Artìculos

Reflexiones sobre la situación actual en Panamá

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Leyendo unos escritos de Juan Bautista Alberdi, gran político, abogado y escritor argentino del siglo XIX, encontré el pensamiento siguiente: «No hay libertad para el hombre donde su seguridad, su vida y sus bienes están a merced del capricho de un mandatario». Esta lectura me condujo a realizar un profundo análisis sobre la situación que acontece actualmente en Panamá, llevándome a la lectura de la Constitución Política específicamente a su artículo 2, en el cual se establece claramente que el Poder Público es ejercido por el Estado a través de los tres Órganos que lo conforman: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero, deja claro dos aspectos importantes: primero, el Poder Público emana del pueblo y segundo, debe ejercerse en atención a los parámetros que para tales efectos establece la propia Carta Magna. Además, esta norma debe entenderse y aplicarse en concordancia con el artículo 183, numerales 2 y 3, del mismo texto legal, mediante el cual se indican como parte de las funciones del presidente de la República, quien preside el Órgano Ejecutivo, el de coordinar el funcionamiento de la administración y establecimientos públicos, procurando, además, la conservación del orden público. Esto quiere decir, que aunque los tres órganos del Estado son independientes entre sí, deben trabajar en coordinación y armonía pero, entendiendo que existe un jefe de Estado que dirige la junta directiva del país, en atención a una hoja de ruta que ha trazado de conformidad con un Plan de Trabajo que presentó durante su campaña al país y que su población aprobó, desde el momento en que confió en él, dándole el voto de confianza en las urnas electorales.

Lastimosamente, lo expuesto en el párrafo que antecede no se ha logrado por diferentes situaciones acaecidas a lo largo de este mandato presidencial debido a diversas causas, siendo alguna de estas de carácter fortuito, como el caso de la pandemia vivida y otras, que han sido el resultado de la falta de visión y de experiencia en el liderazgo político; asesorías jurídicas y de imagen pública totalmente erradas; graves faltas en la identificación del perfil adecuado de la gran mayoría de los funcionarios públicos quienes ejercen actualmente altos cargos; la percepción ciudadana y de la comunidad internacional de fuertes problemas de corrupción a nivel de todos los sectores. Sin embargo, en mi condición de educadora, soy una convencida de que todo ser humano, es rescatable, puesto que una vez percibido el error es capaz de enderezar el rumbo. En el caso actual de Panamá, solamente se lograría mediante la declaratoria de inconstitucionalidad por comisión de fondo y forma, del contrato ley minero 406, mediante fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia para que luego, esa misma sentencia se constituya en el fundamento jurídico que motive la derogación de dicho contrato ley en la Asamblea Nacional.

¡Señor presidente! Está a tiempo de escuchar con atención el clamor del pueblo y las opiniones de académicos ilustres.

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Declaración de inconstitucionalidad

Artìculos, Prensa Nacional

Noviembre, en Panamá, se le denomina Mes de la patria por ser precisamente en esta época del año, en que se libraron grandes gestas revolucionarias las cuales trajeron como consecuencia, en su momento, nuestra independencia de España (28 de noviembre de 1821) y la separación de la Gran Colombia (3 de noviembre de 1903).

Es de decir, estas son fechas en las que se conmemoran eventos trascendentales para el país y su población. Sin embargo, el momento por el cual está atravesando la nación está un poco distante de recordar con alegría triunfos pasados, puesto que se empañan con el Ecocidio (destrucción del ambiente panameno y del corredor mesoamericano) del cual está siendo víctima nuestro país, como resultado de la nefasta actuación de los tres poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial).

Por esta razón, considero oportuno y necesario hacer pública, con respecto a la declaratoria de inconstitucionalidad del contrato ley minero en discusión, los aspectos siguientes: primero, en cuanto a justicia constitucional, es de todos conocido que existe el principio de universalidad constitucional el cual, en palabras sencillas, consiste en que los actos demandados como inconstitucionales van a tener esta característica siempre que los mismos sean utilizados en cualquier tipo de acto celebrado con posterioridad a la declaratoria de inconstitucionalidad de los mismos, mediante fallo de la Corte

Suprema de Justicia.

