Derecho Penal

Ocaso de un mandatario

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Será acaso que no está claro el concepto y lo qué implica el ser mandatario de

una nación

El ex presidente peruano, Alejandro Toledo, el 28 de julio de 2001, en el discurso de su toma de posesión, fue enérgico al señalar lo siguiente: ‘Seré un presidente implacable a la hora de luchar contra la corrupción que envenena el alma de nuestro país.’

Sin embargo, años después de cumplido su mandato, al ex mandatario Toledo, se le siguen diversos procesos penales, dentro y fuera de Perú, por delitos vinculados al soborno internacional, corrupción de servidores públicos, etc. Cuando en mi condición de docente universitaria y abogada penalista, doy lectura a este tipo de noticias, siento una profunda preocupación como académica y ciudadana, puesto que observo, sin temor a equivocarme, que estas palabras constituyen una realidad espejo para la mayoría de los mandatarios en América Latina.

Será acaso que no está claro el concepto y lo qué implica el ser mandatario de una nación. Por eso, para aclarar cualquier tipo de dudas al respecto, partiremos en esta ocasión del concepto de mandatario, señalando lo siguiente: el mandatario de naturaleza política hace referencia aquella persona quien ha sido electa por votación popular, con la finalidad de representar y dirigir al país, del cual forma parte y cuyos habitantes le eligieron para que cumpliese una misión específica; siendo ésta realizada con la diligencia de un buen padre de familia.

Es decir, debe dirigir la Administración Pública con prudencia, eficacia, honestidad y transparencia. Por esta razón, un mandatario debe diseñar un plan de gobierno que se ajuste a la realidad histórica, social, política, económica y jurídica del país que entrará a gobernar, ya que una vez finalizado su mandato es cuando se pondrá en evidencia los resultados del mismo y si cumplió con las asignaciones y expectativas.

Es importante destacar que este tipo de mandato político conlleva la presencia de un grupo de asesores políticos, técnicos, entre otros, quienes tienen el compromiso de brindar asesoría certera y que no sea una mera fachada a través de la cual se ocultan intereses personales que responden a poderes económicos y sociales.

En atención a lo antes expuesto, se coligen los aspectos siguientes: el ocaso de un mandatario equivale a la decadencia y finalización de su período político de forma sombría debido al funcionamiento ineficaz de su gobierno y, a la presencia de actos de corrupción. Segundo, la evaluación jurídico-legal de un período presidencial se extiende hasta cinco años después de culminado el mismo, pudiéndose advertir la existencia de peculados y enriquecimientos injustificados.

período presidencial se extiende hasta cinco años después de culminado el mismo, pudiéndose advertir la existencia de peculados y enriquecimientos injustificados.

Lastimosamente, en Panamá, como en la gran mayoría de los países latinoamericanos, se le han seguido juicios a ex presidentes debido a la posible comisión de figuras delictivas que vulneran la Administración Pública. Se han destituido y sancionado altos funcionarios por la incursión en la comisión de hechos punibles que han afectado, hasta la Administración de Justicia y la imagen de Panamá como un país en el que se transgreden garantías fundamentales establecidas a nivel constitucional. Tercero, uno de los indicios que marca en forma directa el ocaso de un mandatario se determina con el nivel de aceptación que este tenga en la mitad de su período presidencial, ya que es tiempo suficiente para advertir resultados de la ejecución de su plan de gobierno, marcando también el futuro, en las próximas elecciones, del colectivo político del cual forma parte.

Por último, señalo que un mandatario evitaría su ocaso, si sabe identificar cuáles son las circunstancias y las personas que están contribuyendo a su debilitamiento, para separarlas a tiempo y poder enderezar el rumbo de su país; y en aquellos casos, en que sea su actuar inconsciente el que le este ocasionando problemas, deberá entonces saber retirarse a tiempo, haciendo eco a las palabras del ex presidente de Uruguay, Pepe Mujica: ‘Quienes ayer fueron revolucionarios perdieron el sentido de que en la vida hay momentos que hay que decir: me voy.!

Manifestaciones callejeras: ¿derecho o delito?

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Esta conducta delictiva tiene pena de dos a cuatro años de prisión

Leyendo sobre la muerte del Dr. Martin Luther King Jr., encontré uno de sus tantos pensamientos, en el que se señala lo siguiente: ‘No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos.’ Al terminar de leer estas palabras, tuve a bien reflexionar sobre las manifestaciones y protestas callejeras que hubo en Panamá, por más de quince días, a lo largo y ancho de nuestro país. Hasta qué punto ‘el silencio de los buenos’ finalizó, en Panamá, con las protestas, manifestaciones y huelga de los maestros y profesores de este país.

Para poder realizar un análisis al respecto, empezaremos con identificar el marco conceptual del término manifestaciones callejeras, para lo cual haremos el planteamiento siguiente: primero, existe una diferencia entre protestas y manifestaciones callejeras, la cual advertimos de la manera siguiente: a. las protestas son una forma de reaccionar de la totalidad de una población o, de un sector de ésta, con relación a situaciones que se derivan de la actuación incorrecta por parte de la estructura gubernamental de un Estado y, con la cual no se está de acuerdo por considerar que ésta constituye una flagrante violación a los derechos humanos de los pobladores; por consiguiente, la conducta de la población en las calles se da en forma violenta, ya que están demostrando su desaprobación a través de la violencia generalizada. b. Por otro lado, contamos con la palabra manifestaciones, la cual consiste en un pronunciamiento de la población, también en las calles, pero, en forma pacífica, como respuesta de aprobación o descontento con respecto a toma de decisiones del gobierno de turno, vinculadas a los derechos humanos de los pobladores del Estado.

