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Reflexiones sobre la situación actual en Panamá

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Leyendo unos escritos de Juan Bautista Alberdi, gran político, abogado y escritor argentino del siglo XIX, encontré el pensamiento siguiente: «No hay libertad para el hombre donde su seguridad, su vida y sus bienes están a merced del capricho de un mandatario». Esta lectura me condujo a realizar un profundo análisis sobre la situación que acontece actualmente en Panamá, llevándome a la lectura de la Constitución Política específicamente a su artículo 2, en el cual se establece claramente que el Poder Público es ejercido por el Estado a través de los tres Órganos que lo conforman: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero, deja claro dos aspectos importantes: primero, el Poder Público emana del pueblo y segundo, debe ejercerse en atención a los parámetros que para tales efectos establece la propia Carta Magna. Además, esta norma debe entenderse y aplicarse en concordancia con el artículo 183, numerales 2 y 3, del mismo texto legal, mediante el cual se indican como parte de las funciones del presidente de la República, quien preside el Órgano Ejecutivo, el de coordinar el funcionamiento de la administración y establecimientos públicos, procurando, además, la conservación del orden público. Esto quiere decir, que aunque los tres órganos del Estado son independientes entre sí, deben trabajar en coordinación y armonía pero, entendiendo que existe un jefe de Estado que dirige la junta directiva del país, en atención a una hoja de ruta que ha trazado de conformidad con un Plan de Trabajo que presentó durante su campaña al país y que su población aprobó, desde el momento en que confió en él, dándole el voto de confianza en las urnas electorales.

Lastimosamente, lo expuesto en el párrafo que antecede no se ha logrado por diferentes situaciones acaecidas a lo largo de este mandato presidencial debido a diversas causas, siendo alguna de estas de carácter fortuito, como el caso de la pandemia vivida y otras, que han sido el resultado de la falta de visión y de experiencia en el liderazgo político; asesorías jurídicas y de imagen pública totalmente erradas; graves faltas en la identificación del perfil adecuado de la gran mayoría de los funcionarios públicos quienes ejercen actualmente altos cargos; la percepción ciudadana y de la comunidad internacional de fuertes problemas de corrupción a nivel de todos los sectores. Sin embargo, en mi condición de educadora, soy una convencida de que todo ser humano, es rescatable, puesto que una vez percibido el error es capaz de enderezar el rumbo. En el caso actual de Panamá, solamente se lograría mediante la declaratoria de inconstitucionalidad por comisión de fondo y forma, del contrato ley minero 406, mediante fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia para que luego, esa misma sentencia se constituya en el fundamento jurídico que motive la derogación de dicho contrato ley en la Asamblea Nacional.

¡Señor presidente! Está a tiempo de escuchar con atención el clamor del pueblo y las opiniones de académicos ilustres.

Terrorismo y toma de rehenes

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En estos últimos días hemos tenido una gran cantidad de noticas a través de los diferentes medios de comunicación y redes sociales, con relación a una controversia que tiene matices históricos, entre el pueblo israelí y un sector del pueblo árabe. Sin embargo, no podemos advertir aún, quién o quiénes tiene la razón jurídica aunque si es factible determinar unas de las conductas ilícitas en las cuales han incurrido algunos de los actores que intervienen en este conflicto armado y bajo qué normativa jurídica se encuentran reguladas.

Por ejemplo: el lanzamiento de misiles, en forma desmedida y tomando por sorpresa a una población que se encontraba celebrando festividades religiosas, denota la premeditación, voluntad, deseo e intención directa de agredir a una población civil, la cual tiene como característica específica el encontrarse protegida por el Derecho Internacional Humanitario, mediante el IV Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y el Protocolo I Adicional de 1977. De tal manera, que al momento en que se afecta a la población con el lanzamiento de misiles se está cometiendo un acto terrorista y de igual forma, si como consecuencia de esta conducta ilícita un Estado u organización criminal se apodera de la población afectada para hacerle daño o mantenerla prisionera y bajo amenaza.

Es decir, el hecho de mantener en calidad de rehén a un grupo de personas es considerado un acto terrorista, en atención al art. 1, de la Convención Internacional contra la toma de rehenes. Estos actos terroristas son considerados crímenes internacionales cuya realización afectan directamente a la humanidad, tornándose imprescriptible y, además, surgiendo la posibilidad de llevarlos ante los organismos de justicia internacional.

