seguridad colectiva – Doctora Julia Sáenz

octubre 23, 2022

Estado de necesidad y derecho penal internacional

Dra. Julia Sáenz Consultorio Jurídico derecho penal internacional, legítima defensa, Naciones Unidas, seguridad colectiva 0 Comments

La paz, justicia y seguridad internacional constituyen bienes jurídicos propios de la comunidad internacional, los cuales hacen referencia al concepto de seguridad colectiva, establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, mismo que se coligen de los artículos 1 y 2 (Capítulo I: Propósitos y Principios), de la excerta legal citada. Estos, además, corresponden a los aspectos indispensables y necesarios para lograr una convivencia pacífica entre los Estados. De tal manera, la paz, justicia y seguridad internacional conforman bienes jurídicos colectivos. Es decir, son condiciones necesarias para el normal desenvolvimiento de la vida humana, pertenecientes a la población que conforma la comunidad, la sociedad y, por ende, el Estado. Es por ello, importante reconocer la obligación que tiene cada uno de los países que forman parte de la comunidad internacional de defender los bienes jurídicos mencionados anteriormente, independientemente del lugar en el cual se encuentren transgredidos o en peligro de serlo.

En atención a lo antes expuesto, es necesario establecer que cuando ocurren afectaciones a este tipo de bienes jurídicos colectivos y dependiendo de la figura delictiva realizada, podemos encontrarnos ante la presencia del Derecho Internacional Penal o, del Derecho Penal Internacional, dando esto paso a una justicia penal internacional cuya competencia depende del sistema penal al cual pertenezca el delito cometido. Por ejemplo, actualmente, existe el sistema penal descentralizado y el sistema penal centralizado. El primero, responde a los lineamientos de un Derecho Internacional Penal, refiriéndose este a que cada Estado miembro de la comunidad internacional se compromete a tipificar, a través de su Derecho Positivo, conductas que mediante convenios internacionales se ha convenido son nocivas a los intereses jurídicos de la sociedad y, por ende, de la comunidad internacional, siendo competencia de los tribunales internos de cada Estado. Estos delitos se clasifican en tres grandes grupos: delitos de seguridad internacional, delitos transnacionales y los delitos internacionales. El segundo, concierne exclusivamente a los delitos que se encuentran tipificados en el Estatuto de Roma, siendo estos: delito de genocidio, lesa humanidad, crímenes de agresión, crímenes de guerra. En este sistema se encuentra el Derecho Penal Internacional, a su vez, fundamentado en los principios del Derecho Penal.

El planteamiento expuesto en los párrafos que anteceden, están motivados por grandes interrogantes, acaecidos luego de haber leído en diferentes medios informativos, a nivel nacional e internacional, sobre el posible uso, por parte de Rusia, de armas nucleares sobre el Mar Negro. Ante esta probable escalada nuclear, me surge la interrogante siguiente: ¿es posible la intervención de la comunidad internacional para evitar las fatales consecuencias del uso de este armamento nuclear sobre en el Mar Negro? La respuesta a esta pregunta es un contundente sí; incluso, si el país agresor formase parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ya que se estaría actuando en atención a la legítima defensa colectiva, según los lineamientos del artículo 51, de la Carta de las Naciones Unidas.

Por otra parte, esa legítima defensa colectiva está fundamentada en la necesidad de proteger la seguridad colectiva internacional ante el riesgo manifiesto de una agresión que afectaría la vida de todos y cada uno de los miembros de la comunidad internacional y del medio del cual forman parte. En este caso, la conducta del jefe de Estado, del país agresor, presenta tanto intención como un conocimiento cierto de los aspectos que forman parte de todas las acciones que se deben realizar para materializar la conducta ilícita y, por consiguiente, esta consciente de los efectos directos e indirectos que produciría.

Por último, luego de este análisis jurídico penal, me asalta otra inquietud: ¿por qué, si la Carta de Naciones Unidas es clara, ningún Estado se ha manifestado al respecto? Siento entonces, que el problema radica en el conflicto de intereses políticos y económicos existentes entre las Potencias y los Estados que dependen de esas Potencias. Nadie actúa por temor a que se afecten sus intereses internos, quedando al descubierto.

octubre 30, 2021

Seguridad Colectiva y Delito

Dra. Julia Sáenz Nacionales columna de opinión, delito, legítima defensa, protestas, seguridad colectiva 0 Comments

El mundo entero está en crisis, se escucha todos los días en los diferentes medios de comunicación a nivel mundial. La población entera, en los cinco continentes, está presente en las calles, formando parte de toda clase de manifestaciones como un mecanismo de defensa ante bienes jurídicos y derechos humanos los cuales consideran han sido violentados. Algunas personas están de acuerdo con estas acciones y, otras en contra. Sin embargo, considero que todas estas formas de exteriorizar una insatisfacción por problemas de naturaleza sistémica son de alguna manera positivos, ya que reflejan el sistema democrático en el cual se vive.

Por otra parte, sería interesante analizar si esta clase de comportamientos afecta la seguridad colectiva y si con esto se estaría incurriendo en algún tipo de figura delictiva. Para dar respuesta a esta inquietud, debemos comenzar por estructurar el concepto de seguridad colectiva, para lo cual tomaremos como referente los artículos 28 y 29, de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y señalaremos, que la misma constituye un conjunto de mecanismos jurídico – legales, sociales y políticos que establece un Estado para garantizar la seguridad jurídica, la paz, la soberanía e independencia de su nación con respecto al resto de los Estados que conforman la comunidad internacional y, con esto se garantiza la paz entre los pueblos, pero, sobre todo la paz interna a nivel de Estado con relación a su población.

De lo antes expuesto, se puede colegir que la seguridad colectiva son todas aquellas estrategias legales y de cualquier otra naturaleza, utilizadas por la estructura gubernamental del Estado para mantener el orden público y lo que de este se deriva. En este caso, pudiese decirse, en primera instancia, cada vez que hay disturbios en las calles, como, por ejemplo: tranques de vías públicas, marchas que terminan en motines, constituyen una acción que atenta contra la seguridad colectiva. Pero, la Carta de Naciones Unidas en su artículo 51, contempla la legítima defensa colectiva y, aunque la misma se maneja en el Derecho Internacional, para los efectos de actos de agresión entre los Estados, también podemos considerar como acto de agresión, cuando un Estado carece de una Política Criminal definida y debidamente institucionalizada que determine, coordine y supervise políticas públicas de naturaleza social, a través de las cuales se satisfaga las necesidades primordiales de la población. En este caso, la población tiene el derecho a buscar todo tipo de medida, de naturaleza legal, que le garantice el restablecimiento de los derechos afectados.

En síntesis, en la medida en que las acciones de protestas legales, en una población, tengan como finalidad la búsqueda de mecanismos para restaurar los derechos humanos del pueblo en general; éstas son consideradas como una forma de legítima defensa colectiva que pretende lograr la defensa al ataque directo de los derechos de la sociedad, por parte del Estado y, con esto evita ser víctima de delitos del sistema, como delitos contra la administración pública, ejemplo: corrupción, peculado.