos cosas: primero, la entrega que hace la madre del menor debe ser voluntaria y no será objeto de investigación criminal, siempre y cuando no exista sospecha o evidencia que indiquen la presencia de maltrato al menor. Por último, como centro receptor, se entenderá aquellos puestos de salud, subcentros, centros o unidades locales de atención primaria, policlínicas, centros médicos u hospitales públicos o privados, albergues a nivel nacional, en el entendido que estos se encuentren certificados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

Violación sexual a menores de edad y acuerdos de pena

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En días pasados, en los diferentes medios de comunicación de la localidad aparece una noticia que conmocionó a la población panameña, la cual consistía en la violación sexual a un menor, quien contaba con escasos ocho años, en mano de un adulto de veintitrés años de edad. Todo esto ocurre en el interior del país. Es necesario para un mejor análisis del tema, precisar conceptualmente términos básicos, tales como: delitos sexuales y acuerdos de pena.

El primero, hace referencia aquellas conductas ilícitas, cuya realización afecta la integridad y libertad sexual de un ser humano, siendo estas reguladas en el libro segundo (Los Delitos), Título III (Delitos contra la libertad e integridad sexual), Capítulo I (Violación y otros Delitos), artículos del 174 al 178 (violación carnal; el estupro, llamado en la actualidad relaciones consensuadas; abusos deshonestos o actos libidinosos; el acecho, hostigamiento, acoso, o discriminación sexual), del código penal panameño.

En el caso bajo análisis, se trata de un delito de violación carnal o violación sexual agravado (art. 175 de la excerta legal citada), puesto que se realiza en perjuicio de un menor de edad. De tal manera, que podemos establecer como marco conceptual de este hecho punible, lo siguiente: lograr acceso carnal con un menor de edad, de uno u otro sexo, utilizando o no, la violencia física o sicológica, pero, además, dejando fuertes secuelas en la personalidad de ese menor, quien en algún momento se convertirá en adulto, pudiéndole ocurrir alguna de las situaciones siguientes: repetir la misma conducta de la cual él ha sido objeto, violentando a otros menores de edad o, simplemente ejercer actos de violencia en el desarrollo de todas sus relaciones personales, laborales, etc.

Este tipo de delitos, también conocidos como delitos de propia mano, dejan manifiesto por parte del victimario, un alto nivel de peligrosidad debido a sus elevados niveles de violencia y agresividad, lo que ocasiona un fuerte impacto social. En esta clase de figuras delictivas es muy difícil la restauración, inclusive parcial, del bien jurídico afectado. Además, la comisión de estos hechos punibles afecta la salud social, del lugar en el cual se llevó a cabo, llámese barriada, corregimiento, distrito o provincia.

En este mismo orden de ideas, contamos con una de las características principales de este delito y es la de ser un delito internacional, situación que le otorga la imprescriptibilidad de la acción penal, reconocimiento que le hace el Derecho Penal Internacional y el Derecho Internacional Penal, aunque nuestros Derechos Positivo no lo contempla de esa manera.

Por otra parte, tenemos los llamados acuerdos de pena, que no son más que una forma de los procedimientos alternos de solución del conflicto penal, consagrado en el artículo 220, del código procesal penal panameño, el cual consiste en convenios realizados entre el Ministerio Público y el imputado, antes de ser presentada la acusación al juez y desde el momento de la audiencia de formulación de cargos, mediante la cual pueden ocurrir cualquiera de estas situaciones jurídicas: el imputado conviene pactar la aceptación de parte o totalidad de los cargos, acordando la sanción, misma que no puede ser mayor a la acordada, ni menor a una tercera parte de la pena que le corresponde al delito cometido, que en este caso es de violación agravada, el cual cuenta con pena de prisión de doce a dieciocho años de prisión. También, puede que se una rebaja de pena o, la no formulación de cargos, lo que traería consigo el archivo de la causa.

De lo anterior, podemos colegir lo siguiente: no todos los delitos deben ser objeto de acuerdo de pena, ya que el mismo implica un alto sentido de compromiso, por parte del victimario, que haga reflejar en su rostro, un nivel de arrepentimiento y querer de enmienda. El delito de violación carnal debe encontrarse dentro de la gama de los delitos violentos que ocasionan fuerte impacto en la sociedad.