Esto quiere decir, que el fallo de inconstitucionalidad fechado 21 de diciembre de 2017, emitido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, publicado en la Gaceta Oficial 29439, puede hacerse efectivo con respecto al contrato ley minero 406; en virtud de los efectos definitivos y para todos (erga omnes) que tiene este tipo de sentencias (art. 2573 del código judicial).

Segundo, lo expuesto en el párrafo anterior, se fundamenta en el hecho de que el principio de universalidad constitucional, presente en el artículo 2566, del código judicial panameño, contempla los aspectos siguientes: todos los actos, sucesos, hechos o acciones demandadas como inconstitucionales han sido analizadas en relación con todos y cada uno de los preceptos normativos que la Constitución Política de Panamá (en este caso) establece. Es decir, el contrato ley minero 406 continúa violando las mismas disposiciones constitucionales.

En este mismo orden de ideas, solamente que la Corte Suprema de Justicia fuese a verificar nuevas violaciones al texto constitucional, es cuando se hace necesario esperar el pronunciamiento sobre una nueva declaratoria de inconstitucionalidad.

Por otra parte, es importante saber que el magistrado o magistrada quien actúe en este fallo no debe contar con ninguna de las causales de impedimentos que establece el código judicial en su artículo 25/1, siendo una de ellas: tener él o su conyuge o cualquier pariente cercano interés en la decisión del fallo.

Conciudadanos, los invito a que reflexionen sobre las consideraciones planteadas anteriormente, en contexto con las atinadas palabras de Kofi

Annan «El conocimiento es poder. La información es libertadora. La educación es la premisa del progreso, en toda sociedad, en toda familia.»

Terrorismo y toma de rehenes

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En estos últimos días hemos tenido una gran cantidad de noticas a través de los diferentes medios de comunicación y redes sociales, con relación a una controversia que tiene matices históricos, entre el pueblo israelí y un sector del pueblo árabe. Sin embargo, no podemos advertir aún, quién o quiénes tiene la razón jurídica aunque si es factible determinar unas de las conductas ilícitas en las cuales han incurrido algunos de los actores que intervienen en este conflicto armado y bajo qué normativa jurídica se encuentran reguladas.

Por ejemplo: el lanzamiento de misiles, en forma desmedida y tomando por sorpresa a una población que se encontraba celebrando festividades religiosas, denota la premeditación, voluntad, deseo e intención directa de agredir a una población civil, la cual tiene como característica específica el encontrarse protegida por el Derecho Internacional Humanitario, mediante el IV Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y el Protocolo I Adicional de 1977. De tal manera, que al momento en que se afecta a la población con el lanzamiento de misiles se está cometiendo un acto terrorista y de igual forma, si como consecuencia de esta conducta ilícita un Estado u organización criminal se apodera de la población afectada para hacerle daño o mantenerla prisionera y bajo amenaza.

Es decir, el hecho de mantener en calidad de rehén a un grupo de personas es considerado un acto terrorista, en atención al art. 1, de la Convención Internacional contra la toma de rehenes. Estos actos terroristas son considerados crímenes internacionales cuya realización afectan directamente a la humanidad, tornándose imprescriptible y, además, surgiendo la posibilidad de llevarlos ante los organismos de justicia internacional.

Por otra parte, nos encontramos ante la respuesta del pueblo israelí frente a los ataques terroristas de los cuales ha sido víctima. Es imprescindible señalar que el mismo actuó amparado por circunstancias eximentes de responsabilidad penal debidamente establecidas en el artículo 31, del Estatuto de Roma, identificada como defensa propia, puesto que esta respondiendo ante un ataque inminente y cruel, por parte de la organización terrorista, quien ha manifestado con los actos perpetrados, la intención y conocimiento de la conducta llevada a cabo y de los efectos de destrucción y daño generados, a personas inocentes quienes se encontraban en una condición de desventaja, por parte de su agresor.

Por último, cabe resaltar que no solamente nos encontramos ante la presencia del delito de terrorismo sino de figuras delictivas como delincuencia organizada, delitos contra la personalidad internacional del Estado, debido a que estos actos de agresión en perjuicio del Estado de Israel conllevan una afectación directa a su soberanía e independencia como país. También, podemos advertir, entre otras cosas, el delito de genocidio.

Consideramos que este tipo de acciones delictivas afectan a la comunidad internacional en términos generales, ya que pone en riesgo intereses jurídicos como la seguridad colectiva, a nivel global, con la posible llegada de un conflicto bélico mundial, con la participación de las principales potencias.

