Corrupción

Seguridad social y peculado

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Panamá es un país con una historia política interesante. Sin embargo, la patria se ha visto mancillada por la gran mayoría de sus gobernantes, quienes han depuesto sus intereses personales ante los de la nación. Siendo uno de los ejemplos más notorios, el caso de la seguridad social reflejado en la actual situación de la Caja del Seguro Social.

Iniciamos con la premisa siguiente: la seguridad social es un derecho humano consagrado como tal, en el art. 22, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el art. 113 de la Constitución Política de la República de Panamá.

Este, a su vez, consiste en el derecho al bienestar que tiene todo individuo. Entendiendo por bienestar el vivir en óptimas condiciones sociales, económicas y de salud que le permitan a todo ser humano desarrollar cada una de las facetas de su vida con dignidad humana. Esto implica, por parte del Estado, la obligación de proveerle a la sociedad un conjunto de estrategias que le faciliten asegurarse en situaciones como vejez, maternidad, salud, accidentes laborales, entre otros.

Es decir, la seguridad social constituye parte de la función pública de todo Estado. De manera tal, que esta seguridad social se conforma como un seguro a través del cual el ciudadano paga una cuota que a su vez supone un ahorro, el cual será utilizado a futuro y en aquellas situaciones en que el asegurado lo requiera, siendo las más comunes: salud, maternidad, vejez y riesgo profesional.

Para lograr esta función pública el Estado designa, entre otras instituciones, a la Caja del Seguro Social. Lastimosamente, en Panamá, esta entidad se ha convertido en la caja menuda del Estado, la misma ha sido objeto de grandes desfalcos.

Recordemos el gran peculado en perjuicio de la Caja del Seguro Social en el año de 1982, escándalo que acaparó los titulares de los diferentes medios de comunicación de aquella época y trajo como consecuencia grandes protestas en la calle, por parte de sindicatos, estudiantes, gremios, etc.

En la actualidad, no sabemos con certeza qué esta sucediendo con la Caja del Seguro Social y, por consiguiente, surgen en nosotros varias interrogantes, entre las cuales podemos mencionar algunas, tales como: por qué los hospitales que integran la C.S.S. se encuentran en condiciones críticas; por qué una persona que paga su seguro social necesita contar con un seguro médico privado para lograr asegurar un mejor servicio de salud; por qué se habla de la posible falta de dinero para cubrir en los próximos años el programa de jubilación.

Delitos contra la honradez del sufragio

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El pensamiento expuesto en el párrafo que antecede me hace sentir cierto grado de inquietud con relación a la honradez del sufragio

El político, historiador y abogado peruano, quien murió a la edad de 104 años, Javier de Belaúnde Ruíz Somocurcio, señaló lo siguiente: 'En la función pública es fundamental el imperio de la honradez y la capacidad, cualidades que son fundamentales para la vigencia de una democracia, porque la corrupción de los pueblos nace del mal ejemplo proporcionado por legisladores y gobernantes.'

El pensamiento expuesto en el párrafo que antecede me hace sentir cierto grado de inquietud con relación a la honradez del sufragio en la próxima contienda electoral; puesto que, en la actualidad, se ha elevado el nivel de corrupción, en todos los sectores del Estado panameño, tanto a nivel del sector público como del sector privado. El sufragio es un deber y derecho que comprende un período antes y después de la votación. En cuanto al antes, esto se refiere a la forma cómo el candidato o candidata aborda a su elector y cómo este último, responde a su llamado. Con respecto al después de la votación, esto se debe al efecto que se tendrá en cuanto a la calidad de los diputados y gobernantes del país, quienes han surgido producto de ese sufragio. Es por ello, que, a través del Código Electoral en su Título VIII (Delitos, Faltas Electorales, Faltas Administrativas y Sanciones Morales), Capítulo I (Delitos contra la Libertad y Pureza del Sufragio), Sección 2a (Delitos contra la Honradez del Sufragio), en los artículos que van del 468 al 474, se enumeran las diferentes conductas ilícitas que constituyen delitos contra la honradez del sufragio.