Por último, los acuerdos de pena no deben tomarse en cuenta en el delito de violación sexual, ya que esto no solamente denigra más a la víctima, sino que la coloca en una situación de riesgo y peligro permanente.

El delito de lesiones personales

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En muchas ocasiones, los seres humanos, imaginan que con recibir una bofetada en la cara, es suficiente como para interponer una acción penal por el delito de lesiones personales y, no es del todo cierto. Analicemos un poco el concepto de este delito, características y requisitos.

Iniciaremos señalando como marco conceptual del delito de lesiones personales lo siguiente: es la conducta realizada por el agresor o victimario, en perjuicio de la víctima, la cual consiste en dañar física o sicológicamente a una persona, sin la intención de matarla. Sin embargo, se requiere como característica fundamental de esta conducta ilícita que la misma haya ocasionado una incapacidad a la víctima, por espacio de treinta (30) a sesenta (60) días como mínimo, para realizar sus labores diarias personales, como las laborales. Esto nos conduce a identificar las características siguientes: el delito de lesiones personales implica una lesión o daño de naturaleza física o psicológicamente; el victimario no siente el deseo de matar a la víctima, solamente de hacerle daño; la existencia de una incapacidad en la víctima para trabajar o simplemente realizar tareas diarias; la duración de la incapacidad debe tener un tiempo determinado correspondiente al señalado previamente. Lo anterior es necesario, ya que de ello depende para determinar la categoría de la lesión ocasionada; es decir, se podrá identificar si estamos ante una lesión de nivel leve, grave o, gravísima.

La figura delictiva en análisis se encuentra regulada en los artículos que van del 136 al 140 del código penal panameño. Dentro de los cuales se establecen aspectos tales como: el tipo penal básico o simple, en el cual no se establecen agravantes, tiene como pena, prisión de cuatro a seis años. Además, en el artículo 137, de la excerta legal citada, se indican como sanciones una pena de prisión entre los seis a diez años de prisión, en aquellos casos en que la conducta ilícita traiga como consecuencia, cualquiera de las agravantes específicas siguiente, tales como: el tratarse de una mujer en estado de gestación y le sobrevenga un aborto debido a la lesión personal de la cual fue objeto; impotencia o pérdida de la capacidad de procrear; daño corporal o síquico incurable; deformación del cuerpo o una señal visible y permanente en el ojo; incapacidad permanente para trabajar; pérdida de la capacidad de procrear.

Por otra parte, es importante destacar que el hecho punible en estudio, toma en consideración el daño ocasionado a la mujer, cuando este sea el resultado de cualquier forma de violencia contra ella, imponiéndole una sanción al agresor de doce hasta quince años. De igual forma, se encuentra en el artículo 138-A, aquellos casos en que la condición de víctima de la mujer, se debe principalmente, a actos de chantaje, vejación, sumisión, o cualquier conducta semejante, tendiendo como sanción, pena de prisión de cinco a ocho años. En lo referente al artículo 139, en este se maneja la modalidad culposa del delito de lesiones personales, la cual se aplica en aquellas situaciones en las cuales el victimario o sujeto activo, realiza la acción sin intención de dañar y por alguna razón ocasionó el daño a la víctima.

En este mismo orden de ideas, hemos advertido en el artículo 140, de la excerta legal citada, cómo puede llegar a constituir delito de lesiones personales, el hecho de lesionar a una persona debido a sus funciones como servidor público. Entre estos podemos mencionar a los miembros de la Fuerza Pública, Órgano Judicial, Ministerio Público, la Autoridad Nacional de Aduanas y demás estamentos de seguridad pública. La sanción para esta forma del delito es de dos años de prisión.

Por último, queremos manifestar que esta clase de actos criminosos constituyen delitos de agresión, los cuales implican una fuerte afectación para el cuerpo físico y la mente de todo ser humano, constituyéndose, además, en figuras delictivas de fuerte impacto social, puesto que afecta el valor de la tolerancia entre los seres humanos. En el próximo artículo estaremos de vuelta al feminicidio haciendo un breve análisis de la condición actual de la mujer en Panamá, cómo y por qué está siendo objeto de la delincuencia organizada y trata de personas.