Trata de personas y blanqueo de capitales

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En la actualidad, cuando escuchamos sobre el delito de blanqueo de capitales nos ubicamos específicamente en pensar como acción ilícita precedente a los delitos relacionados con drogas. Sin embargo, existen otros hechos punibles con igual o, mayor trascendencia e impacto social que el mundo del narcotráfico. En este caso, nos estamos refiriendo al delito de trata de personas.

Es importante que entremos en contexto a través de los aspectos siguientes: primero, debemos tener claro el concepto de blanqueo de capitales, para lo cual señalaremos que esta figura delictiva consiste, principalmente, en convertir en lícito (es decir, en legal) un dinero o cualquier otro bien de naturaleza financiera cuya procedencia es ilícita.

Segundo, la categoría de ilícita que contempla el blanqueo de capitales está previamente asignada por el código penal panameño, en su artículo 254, cuando enumera cuáles son las actividades ilegales, siendo una de ellas la trata de personas.

Como un punto aparte, debemos analizar previamente en qué consiste el delito de trata de personas, para lo cual damos la respuesta siguiente: es un delito de naturaleza transnacional, ya que su realización involucra a varios países; considerado, además, en Panamá, como un delito contra la humanidad, en los artículos que van del 456-A al 456-E, de la excerta legal citada. Este crimen puede entenderse como toda forma de comercializar con seres humanos, a través de actividades que denigran su dignidad humana. Por ejemplo: explotación sexual, matrimonio servil, adopción irregular, extracción ilícita de órganos, etc.

De lo expuesto anteriormente, podemos establecer como punto de relación entre la trata de personas y el blanqueo de capitales lo siguiente: si el señor H y la señora P, secuestran a infantes, de uno u otro sexo, para sacarlos de Panamá hacia otro país, como USA, para ofrecerlos a parejas que no pueden tener hijos, ofertándolos a un precio determinado en dólares o cualquier otra clase de moneda internacional y, luego, el dinero obtenido de esta transacción comercial es invertido en Panamá, para abrir un negocio, por ejemplo, un restaurante en el cual se advierte una gran clientela que le deja buenos dividendos a sus propietarios. Ese dinero, que se obtiene de la venta de alimentos, en un establecimiento que cumple con todos los requisitos que la ley establece, es blanqueo de capitales, por tener su origen en el delito de trata de personas.

Lastimosamente en Panamá, el delito de trata de personas ha ido incrementándose paulatinamente, aunado a la comisión de otros actos criminosos, como lo es el blanqueo de capitales, ambos forman parte de la gran estructura del crimen organizado. Esto implica, la participación en calidad de victimarios de personas pertenecientes a todos los sectores sociales, económicos y políticos del país, quienes, también guardan relación con personajes del exterior. Esto conlleva al diseño de grandes engranajes que facilitan y allanan el camino para la perpetración de este tipo de conductas que socavan con las bases y principios de la sociedad panameña.

Reflexiones sobre el mundo político

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El mundo entero está envuelto en una crisis política profunda, como resultado de los altos estándares de corrupción existentes en la comunidad internacional.

Tan solo ayer, advertíamos en todos los medios de comunicación, dos golpes de Estado: el primero, en la República del Perú, cuando el maestro rural Pedro Castillo disuelve el Congreso, hoy día se encuentra detenido por el delito de rebelión y conspiración, convirtiéndose su vicepresidenta y compañera de fórmula, la abogada Dina Boluarte, en la actual presidenta del Perú.

Considero oportuno recomendar a la colega, revisar las graves fallas en las cuales incurrió la también abogada, Jeanine Áñez Chávez, quien toma posesión del cargo de presidenta de Bolivia, luego del golpe de Estado a Evo Morales y una vez finalizado su mandato, es sentenciada a 10 años de prisión, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.

Hago esta referencia, por considerar que toda persona quien ocupe el cargo de primer mandatario de una nación debe caracterizarse por ser mesurado en su actuar y esto implica sensatez, experiencia, conocimiento y cordura al desempeñarse como presidente de un país. En este mismo orden de ideas, encontramos que se frustra un intento de golpe de Estado, en Alemania, por parte de posibles grupos terroristas, al mando del príncipe alemán Heinrich XIII.