Los delitos contra la honradez del sufragio consisten en todas aquellas acciones (que pueden ser realizadas por el electorado o por los candidatos a elección popular) que afectan el normal desenvolvimiento del proceso electoral. Por ejemplo, la legislación electoral panameña establece como formas del delito contra la honradez del sufragio las siguientes: la persona que emite un voto sin tener derecho a ello; entregarle al elector boletas de votación, ya sea dentro o fuera del centro de votación pero, quien la entrega las ha obtenido en forma ilícita; realizar declaraciones falsas bajo gravedad de juramento, ante cualquier autoridad de la jurisdicción electoral; hacer declaraciones falsas al momento de realizar los trámites para obtener un documento de identidad personal; impedir que los ciudadanos concurran a ejercer su derecho al sufragio (emitir su voto, votar); falsificar, alterar o adulterar la cédula de identidad personal con el propósito de producir fraudes electorales; suplantar la identidad de una persona, de igual manera, para cometer fraude electoral; hacer circular o expedir cédulas falsas o duplicadas, siempre con la finalidad clara y evidente de contribuir con el fraude electoral; el un'candidato determinado'o, à partidos politicos legaimenté constituidos o, en formación; obligar de manera directa o indirecta a que un ciudadano se inscriba o renuncie a un determinado partido político; llevar a cabo todo tipo de campañas o propagandas de naturaleza proselitista dentro de los edificios públicos; el uso indebido de los símbolos distintivos del Tribunal Electoral y de la Fiscalía Electoral; permisos otorgados, por funcionarios electorales que permitan a personas que no aparecen en los padrones electorales, emitir su voto; toda acción que implique el vender el voto, u obtener a cambio de este, cualquier tipo de objeto material o dinero; el hacerse empadronar en el censo electoral o inscribirse en el registro electoral pero, en un corregimiento distinto en el que realmente reside.

Por último, encontramos una de las conductas ilícitas más comunes en el período electoral, como es el caso de quienes compran o solicitan voto por pago o promesa de dinero u objetos materiales para el elector. Es común observar, a los candidatos repartir, durante el período de campaña política: bolsas de comidas, materiales de construcción para finalizar arreglos en la vivienda de los electores, etc. Esta modalidad es aceptada por la población, quedando comprometida a emitir su voto a favor de esa figura política, sin tomar en cuenta, si tiene el perfil adecuado para ocupar ese cargo público.

Delitos electorales

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Todos los días, podemos observar a través de los diferentes medios de comunicación como el fenómeno de la corrupción invade todos los sectores de la sociedad panameña, entre ellos el ámbito de la política.

Es decir, la corrupción entendida, en palabras sencillas, como el ánimo de dañar una cosa, se traspasa a todos los aspectos de la vida cotidiana y de convivencia entre la sociedad, sus miembros y el Estado. Siendo uno de estos sectores el correspondiente a la vida política del país.

De tal manera, hoy día, podemos hablar de la existencia de una corrupción política enfocada a la actividad electoral de un país, específicamente al sufragio y, a la administración de la justicia electoral.

Es importante señalar la poca visibilidad en torno a la estadística criminal en cuanto a la existencia e incidencia de los delitos electorales. Como marco conceptual de estos, señalaremos lo siguiente: son todas aquellas conductas ilícitas que transgreden la función electoral, es decir, a todo aquello que conlleva la organización y coordinación de un proceso electoral.

Entendiéndose con esto, que son todas aquellas acciones que de manera fraudulenta o engañosa afecten, en forma ilícita, desde la creación de un partido político hasta la designación de todas aquellas personas naturales que han sido elegidas por votación popular para el ejercicio de un cargo público. De igual manera, estas son figuras delictivas que afectan los derechos políticos.

Los delitos electorales, en Panamá, se encuentran tipificados en el Código Electoral, en el Título VIII (Delitos, Faltas Electorales, Faltas Administrativas y Sanciones Morales), Capítulo I (Delitos contra la Libertad y Pureza del Sufragio), estructurado, a su vez, en las secciones siguientes: Delitos contra la Libertad del Sufragio (Sección 1a, artículos del 463 al 467), Delito contra la honradez del sufragio (Sección 2a, artículos del 468 al 474), Delitos contra la eficacia del sufragio (Sección 3a, de los artículos que van del 475 al 476), Delitos Contra la Administración de la Justicia Electoral (Sección 4, artículos del 477 al 482).

Dentro de las características principales que presentan estos delitos, hemos identificados las siguientes: primero, son hechos punibles cuyas conductas ilícitas afectan directamente a los derechos políticos y, a la función electoral. Segundo: los tribunales competentes para estos delitos corresponden a la Administración de Justicia Electoral. Tercero: el tipo penal es doloso, ya que el agente o sujeto activo realizan de manera consciente estas conductas, expresando a su vez, una autodeterminación de la voluntad y deseo de su realización. Cuarto: estos delitos son crímenes eminentemente materiales, ya que se requiere que los actos idóneos que conforman la conducta ilícita hayan tenido un resultado, que es el delito.