Por otra parte, nos encontramos ante la respuesta del pueblo israelí frente a los ataques terroristas de los cuales ha sido víctima. Es imprescindible señalar que el mismo actuó amparado por circunstancias eximentes de responsabilidad penal debidamente establecidas en el artículo 31, del Estatuto de Roma, identificada como defensa propia, puesto que esta respondiendo ante un ataque inminente y cruel, por parte de la organización terrorista, quien ha manifestado con los actos perpetrados, la intención y conocimiento de la conducta llevada a cabo y de los efectos de destrucción y daño generados, a personas inocentes quienes se encontraban en una condición de desventaja, por parte de su agresor.

Por último, cabe resaltar que no solamente nos encontramos ante la presencia del delito de terrorismo sino de figuras delictivas como delincuencia organizada, delitos contra la personalidad internacional del Estado, debido a que estos actos de agresión en perjuicio del Estado de Israel conllevan una afectación directa a su soberanía e independencia como país. También, podemos advertir, entre otras cosas, el delito de genocidio.

Consideramos que este tipo de acciones delictivas afectan a la comunidad internacional en términos generales, ya que pone en riesgo intereses jurídicos como la seguridad colectiva, a nivel global, con la posible llegada de un conflicto bélico mundial, con la participación de las principales potencias.

Trata de personas y blanqueo de capitales

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En la actualidad, cuando escuchamos sobre el delito de blanqueo de capitales nos ubicamos específicamente en pensar como acción ilícita precedente a los delitos relacionados con drogas. Sin embargo, existen otros hechos punibles con igual o, mayor trascendencia e impacto social que el mundo del narcotráfico. En este caso, nos estamos refiriendo al delito de trata de personas.

Es importante que entremos en contexto a través de los aspectos siguientes: primero, debemos tener claro el concepto de blanqueo de capitales, para lo cual señalaremos que esta figura delictiva consiste, principalmente, en convertir en lícito (es decir, en legal) un dinero o cualquier otro bien de naturaleza financiera cuya procedencia es ilícita.

Segundo, la categoría de ilícita que contempla el blanqueo de capitales está previamente asignada por el código penal panameño, en su artículo 254, cuando enumera cuáles son las actividades ilegales, siendo una de ellas la trata de personas.

Como un punto aparte, debemos analizar previamente en qué consiste el delito de trata de personas, para lo cual damos la respuesta siguiente: es un delito de naturaleza transnacional, ya que su realización involucra a varios países; considerado, además, en Panamá, como un delito contra la humanidad, en los artículos que van del 456-A al 456-E, de la excerta legal citada. Este crimen puede entenderse como toda forma de comercializar con seres humanos, a través de actividades que denigran su dignidad humana. Por ejemplo: explotación sexual, matrimonio servil, adopción irregular, extracción ilícita de órganos, etc.

De lo expuesto anteriormente, podemos establecer como punto de relación entre la trata de personas y el blanqueo de capitales lo siguiente: si el señor H y la señora P, secuestran a infantes, de uno u otro sexo, para sacarlos de Panamá hacia otro país, como USA, para ofrecerlos a parejas que no pueden tener hijos, ofertándolos a un precio determinado en dólares o cualquier otra clase de moneda internacional y, luego, el dinero obtenido de esta transacción comercial es invertido en Panamá, para abrir un negocio, por ejemplo, un restaurante en el cual se advierte una gran clientela que le deja buenos dividendos a sus propietarios. Ese dinero, que se obtiene de la venta de alimentos, en un establecimiento que cumple con todos los requisitos que la ley establece, es blanqueo de capitales, por tener su origen en el delito de trata de personas.

Lastimosamente en Panamá, el delito de trata de personas ha ido incrementándose paulatinamente, aunado a la comisión de otros actos criminosos, como lo es el blanqueo de capitales, ambos forman parte de la gran estructura del crimen organizado. Esto implica, la participación en calidad de victimarios de personas pertenecientes a todos los sectores sociales, económicos y políticos del país, quienes, también guardan relación con personajes del exterior. Esto conlleva al diseño de grandes engranajes que facilitan y allanan el camino para la perpetración de este tipo de conductas que socavan con las bases y principios de la sociedad panameña.