Regresando a América, en Argentina, sentencian a 6 años de prisión, nada menos que a la actual vicepresidenta, la abogada Cristina Fernández viuda de Kirchner, por el delito de administración fraudulenta durante el período de tiempo 2003 – 2015. Sin embargo, estos no son los únicos casos, existen muchos más, a lo largo y ancho de nuestro continente americano, por ejemplo: México, Guatemala, Colombia, entre otros, inclusive, nuestro propio país. Esperemos que los acontecimientos antes expuestos, no se conviertan en una realidad espejo para el resto de América Latina y el mundo, en el cual pasa a un primer lugar, el hecho de aprovechar la oportunidad de gobernar, para lograr amasar grandes fortunas exclusivamente.

La importancia de analizar todo lo que sucede a nuestro alrededor, se fundamenta en varios aspectos: primero, Panamá, inicia en el año 2023, un año de movimiento político. Segundo, debemos analizar lo más objetivo que podamos a los posibles candidatos a presidente de Panamá, para así, de esta forma, tratar de minimizar los errores al momento de emitir nuestro voto en las elecciones del 2024.

La contienda electoral de 2024 se vislumbra muy difícil, en cuanto a la selección objetiva de la nueva junta directiva, de nuestro país, Panamá. Esto se debe a que no se aprecia a satisfacción el perfil político, académico y social, de los candidatos interesados en asumir el cargo de presidente de la república.

Por último, he de reconocer al sistema político de la democracia, como el sistema por excelencia para el crecimiento y desenvolvimiento pleno del ser humano. Si esto es así, debemos todos cuidar nuestra democracia. De tal manera, que esto conlleva analizar a profundidad a quién designaremos como futuro presidente o presidenta de Panamá.

Es por ello, que para no equivocarse o que nuestra decisión ocasione el menor daño posible, antes de dar nuestro apoyo a un candidato, observemos en él o ella, los aspectos siguientes: la salud mental y física, esta es una condición imprescindible, puesto que el cargo de presidente de un país, implica estar bajo un profundo estrés, constante viajes, entre otras cosas. Segundo, el haya permitido destacarse en su área de trabajo. Cuarto, la estructura familiar del candidato, puesto que esto definirá su campaña y mandato político. Todo esto es necesario para evitar hacer cierto, el pensamiento del premio Nobel de literatura, Jacinto Benavente, al decir: ‘Los pueblos débiles y flojos, sin voluntad y sin conciencia, son los que se complacen en ser mal gobernados.’ Esto quiere decir, no vendamos nuestro voto, no aceptemos dádivas por nuestro voto con la ilusión de obtener aquello que podemos lograr con esfuerzo y trabajo. Preparémonos a conciencia para la contienda electoral 2024 y cumplamos con nuestro derecho al voto.

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Consideraciones sobre acoso sexual y femicidio

Artìculos, Prensa Nacional

El acoso sexual es un hecho punible de naturaleza sexual que consiste en ejercer en la persona de la víctima, actos que la intimidan con la finalidad de lograr de ella favores que involucran intimidad sexual. Siendo la intimidación que se ejerce con respecto a la víctima una forma de manipulación trayendo como consecuencia, que a través del miedo o temor la víctima tome una decisión que bajo otra circunstancia no la realizaría. Este delito se encuentra tipificado en el Libro Segundo (Los Delitos), Título III (Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual), Capítulo I (Violación y otros delitos sexuales), art. 178, del código penal panameño, y las sanciones se aplican, según sea el caso, en concordancia con las disposiciones de los artículos 8 y 9 de la Ley 7 de 14 de febrero de 2018.

Dentro de sus principales características hemos podido identificar las siguientes: es una forma de delito sexual que afecta la integridad y libertad sexual de la víctima; la conducta ilícita consiste en intimidar a la víctima para obtener un favor o servicio de carácter sexual; se puede dar en cualquier ámbito, ya sea laboral, educativo, religioso; la conducta del victimario con respecto a la víctima se hace en forma continua y sistemática, de tal manera, que le ocasiona un cambio negativo en su forma de vida cotidiana; los sujetos tanto activo como pasivo son indeterminados, ya que puede ser cualquier persona quien realice este delito.