En los párrafos anteriores, hemos analizado brevemente el marco conceptual y legal de los delitos electorales. Sin embargo, nos queda pendiente realizar la reflexión siguiente: la comisión de los delitos electorales por parte del funcionario público que incumple los deberes que sus funciones le demandan, ya sea como dirigente político electo en elecciones populares, o, al ejercer funciones dentro del Poder Ejecutivo o Legislativo; o, simplemente como un ciudadano que vende su voto, porque piensa que recibiendo el dinero del candidato (futuro presidente, representante, diputado, alcalde, etc) y votándole en contra, está haciendo justicia, vengándose de estos personaje; todos, están contribuyendo a la existencia de corrupción política. Pero, sin darse cuenta que a través de la conducta realizada ellos mismos se están equiparando al personaje corrupto con quien están disconforme. Es decir, la corrupción política, en un momento dado puede arrastrar a cualquier ciudadano y funcionario público, quien no tenga una escala de valores y principios éticos, morales y espirituales bien afincados.

En la medida en que la población panameña comprenda la magnitud de su compromiso y deber como elector, en el próximo torneo electoral, el cual dará paso al cambio de la actual junta directiva que dirige al país, podrá marcar la diferencia en nuestra realidad panameña.

Finalizo mi escrito señalando lo siguiente: debemos conocer la normativa jurídica penal en relación a los delitos electorales, no solamente para saber los riesgos de incurrir en determinadas prácticas ancestrales al momento de votar, sino, para reflexionar sobre la actividad electoral y su relación con el desarrollo del país.

Soborno internacional y delincuencia organizada

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Cuando en un Estado los altos niveles de corrupción son manifiestos en todos los poderes de su estructura, esto constituye la radiografía de la avanzada metástasis que padece como persona jurídica y sociedad. Por consiguiente, aflora la presencia, entre otras cosas, de figuras delictivas como el soborno internacional y la delincuencia organizada.

Esto no quiere decir, la inexistencia de otros delitos; por el contrario, explica el por qué, de la existencia de toda clase de conductas ilícitas que guardan relación con los diferentes tipos penales (hechos punibles) presentes en el Libro Segundo (Los delitos), del código penal panameño. Por ejemplo, la delincuencia organizada, regulada en el art. 328-A, Capítulo VII (Delincuencia Organizada), Título IX (Delitos contra la Seguridad Colectiva), Libro Segundo (Los Delitos).

Este crimen consiste en una afectación a la seguridad colectiva que implica pertenecer a un grupo delictivo que está estructuralmente organizado y del cual el agente o sujeto activo forma parte, con la finalidad de realizar delitos previamente establecidos, siendo cada uno de estos una clase o tipo de delincuencia organizada, dentro de los cuales podemos mencionar los siguientes: blanqueo de capitales, delitos relacionados con drogas, precursores y sustancias químicas, trata de personas, tráfico de personas y tráfico de órganos, tráfico ilegal de armas, municiones y explosivos, terrorismo y financiamiento de terrorismo, explotación sexual comercial y pornografía con personas menores de edad, secuestro y extorsión, homicidio y lesiones graves físicas o psíquicas, hurto y robo de vehículos, sus piezas y componentes, manipulación genética, piratería, delitos financieros, delitos contra la Administración Pública, delitos contra la propiedad intelectual, delitos contra la seguridad informática, delitos contra el ambiente, asociación ilícita, delitos contra el patrimonio histórico de la nación, falsificación de moneda y otros valores.

Entendiéndose que este es un delito de carácter formal, ya que se constituye con el formar parte de este tipo de organización criminal, aunque no se haya realizado ninguno de los delitos antes mencionados. Este tipo penal en su modalidad simple tiene una punibilidad que va de quince hasta treinta años de prisión. Sin embargo, cuando estamos ante la presencia agravada, la pena aumenta hasta la mitad; esta condición solamente se da si el sujeto activo es un servidor público (tendrá, además, como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un tiempo correspondiente al doble del tiempo de prisión); si se utiliza a una persona menor de edad para cometer el hecho punible; y, si el victimario o sujeto activo realiza actividades de mando y liderazgo dentro de la organización. Ejemplo: jefe, administración, supervisión, etc.

