delincuencia organizada

Soborno internacional y delincuencia organizada

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Cuando en un Estado los altos niveles de corrupción son manifiestos en todos los poderes de su estructura, esto constituye la radiografía de la avanzada metástasis que padece como persona jurídica y sociedad. Por consiguiente, aflora la presencia, entre otras cosas, de figuras delictivas como el soborno internacional y la delincuencia organizada.

Esto no quiere decir, la inexistencia de otros delitos; por el contrario, explica el por qué, de la existencia de toda clase de conductas ilícitas que guardan relación con los diferentes tipos penales (hechos punibles) presentes en el Libro Segundo (Los delitos), del código penal panameño. Por ejemplo, la delincuencia organizada, regulada en el art. 328-A, Capítulo VII (Delincuencia Organizada), Título IX (Delitos contra la Seguridad Colectiva), Libro Segundo (Los Delitos).

Este crimen consiste en una afectación a la seguridad colectiva que implica pertenecer a un grupo delictivo que está estructuralmente organizado y del cual el agente o sujeto activo forma parte, con la finalidad de realizar delitos previamente establecidos, siendo cada uno de estos una clase o tipo de delincuencia organizada, dentro de los cuales podemos mencionar los siguientes: blanqueo de capitales, delitos relacionados con drogas, precursores y sustancias químicas, trata de personas, tráfico de personas y tráfico de órganos, tráfico ilegal de armas, municiones y explosivos, terrorismo y financiamiento de terrorismo, explotación sexual comercial y pornografía con personas menores de edad, secuestro y extorsión, homicidio y lesiones graves físicas o psíquicas, hurto y robo de vehículos, sus piezas y componentes, manipulación genética, piratería, delitos financieros, delitos contra la Administración Pública, delitos contra la propiedad intelectual, delitos contra la seguridad informática, delitos contra el ambiente, asociación ilícita, delitos contra el patrimonio histórico de la nación, falsificación de moneda y otros valores.

Entendiéndose que este es un delito de carácter formal, ya que se constituye con el formar parte de este tipo de organización criminal, aunque no se haya realizado ninguno de los delitos antes mencionados. Este tipo penal en su modalidad simple tiene una punibilidad que va de quince hasta treinta años de prisión. Sin embargo, cuando estamos ante la presencia agravada, la pena aumenta hasta la mitad; esta condición solamente se da si el sujeto activo es un servidor público (tendrá, además, como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un tiempo correspondiente al doble del tiempo de prisión); si se utiliza a una persona menor de edad para cometer el hecho punible; y, si el victimario o sujeto activo realiza actividades de mando y liderazgo dentro de la organización. Ejemplo: jefe, administración, supervisión, etc.

Una de las clases o formas de la delincuencia organizada es la de los delitos contra la administración pública y dentro de esta se encuentra el delito de corrupción de servidores públicos, siendo una forma de corrupción: el soborno internacional tipificado en el artículo 350 del texto legal citado. Esto implica que, en todos aquellos casos como Odebrecht, Blue Apple, Meco, entre otros; los cuales constituyen formas del delito de corrupción de servidores públicos conlleva la existencia del crimen organizado, puesto que detrás del o los sujetos activos existe toda una estructura criminal a nivel nacional e internacional y en la cual participan actores de todos los sectores de la sociedad: público y privado. Debemos tener claro que cuando se dan este tipo de figuras delictivas, conocemos solamente a la persona quien se encontraba frente a la operación. Sin embargo, desconocemos a qué intereses responden estos victimarios.

Por último, sería interesante reflexionar sobre estrategias de prevención de estos delitos: primero y más urgente, es fundamental definir mejor el perfil del servidor público, no solamente a nivel profesional o técnico, sino en atención a su salud social. Segundo, reestructurar la normativa jurídica penal en materia del delito de corrupción de servidores públicos, delincuencia organizada y asociación ilícita. Tercero, fortalecer la Antai. Cuarto, impulsar la política de gobierno abierto mediante mecanismos de independencia del trabajo de evaluación a los planes de gobierno. Quinto, trabajar a nivel comunitario programas de tolerancia cero a la corrupción.

Feminicidio y movimientos migratorios

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El delito de feminicidio no está contemplado en la legislación penal panameña, siendo esto una debilidad en la técnica penal legislativa utilizada por el legislador patrio. Es decir, contamos solamente con la denominación de femicidio la cual hace referencia exclusivamente a la muerte de una mujer. Sin embargo, el feminicidio implica los aspectos siguientes: primero, la muerte de una mujer como resultado de relaciones desiguales de poder en la cuales ella está ubicada en la posición de desventaja con respecto a su agresor o victimario. Segundo: la no existencia tanto de reglamentación jurídica como de mecanismos legales a nivel de Estado, los cuales le brinden a la mujer una protección a sus derechos humanos en igual de condiciones con relación al hombre. Tercero: la no aplicación, por parte del servidor público, de las garantías jurídicas con respecto a los derechos de las mujeres, teniendo o no el conocimiento de la existencia de las mismas. La presencia de estos aspectos constituye en su conjunto el delito de feminicidio, convirtiéndolo, además, en un delito sistémico circunstanciado. Es decir, esta es una conducta ilícita resultante de la combinación de factores criminógenos, tanto endógenos como exógenos, y de los diferentes sistemas que conforman la estructura gubernamental que constituyen el Estado. Dentro de esos sistemas podemos mencionar los siguientes: político, económico, social, religioso, cultural, entre otros.