Sin embargo, en aquellos casos en que esté involucrado un servidor público, quien en su calidad de superior jerárquico de la institución no haya tomado en cuenta, ni puesta en ejecución las medidas que la Ley 7 de 2018, establece para el acoso, su conducta será tipificada como el delito denominado infracción de los deberes de los servidores públicos; existencia de un vínculo o relación entre la víctima y el victimario producto del ámbito en el cual se desempeña.

Pudiendo ser esta relación de carácter vertical o lineal.

Este es un delito que puede ser de comisión o de omisión. Con respecto al primero, se da cuando el sujeto activo realiza la acción. En cambio, se da por omisión en aquellos casos en que las personas naturales o jurídicas que la ley establezca no tomen las medidas necesarias para evitar que se de este tipo de comportamientos dentro de la institución que ellos coordinan, pudiendo sancionar a la empresa, donde se haya dado el acoso con una multa de B/

500.00 (quinientos dólares) hasta de B/ 1,000.00 (mil dólares), mismos que serán aplicados por la autoridad jurisdiccional de trabajo correspondiente (Juzgado o Tribunal de lo laboral). Este delito es considerado doloso, puesto que la intención demuestra un dolo directo por parte del victimario. Aunque también puede revestir una forma de culpa por negligencia en la coordinación y manejo, de la institución, ya sea estatal o privada que él dirige.

En este mismo orden de ideas, es válido señalar que el acoso sexual es una forma de violencia de género, la cual puede afectar tanto al hombre como a la mujer, pero, es más común en esta última, debido a que por razones históricas esta ha sido considerada un objeto eminentemente sexual, situación que conlleva a una de las formas más explicitas de violencia de carácter sistemática y sistémica, la cual trae como resultado una violación al principio de dignidad humana, irrespetando y desconociendo, con esto, los derechos humanos de las mujeres, sin importar su edad.

Tomando en consideración los planteamientos de párrafos anteriores podemos colegir su relación con el femicidio, puesto que el agresor o victimario puede llegar a desarrollar un sentimiento de ira y rencor hacia la negativa de la víctima y matarla. Entendiendo que esta muerte es la consecuencia a una relación en condiciones desiguales de poder, en cuya posición de desventaja se encuentra la mujer.

Por último, establezco la necesidad de cambiar antiguos paradigmas propios de la sociedad patriarcal en la que hemos estado inmersos, y en la cual se ha enseñado que la mujer es un símbolo y objeto sexual, creando en alguna de ellas toda clase de inseguridades que contribuyen a su condición de víctimas.

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Cultura de Violencia y Adulto Mayor

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Estimados lectores, he sentido la necesidad y el compromiso histórico con ustedes de realizar algunas reflexiones sobre una noticia presentada en días pasados, en los medios de comunicación televisivos, a través de la cual se presentaba cómo un sobrino ejercía violencia física y sicológica sobre su anciana tía, con quien había convivido por espacio de cuarenta años aproximadamente. Lo que más me llama la atención es que tanto la víctima como el victimario son adultos mayores; puesto que, a partir de los 60 años una persona es considerada adulta mayor. Mientras escuchaba esta nefasta noticia, recordé un pensamiento del Papa Francisco, quien un 11 de enero de 2014, a través de sus redes sociales, señaló lo siguiente: ‘Ningún anciano debe estar exiliado de nuestra familia. Los ancianos son un tesoro para la sociedad’.

Lamentablemente la sociedad, a nivel mundial y, por consiguiente, la panameña, ha desarrollado una cultura de violencia hacia el adulto mayor.

Entendiendo cultura de violencia como aquel conjunto de prácticas o estrategias que se llevan a cabo dentro de una sociedad, a través de la cual dan respuesta a las diferentes situaciones que enfrentan en el desarrollo de sus vidas, mediante actos de agresión física, sicológica y hasta sexual. Es decir, sustituyen el diálogo y las acciones de paz, por el uso de la técnica del conflicto, para solucionar cualquier inconveniente o, simplemente lograr la comunicación con el resto de la población que le rodea. De manera tal, que una cultura de violencia implica el desarrollo de relaciones humanas dentro del contexto de vínculos y condiciones, entre relaciones desiguales de poder en las cuales la posición de desventaja o desigualdad está conformada por personas que pertenecen a grupos vulnerables. En el caso bajo análisis, se encuentran los adultos mayores.