Extinción y Prescripción en el delito

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La identificación de términos como extinción y prescripción en el delito son fundamentales. Esto se basa en los aspectos siguientes: primero, la prescripción implica una forma de extinción, la misma consiste en el transcurso del tiempo, establecido en la norma penal, para la realización de algo. Es decir, el período de tiempo de vida legal ya finalizó. (art. 115 numeral 6, del código penal panameño). Segundo, en todo delito debemos analizar el concepto de prescripción desde dos perspectivas, siendo estas de carácter penal y procesal penal. Con respecto a la de carácter penal, la misma se refiere al momento de prescripción de la pena. Esto hace referencia a conocer en qué momento la pena impuesta por el juez de conocimiento, en la sentencia, finaliza. La respuesta a esta interrogante la encontramos en el art. 119 de la excerta legal citada, en la cual se establece: la pena establecida en una sentencia ejecutoriada (hace tránsito a cosa juzgada; por consiguiente, no admite recurso legal en contra que pueda cambiar su contenido), prescribe a partir del momento en que la misma se cumple. Por ejemplo: al Señor Z se le condenó, mediante sentencia ejecutoriada, a veinte años de prisión, por el delito de homicidio. Una vez, transcurrido los veinte años, la pena de prisión prescribe y, por lo tanto, se extingue.

En este mismo orden de ideas, el texto legal en comento, indica que en aquellos en casos en los cuales el juez ha establecido sanción de días-multas o, de arrestos de fines de semanas, la pena prescribe a los tres años. Sin embargo, con relación al aspecto de carácter procesal penal, la situación varía, ya que ésta hace alusión al período de tiempo que tiene la víctima para interponer, ante la autoridad competente, la acción penal que pueda motivar el inicio del proceso penal, mediante el cual podrá ver resarcido sus derechos humanos violentados. Esta condición nos conduce al artículo 115, numeral 3, del código procesal penal (Título IV. La Acción. Capítulo I: Acción Penal. Sección 2a: Extinción de la acción penal). En cuanto al período de tiempo que tiene la víctima para interponer la acción penal, antes de su prescripción, lo establece el art. 116, del mencionado código procesal penal, dándose esto en las situaciones siguientes: una vez transcurrido el tiempo equivalente a la pena máxima del delito del cual se ha sido víctima. Por ejemplo: la Señora X, fue víctima de hurto con abuso de confianza, el día 17 de diciembre de 2021. Esta figura delictiva se encuentra tipificada en el artículo 214 del código penal y tiene como pena máxima 10 años de prisión. Entonces, la Señora X, tendrá diez años, contados a partir del día en que se cometió el hecho para interponer una acción penal.

En aquellos casos en que los delitos no conlleven pena de prisión, entonces la víctima tiene tres años, para interponer la acción penal, antes de que ésta prescriba.

Lo antes expuesto varía en delitos como el peculado, entre otros.

El femicidio y la violencia

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En días pasados, me preguntaban con insistencia sobre diferentes situaciones que habían estado publicando los distintos medios de comunicación en el país, sobre acontecimientos de diversa naturaleza en los cuales habían estado involucradas mujeres y, la pregunta siempre es la misma: ¿es esto femicidio?, ¿en este caso es víctima la mujer?, ¿qué se puede hacer para ayudar a la mujer? Esperando tener como respuesta sí, estamos ante la presencia del femicidio o estamos ante la presencia de una violencia de género. Sin embargo, cuando me escuchan decir que no, pareciera que la persona sufre una gran desilusión.

Es por ello, importante considerar como principal ayuda a la mujer panameña y del mundo entero, el informarla y capacitarla en materia de sus derechos, deberes y las principales normas jurídicas del país, entre las cuales podemos mencionar la Constitución Política de Panamá y el Código Penal.

Toda persona debe partir de la premisa que todo ser humano posee derechos y deberes establecidos legalmente y, además, debemos entender las diferentes clases de consecuencias jurídicas derivadas de nuestro comportamiento independientemente de nuestra pertenencia de género. Por favor, no pretendamos que solamente por ser mujeres podemos llevar a cabo conductas que afecten los intereses de terceros.