Por otra parte, tenemos los movimientos migratorios de un país a otro con la finalidad de cambiar de residencia, para obtener con ello mayores oportunidades de empleo, de subsistencia y, con ello, una mejor calidad de vida. Por consiguiente, la mujer, en la mayoría de los países de América Latina, forma parte de esos movimientos migratorios de los cuales se convierte en la principal víctima. Por ejemplo: el trato ilícito de migrantes, trata de personas, todo tipo de abusos sexuales (violación carnal, abusos deshonestos, entre otros).

Es importante señalar que los movimientos migratorios constituyen un medio para la comisión directa e indirecta del delito de feminicidio en perjuicio de mujeres de todas las edades, ya que se encuentran en una situación de total desventaja con relación al hombre quien, es a su vez, el representante de las organizaciones de delincuencia organizada que subyace en la proliferación del fenómeno migratorio.

Lo expuesto en párrafos anteriores lo fundamentamos en lo siguiente: los movimientos migratorios que implican cambio de residencia a un país extranjero, conllevan -en su mayoría- la inexistencia de políticas públicas integrativas que formen parte de una Política Criminal de Estado, en la cual se deja entrever la presencia del crimen organizado en todos sus niveles, pero, principalmente a nivel de gobierno y de la iglesia, teniendo como principal víctima a la niñez y a la mujer en todas sus edades, trayendo como resultado el delito de feminicidio con connotaciones de delitos de lesa humanidad, en los que lastimosamente la mujer no podrá lograr una justicia restaurativa, ya que no existirá ningún momento en el cual ella pueda reclamar sus derechos.

Tráfico de menores

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En la actualidad los titulares de todos los medios de comunicación a nivel mundial están enfocados en la pandemia covid-19. Sin embargo, existe una pandemia mayor y con efectos insubsanables como lo es el tráfico de personas menores de edad. Esta figura delictiva consiste en la realización de cualquier forma de actividad mercantil de carácter ilícita mediante la cual el agente o sujeto activo utiliza como objeto de comercio a un menor de edad, entendiendo por este a una persona de uno u otro sexo, que se encuentra entre los 0 meses hasta los 17 años con 11 meses de edad, para realizar con él cualquiera de las conductas siguientes: entregarlo con fines ilícitos a personas distintas a sus progenitores, a quien sobre ellos ejerza su guarda y crianza o, personas distintas a las autorizadas para recibirlos; vender, ofrecer, entregar, transferir o aceptar a un menor de edad, a cambio de cualquier clase de remuneración o recompensa; el realizar bajo el amparo de situaciones simuladas traslados a menores de edad con la finalidad de explotarlos sexualmente, someterlos a ser víctimas de extracción de sus órganos, trabajo forzado, servidumbre.

De igual manera, constituye una forma de conducta ilícita para esta clase de delitos, el tratar de obtener el consentimiento de los padres, para algunas de las conductas mencionadas, a través de medios fraudulentos.

En el código penal panameño, este tipo de figuras delictivas se encuentran contempladas en el Libro Segundo (Los Delitos), Título V (Delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil), Capítulo III (Delitos contra la identidad y tráfico de personas menores de edad), en los artículos que van del 206 al 208.

Desde otra perspectiva, debemos tomar en cuenta que el delito de tráfico de personas menores de edad es un delito trasnacional, al considerarse un delito contra la humanidad puesto que es una forma agravada de la trata de personas, contemplado a su vez, en el Título XV (Delitos contra la humanidad), artículo 456-A, numeral 1, de la excerta legal citada. De igual forma, esto se aplica en concordancia con uno de los Protocolos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, denominado «Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños», específicamente su artículo 3, literales a) y c), en los cuales se deja claramente establecido que se considera trata de personas a todos aquellos casos en los cuales se realicen conductas relacionadas a la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de un menor de edad con fines de realizar con ellos toda clase de explotación, aun cuando no exista, de por medio, la obtención de algún pago o beneficio.

A nivel mundial y Panamá no se escapa de estas estadísticas, la trata de menores de edad alcanza cifras inimaginables, ya que esta actividad ilícita, que en su gran mayoría tiene connotaciones sexuales, está protegida por sectores de la población con alto poder político, económico y religioso.

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© Doctora Julia Sáenz 2018