El problema sobre la cultura de violencia se ha convertido en un tema de salud pública, en atención a que afecta el estilo de vida saludable.

El adulto mayor constituye la proyección a futuro, de hombres y mujeres jóvenes en la actualidad.

La cultura de violencia, en la mayoría de los casos, constituye una forma de maltrato al adulto mayor, quien observa ante semejantes conductas, el deterioro que sufren la mayoría de los seres humanos, a quienes poco a nada se les enseña a vivir en comunidad y buenas relaciones entre las personas que nos rodean.

Por otra parte, entendemos que cultura de violencia conlleva las características siguientes: respetar la condición de dignidad de vida, entre las personas que me rodean; el respeto a los derechos humanos; conducirme en atención a los principios consagrados en el documento establecido en la cafetería.

Por último, las personas que han sido víctimas de la cultura de violencia, deben trabajar más arduamente, en miras de ultimar detalles vinculados al nuevo centro médico.

El adulto mayor, es por lo general, un niño capaz de realizar cosas inimaginables. Por lo tanto, se deben atender como prioridad, por parte del personal hospitalario, con la finalidad de que ambos, tengan una pronta mejoría, que les impide realizar mis labores con espíritu de valentía.

La cultura de violencia ejercida en perjuicio de la adulta mayor, en la noticia, constituye un concurso ideal de delitos con respecto a los hechos punibles de violencia doméstica y maltrato al adulto mayor. Sin embargo, el art. 202, establece en el delito del buen samaritano, entre otras cosas, solicito se me entreguen las notas enviadas a usted, por mi persona.

Por último, el concurso de delito expuesto en párrafos anteriores, ha sucumbido ante el cumplimiento de la norma penal citada, cuando en el segundo párrafo, de la excerta legal citada, se plantea lo siguiente: el delito será siempre de violencia doméstica, con una sanción de cinco a ocho años contados a partir del momento en que procedió la agresión, en ciudad de Santiago

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Delito contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad

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El derecho a la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad son garantías constitucionales, que pertenecen a los derechos individuales del ser humano, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política de la República de Panamá; relacionado a su vez, con el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, mediante la cual se establece claramente que toda persona tiene derecho a no ser objeto de ninguna clase de injerencias en su vida privada, su familia, entre otras cosas.

En este mismo orden de ideas tenemos que el término intimidad abarca o incluye al secreto, ya que la intimidad se refiere a la esfera personal del sujeto, es decir, a todo aquello vinculado a su condición de ser humano, como, por ejemplo: la salud, el trabajo, sus relaciones interpersonales (por ejemplo: la confesión que se le haga a un ministro de culto, a un médico, al abogado, etc.), la escuela, sus creencias religiosas, el poder transitar libremente por cualquier lugar sin el temor a que lo sigan o espíen, entre otras cosas.

Esta intimidad implica cosas o situaciones del ser humano que solamente a él le pertenecen y son consideradas secretos, por pertenecer al ámbito de su vida privada y, las personas que por alguna razón tengan acceso a ellas solamente podrán divulgarlas en la medida en que estén facultadas para ello. De tal manera, que la intimidad entonces abarca tres áreas en específico: información referente a su vida privada; información vinculada a sus actividades laborales cuando están relacionadas a aspectos que no deben trascender de su lugar de trabajo; información que se le suministra por cualquier medio con respecto a alguna situación a una persona en específico, pero que no está facultado para hacerla pública.

En atención a lo antes expuesto, podemos señalar que este tipo de delito está conformado por acciones que afectan directa e indirectamente la vida privada de otras personas, mediante la adquisición a través de diversos medios o, el uso de información que le pertenecían y, por ende, no estaba facultado para divulgarla o hacerla pública.