Lo primero que se debe hacer cuándo se ha cometido una conducta delictiva es indagar sobre los hechos ocurridos a través de las evidencias que nos puedan llevar a identificar qué sucedió, cómo sucedió y quiénes fueron afectados por lo sucedido. Sin embargo, no debemos olvidar que en aquellos casos en que la figura delictiva realizada se ha llevado a cabo en virtud de relaciones desiguales de poder, a través de las cuales la parte dominante debido a su poderío económico, político, social y religioso ha afectado a la mujer, independientemente de la edad que ésta posea, nos encontramos ante la presencia del delito de feminicidio y, en aquellos casos en que dicha conducta ha traído como consecuencia la muerte de la mujer, estaremos entonces ante la presencia del delito de femicidio.

Lastimosamente, nuestra legislación penal, aunque es un avance el hecho de tipificar el delito de femicidio, no se encuentra a la vanguardia en cuanto a la defensa jurídica de la mujer, puesto que aún no se ha atrevido a elevar al concepto de feminicidio dicha figura delictiva.

En atención a lo antes planteado y tomando en consideración las interrogantes con las cuales inicié este artículo de opinión, he considerado poner en acción la estrategia de ayuda, a toda la población, en especial a la mujer panameña, mediante la presentación semanal del código penal panameño, aunque lo hemos venido haciendo, pero, en esta ocasión, lo realizaremos en forma sistematizada, empezando la próxima semana con el conocimiento de nuestra ley penal, su alcance, su contenido y poco a poco iremos presentando en contexto con esta normativa penal, la figura del femicidio y, en qué forma el mismo continúa colocando en desventaja a la mujer.

Recordemos: solamente el conocimiento nos hará libres.

Responsabilidad civil y delito

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El famoso escritor español, Miguel De Cervantes Saavedra, autor del inolvidable El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, señaló alguna vez ‘Los delitos llevan a las espaldas el castigo’. Esto es una gran verdad, puesto que la comisión de toda figura delictiva genera como consecuencia una responsabilidad tanto penal como civil. Esta última se encuentra regulada en el Libro Primero (La ley penal en general), Título VII (Responsabilidad Civil), Capítulo I (Personas que responden civilmente), en los artículos que van del 128 al 130, del Código Penal Panameño. Esto en concordancia con el Libro Primero (Disposiciones Generales), Título IV (La Acción), Capítulo II (Acción Restaurativa), artículo del 122 al 125 del Código Procesal Penal Panameño.

La responsabilidad civil, en materia penal, implica la obligación de dar alguna cosa como resultado de la comisión de una figura delictiva (arts. 973 y 977 del código civil panameño). De tal manera, esta responsabilidad civil derivada del delito se constituye en una obligación que debe ser saldada, según sean las circunstancias por cualesquiera de los sujetos siguientes (arts. 128-129): aquellos a quienes el juez haya identificado a través de sentencia ejecutoriada como culpables por la realización del hecho punible ya sea en calidad de autor, instigador o, de partícipe (cómplice); a todo aquel que haya sido favorecido con un eximente de culpabilidad (señalados en los artículos del 39 al 42-A del código penal); toda persona beneficiada por el estado de necesidad siempre y cuando no se haya favorecido patrimonialmente; toda persona a quien la extinción de la pena o de la acción penal le haya beneficiado. Es decir, cada una de las personas mencionadas tienen el compromiso legal de cumplir con indemnizar por los daños y perjuicios ocasionado como resultado del hecho punible realizado.

En este mismo orden de ideas, es importante destacar que los artículos 128 y 129 del código penal se aplican en concordancia con los artículos 1644 y 1645 del código civil panameño, estableciendo, entre otras cosas, aspectos como los siguientes: el concepto de daño material y daño moral, entendiendo por este último la afectación final sufrida por la víctima en cuanto a su buen nombre ante la sociedad y su vida privada (sentimientos, decoro, honor, reputación, imagen física); el daño moral debe ser indemnizado en dinero, el cual deberá ser establecido por el juez tomando en consideración: situación económica tanto de la víctima como del victimario, los derechos del lesionado (magnitud de la lesión ocasionada) y el grado de responsabilidad. Además, si el daño ocasionado consistió en un ataque directo al honor de la persona el juez deberá ordenar, entre otros aspectos, la publicación del extracto de la sentencia a través de la cual se restituye su honor. De igual forma, se establece la responsabilidad solidaria que tienen los padres ante los perjuicios causados por los hijos menores o incapacitados bajo su autoridad; y los dueños de locales o empresas por daños ocasionados en ellos por sus empleados.

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© Doctora Julia Sáenz 2018