Una de las clases o formas de la delincuencia organizada es la de los delitos contra la administración pública y dentro de esta se encuentra el delito de corrupción de servidores públicos, siendo una forma de corrupción: el soborno internacional tipificado en el artículo 350 del texto legal citado. Esto implica que, en todos aquellos casos como Odebrecht, Blue Apple, Meco, entre otros; los cuales constituyen formas del delito de corrupción de servidores públicos conlleva la existencia del crimen organizado, puesto que detrás del o los sujetos activos existe toda una estructura criminal a nivel nacional e internacional y en la cual participan actores de todos los sectores de la sociedad: público y privado. Debemos tener claro que cuando se dan este tipo de figuras delictivas, conocemos solamente a la persona quien se encontraba frente a la operación. Sin embargo, desconocemos a qué intereses responden estos victimarios.

Por último, sería interesante reflexionar sobre estrategias de prevención de estos delitos: primero y más urgente, es fundamental definir mejor el perfil del servidor público, no solamente a nivel profesional o técnico, sino en atención a su salud social. Segundo, reestructurar la normativa jurídica penal en materia del delito de corrupción de servidores públicos, delincuencia organizada y asociación ilícita. Tercero, fortalecer la Antai. Cuarto, impulsar la política de gobierno abierto mediante mecanismos de independencia del trabajo de evaluación a los planes de gobierno. Quinto, trabajar a nivel comunitario programas de tolerancia cero a la corrupción.

Resiliencia y Delitos Funcionariales

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La palabra resiliencia parece estar de moda en estos tiempos y es utilizada en todas las áreas del acontecer mundial. Este término hace referencia a la capacidad que tenemos a nivel individual, como ser humano y, a nivel de grupo, como sociedad, para superar situaciones difíciles por las cuales hubiesen atravesado, pero, además, esta capacidad se extiende hasta la posibilidad de olvidar el acontecimiento que ocasionó el trauma y, a este último. Sin embargo, hemos podido advertir un efecto nocivo con respecto a la resiliencia y los delitos funcionariales en Panamá. Situación que explicamos de la siguiente manera: empecemos por determinar el marco conceptual de los delitos funcionariales. Estos se refieren a las conductas ilícitas realizadas por un servidor público, en el ejercicio de sus funciones, afectando con esto a la administración pública. Este comportamiento ilícito implica la presencia, entre otras cosas, de los siguientes aspectos: primero, en cuanto a la intencionalidad del agente, esta es directa, puesto que entiende la ilicitud del acto, lo acepta y lo considera necesario para lograr un resultado final específico el cual motiva su conducta; segundo, el sujeto activo o victimario, tiene como característica fundamental el ser servidor público, lo cual le constituye en un sujeto determinado; tercero, la conducta realizada por el agente o victimario trae como consecuencia la afectación de la Administración Pública como un bien jurídico principal, pero, en algunas ocasiones estos delitos se pueden apreciar bajo otras figuras que no son considerados delitos contra la administración pública, como por ejemplo: delitos contra la libertad individual, delincuencia organizada, etc. Cuarto, son delitos cuya comisión implican un fuerte impacto social y violencia institucional.

En principio, podemos identificar los delitos funcionariales dentro del Título X (Delitos contra la Administración Pública): Peculado (arts. 338-344); Corrupción de Servidores Públicos (arts. 345 -350); Enriquecimiento Injustificado (arts. 351); Concusión y Exacción (arts. 352–353); del Libro Segundo (Los Delitos), del Código Penal Panameño.

La sociedad panameña debe desaprender lo que implica el concepto de resiliencia cuando nos encontramos ante la presencia de delitos funcionariales como: peculado y enriquecimiento injustificado. Además, es importante recordar los lineamientos del artículo 116, del código procesal penal panameño, en el cual se establece como plazo de prescripción para la acción penal, ante estos delitos, un plazo igual al doble de la pena máxima establecida para cada uno de los hechos punibles antes mencionados. Por ejemplo: el delito de enriquecimiento injustificado conlleva como pena máxima, en su modalidad de tipo penal básico (sin agravantes) seis años de prisión. Es decir, que todo ciudadano tendría hasta doce años, contados a partir del momento en que finalizan sus funciones como servidor público. En aquellos casos de enriquecimiento injustificado agravado, la pena máxima es de doce años de prisión, entonces la acción penal prescribirá a los veinticuatro años.

Recordemos siempre el compromiso histórico que tenemos como panameños con nuestro país, no olvidemos los gobiernos corruptos que han imperado y siguen imperando en Panamá, actuemos legalmente al respecto.

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© Doctora Julia Sáenz 2018