Este delito se encuentra tipificado en los artículos que van del 164 al 168, capítulo Ill (Delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad), título II (Delitos contra la Libertad), del libro segundo (Los Delitos), del código penal panameño, a través del cual se establecen como formas de realizar esta figura delictiva, las siguientes: apoderarse o informar indebidamente del contenido de una carta, mensaje de comunicación electrónica, firma electrónica, documento electrónico, pliego, despacho cablegráfico o de otra naturaleza, que no le haya sido dirigido. Sustraer, destruir, ocultar, extraviar interceptar, o interferir una carta, pliego, comunicación electrónica, firma electrónica, documento electrónico, certificado electrónico o despacho cablegráfico o de otra naturaleza, dirigidos a otras personas. Poseer legitimamente una correspondencia, grabación o documentos privados y de carácter personal, no destinados a la publicidad, aunque le hubieran sido dirigidos. Interceptar telecomunicaciones sin contar con la autorización de la autoridad judicial. Utilizar artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción de conversaciones no dirigidas al público, sin contar con la autorización de la autoridad judicial. Practicar por si mismo o, patrocinar a una persona para que lleve a cabo seguimiento, persecución o vigilancia a una persona, ya sea para fines ilícitos o no, sin la autorización legal respectiva.

Por otra parte, los textos legales citados con anterioridad se aplican en concordancia con los artículos 13 y 44, del código procesal panameño, mediante los cuales queda establecido como competencia exclusiva del juez de garantías, el pronunciarse sobre el control de actos de investigación que afecten o restrinjan derechos fundamentales. De tal manera, que solamente el juez de garantías puede, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, y por la existencia de motivos justificantes, dar orden de examinar de la forma que se necesite todo aquello que constituye el derecho a la intimidad, sin excepciones.

Por último, concluyo, con la interesante reflexión que en algún momento hiciera la Reina Isabel, de Inglaterra, en un majestuoso discurso: ‘No le cuentes secretos a aquellos cuya fe y silencio aún no has probado.

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Delito contra la inviolabilidad del domicilio

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El domicilio o residencia constituye un derecho humano garantizado en la

Constitución Política de Panamá, en su artículo 26, capítulo 1° (Garantías Fundamentales), título III (Derechos y Deberes Individuales y Sociales), estableciendo la inviolabilidad del domicilio. Esto quiere decir, nadie puede ser perturbado en su vivienda o lugar de habitación, en otras palabras, no se puede entrar a un domicilio sin el consentimiento de quien tiene el derecho legal de decidir con respecto a quién entra, sale o se queda dentro de la casa

Este derecho, no solamente está garantizado constitucionalmente, sino, también, a nivel del Derecho Penal, a través del artículo 161, capítulo II (Delitos contra la inviolabilidad del domicilio o lugar de trabajo), título II (Delitos contra la Libertad), libro II, del código penal panameño. Esta figura delictiva, a su vez, consiste en diferentes formas de conductas ilícitas mediante las cuales se materializa el delito contra la inviolabilidad del domicilio, siendo éstas las siguientes: primero, entrar a una vivienda sin el consentimiento o autorización de la persona autorizada para permitirle la entrada a la casa. Entendiendo como persona autorizada el dueño o propietario de la vivienda y cuyo nombre aparece en la escritura pública de la propiedad, en aquellos casos en que la casa habitación es alquilada, entonces la persona que aparece como firmante en el contrato de arrendamiento. Segundo, una persona que haya sido invitada por quien está facultado para hacerlo, pero, la invitación es por un tiempo determinado y la persona invitada se mantiene en la casa, aún después de transcurrido el período establecido.

El tipo penal básico presente en la excerta legal citada establece como punibilidad, de cincuenta a ciento cincuenta días-multas o arresto de fines de semana o trabajo comunitario. Sin embargo, se indica como agravante específica, la condición de realizar esta acción ilícita ejerciendo violencia en las cosas o personas, utilizando cualquier tipo de armas, o, sea realizado por dos o más personas, siendo todas estas razones motivo de una sanción que oscila de dos a cuatro años de prisión.

Por otra parte, la legislación penal panameña, cuenta como otra forma del delito contra la inviolabilidad del domicilio al allanamiento de morada, casa o sus dependencias llevado a cabo, por un servidor público, sin seguir las formalidades que la ley establece, tal como lo señala el art. 163 del texto legal citado, con una sanción que va de a tres años de prisión o su equivalente en días – multas o arresto de fines de semana.