Reflexiones sobre el mundo político

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El mundo entero está envuelto en una crisis política profunda, como resultado de los altos estándares de corrupción existentes en la comunidad internacional.

Tan solo ayer, advertíamos en todos los medios de comunicación, dos golpes de Estado: el primero, en la República del Perú, cuando el maestro rural Pedro Castillo disuelve el Congreso, hoy día se encuentra detenido por el delito de rebelión y conspiración, convirtiéndose su vicepresidenta y compañera de fórmula, la abogada Dina Boluarte, en la actual presidenta del Perú.

Considero oportuno recomendar a la colega, revisar las graves fallas en las cuales incurrió la también abogada, Jeanine Áñez Chávez, quien toma posesión del cargo de presidenta de Bolivia, luego del golpe de Estado a Evo Morales y una vez finalizado su mandato, es sentenciada a 10 años de prisión, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.

Hago esta referencia, por considerar que toda persona quien ocupe el cargo de primer mandatario de una nación debe caracterizarse por ser mesurado en su actuar y esto implica sensatez, experiencia, conocimiento y cordura al desempeñarse como presidente de un país. En este mismo orden de ideas, encontramos que se frustra un intento de golpe de Estado, en Alemania, por parte de posibles grupos terroristas, al mando del príncipe alemán Heinrich XIII.

Regresando a América, en Argentina, sentencian a 6 años de prisión, nada menos que a la actual vicepresidenta, la abogada Cristina Fernández viuda de Kirchner, por el delito de administración fraudulenta durante el período de tiempo 2003 – 2015. Sin embargo, estos no son los únicos casos, existen muchos más, a lo largo y ancho de nuestro continente americano, por ejemplo: México, Guatemala, Colombia, entre otros, inclusive, nuestro propio país. Esperemos que los acontecimientos antes expuestos, no se conviertan en una realidad espejo para el resto de América Latina y el mundo, en el cual pasa a un primer lugar, el hecho de aprovechar la oportunidad de gobernar, para lograr amasar grandes fortunas exclusivamente.

La importancia de analizar todo lo que sucede a nuestro alrededor, se fundamenta en varios aspectos: primero, Panamá, inicia en el año 2023, un año de movimiento político. Segundo, debemos analizar lo más objetivo que podamos a los posibles candidatos a presidente de Panamá, para así, de esta forma, tratar de minimizar los errores al momento de emitir nuestro voto en las elecciones del 2024.

La contienda electoral de 2024 se vislumbra muy difícil, en cuanto a la selección objetiva de la nueva junta directiva, de nuestro país, Panamá. Esto se debe a que no se aprecia a satisfacción el perfil político, académico y social, de los candidatos interesados en asumir el cargo de presidente de la república.

Por último, he de reconocer al sistema político de la democracia, como el sistema por excelencia para el crecimiento y desenvolvimiento pleno del ser humano. Si esto es así, debemos todos cuidar nuestra democracia. De tal manera, que esto conlleva analizar a profundidad a quién designaremos como futuro presidente o presidenta de Panamá.

Es por ello, que para no equivocarse o que nuestra decisión ocasione el menor daño posible, antes de dar nuestro apoyo a un candidato, observemos en él o ella, los aspectos siguientes: la salud mental y física, esta es una condición imprescindible, puesto que el cargo de presidente de un país, implica estar bajo un profundo estrés, constante viajes, entre otras cosas. Segundo, el haya permitido destacarse en su área de trabajo. Cuarto, la estructura familiar del candidato, puesto que esto definirá su campaña y mandato político. Todo esto es necesario para evitar hacer cierto, el pensamiento del premio Nobel de literatura, Jacinto Benavente, al decir: ‘Los pueblos débiles y flojos, sin voluntad y sin conciencia, son los que se complacen en ser mal gobernados.’ Esto quiere decir, no vendamos nuestro voto, no aceptemos dádivas por nuestro voto con la ilusión de obtener aquello que podemos lograr con esfuerzo y trabajo. Preparémonos a conciencia para la contienda electoral 2024 y cumplamos con nuestro derecho al voto.

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© Doctora Julia Sáenz 2018