Es importante, analizar el delito contra la inviolabilidad del domicilio en contexto con las causas de justificación, específicamente con la legítima defensa presente en el art. 32, capítulo IV (Causas de Justificación), título II

(Hechos punibles y personas penalmente responsables). En la última parte, de esta normativa jurídica penal se establece que en aquellos casos en que una persona se defiende de aquel sujeto quien ha entrado en su propiedad (entendiendo por esta a su casa, habitación, residencia o morada) sin su consentimiento expreso, está actuando en legítima defensa. Comprendiendo, además, que se cumplen con los requisitos para tales efectos, consagrados el propio artículo 32 citado anteriormente, entre los cuales se mencionan los siguientes: primero, la agresión debe ser injusta, actual e inminente. Segundo, el medio utilizado para defenderse sea racional; y, tercero, falta de provocación por parte de quien se defiende o, a quien se está defendiendo.

De igual manera, es necesario indicar la afectación directa que la legítima defensa ejerce sobre el injusto jurídico de la conducta, eliminando el carácter de ilícito que la propia conducta encierra. Esto no quiere decir, que la persona quedaría automáticamente exenta de responsabilidad penal, ya que se deberá llevar un proceso penal a través del cual quede evidenciado los requisitos que exige la legítima defensa, aunque esto involucre la defensa del dueño de la casa ante la transgresión a su derecho constitucional con respecto a la inviolabilidad del domicilio.

Por último, para que nos asista la protección de la ley, siempre debemos actuar según los señalamientos que la misma plantea, aún en la defensa a la transgresión de derechos fundamentales como el derecho a la vida, integridad personal y vivienda.

afganistan

Afganistán, Derecho Penal y Democracia

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Benito Juárez, quien fuera presidente de los Estados Unidos Mexicanos

(México), en el período que comprende del año 1858 a 1872, señaló ‘La democracia es el destino de la humanidad; la libertad su brazo indestructible!

Partiendo del pensamiento expuesto en el epígrafe anterior, podemos colegir que la democracia es un sistema político el cual plantea más ventajas que desventajas, ya que permite una participación directa de la población en lo referente a la selección de sus gobernantes y en la formación de su sistema legislativo. Esto, a su vez, también va a determinar el enfoque del Derecho Penal a través del cual se ejecutará la facultad sancionadora del Estado. Es decir, la democracia como sistema de gobierno es uno de los caminos para lograr la implementación de un Derecho Penal científico que, a su vez, posibilite la presencia de garantías penales como aseguranzas de intereses y bienes jurídicos de los ciudadanos.

Con gran preocupación observo que en el hermano país de Afganistán no se

esta cumpliendo con los lineamientos Internacionales en materla de proteccion a los derechos humanos fundamentales: entre ellos el princidio de respeto a la

aignidad numana, sodre todo en las mujeres arganas de todas las edades y de las cuales poco o naud se naold.

Entiendo que ningún Estado debe inmiscuirse en el sistema de gobierno de otro Estado, puesto que se corre el riesgo de afectar la personalidad jurídica de éste mediante la intromisión a su soberanía. Sin embargo, este argumento queda sin efecto a partir del momento en que con la implementación de un régimen político se ponga en riesgo la seguridad colectiva de la comunidad internacional, como es el caso de lo que ocurre actualmente con Afganistán.

¿En qué se fundamentan los comentarios antes expuestos? Sencillamente en las consecuencias jurídicas que generan, no solamente con respecto a los países vecinos de Afganistán, sino al mundo entero. Esto se explica, tan solo con una de las múltiples situaciones derivadas de lo que acontece actualmente en este hermano país: la fuerte ola de movimientos migratorios, en calidad de refugiados afganos que tendrá el continente americano, incluyendo Panamá.

Además, el Derecho Internacional Humanitario les ampara y se hace muy difícil, por no decir imposible, negarle la entrada al país a estas personas.

Por otra parte, tenemos que no solamente las personas emigran con su cultura, sino también con formas delictivas propias de su lugar de origen, costumbres y religión.

Considero que la comunidad internacional no ha tomado en cuenta el gran problema que se le avecina al mundo, pero, en especial a nuestro continente americano identificado como tierra de grandes oportunidades. Debemos a nivel de país y de Política Criminal, estar diseñando estrategias de protección ante la comisión de posibles delitos que afecten la seguridad colectiva de nuestro país, entre los cuales podemos mencionar: terrorismo, delincuencia organizada. Así como también, delitos contra la humanidad y delitos que afecten la personalidad jurídica del Estado. Reflexionemos pronto ante este problema.

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© Doctora Julia Sáenz 2018