En este mismo orden de ideas, tenemos que son las manifestaciones y no las protestas, las que están reguladas como garantía fundamental, en el artículo 38, de la Constitución Política de Panamá, para lo cual solamente se requiere dar aviso 24 horas antes, a la autoridad administrativa local y esta puede tomar medidas de policía para prevenir o reprimir abusos en el ejercicio de este derecho, los cuales puedan poner en peligro la seguridad colectiva de la población. Este artículo se aplica en concordancia con el artículo 15, de la Convención Americana o Pacto de San José, estableciendo claramente que la manifestación amparada como un derecho humano es aquella que se realiza en forma pacífica y sin ninguna clase de armas a través de las cuales se pudiese ocasionar un peligro para el resto de la población. Es decir, en el momento en que el ciudadano utilice cualquier método subversivo para realizar la manifestación, ya ésta no constituye el ejercicio de un derecho fundamental amparado por una garantía constitucional y pasa a considerarse una figura delictiva. Con relación a este último punto, entre los delitos, tipificados en el código penal panameño, se encuentran los siguientes: 1. Art. 301, Capítulo III (Delitos contra los medios de transporte), Título IX (Delitos contra la Seguridad Colectiva), el cual establece como conducta ilícita el realizar cualquier acción que ponga en peligro real la seguridad de los medios de transporte y si esto se lleva a cabo con intimidación o violencia, se considera una modalidad agravada sancionada con pena de prisión de seis a diez años; 2. Art. 436, Capítulo II (Delitos contra la Personalidad Interna del Estado), Título XIV (Delitos contra la Personalidad Jurídica del Estado), este a su vez, consiste en realizar acciones violentas cuya finalidad es impedir que se apliquen las normas jurídicas del país, sin pretender derrocar al gobierno de turno. Esta conducta delictiva tiene pena de dos a cuatro años de prisión. 3. Art. 150, numeral 6, Capítulo I (Delitos contra la Libertad Individual y Desaparición Forzada), Título II (Delitos contra la Libertad). Este delito consiste en secuestrar a un miembro de la Fuerza Pública (Policía) en atención al ejercicio de sus funciones, conllevando una pena de prisión de quince a veinte años, más un aumento de un tercio a la mitad; como fue el caso de los policías secuestrados en Santiago de Veraguas. Sin mencionar otros delitos.

Muerte al marido: venganza o legítima defensa

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Desde hace varias semanas he venido leyendo en los diferentes medios de comunicación, titulares de noticias

Desde hace varias semanas he venido leyendo en los diferentes medios de comunicación, titulares de noticias, en los cuales se indica que la mujer priva de la vida a su pareja sentimental (esposo, novio, cónyuge). Este tipo de información me ocasiona preocupación, puesto que la misma puede llegar a generar confusión entre la población, pero, sobre todo aversión a toda clase de medida de protección hacia la mujer, en todo caso y en especial cuando ésta se encuentre en situaciones vinculadas a la violencia de género.

Cuando se suscitan estos acontecimientos debemos saber que nos encontramos ante un caso de conyugicidio, el cual consiste en la privación de la vida de una persona en manos de su cónyuge. En el código penal panameño, esta acción ilícita es considerada como homicidio agravado y está regulado en el artículo 132, numeral 1, Sección 1 (Homicidio), Capítulo I (Delitos contra la vida humana), Título I (Delitos contra la vida y la integridad personal), al señalar lo siguiente: El delito previsto en el artículo anterior será sancionado con pena de veinte a treinta años de prisión cuando se ejecute: ‘1. En la persona de un pariente cercano ….’ En el entendido de que, para el Derecho Penal, el término pariente cercano (art. 91) de la excerta legal citada, debe comprenderse como el cónyuge, el compañero o compañera conviviente, entre otros. Es por ello, que cuando un pariente cercano de naturaleza sentimental priva de la vida a otro pariente cercano sentimental, estamos ante la presencia de conyugicidio. Ahora bien, como segundo aspecto a tratar, está el de identificar las causas o el móvil del homicidio. Generalmente, en esta categoría de delito, la victimaria tiene como antecedente el de haber sido víctima de violencia doméstica, maltrato o, de alguna especie de violencia de género que le ha impedido desenvolverse como mujer y compañera en la relación sentimental. Además, existe la probabilidad que su agresor no le permita compartir con sus familiares o amigos, sin que él este presente. De tal manera, que esta condición le genera a la mujer homicida un profundo estrés y, por consiguiente, una ansiedad y cambios de ánimos, que le originan sentimientos confusos que se identifican por el deseo de salir de la situación en la que se encuentra. Es en este momento cuando surge la necesidad de liberarse de su verdugo y la única opción que siente tener, es el de ultimar a su esposo, al considerar que solamente con su desaparición física, ella puede ser liberada del peligro. Esta forma de defensa se denomina legítima defensa indirecta y confundida por la venganza, porque la manera de reaccionar contra el ataque a su cuerpo físico y dignidad como mujer, suele presentarse en una línea de tiempo posterior al daño sufrido.

confundida por la venganza, porque la manera de reaccionar contra el ataque a su cuerpo físico y dignidad como mujer, suele presentarse en una línea de tiempo posterior al daño sufrido.

En síntesis, lo que le permitirá al juez advertir la diferencia entre venganza y legítima defensa, será la información arrojada en la fase de investigación, ya que nos permitirá distinguir los elementos que caracterizan la legítima defensa y la distinguen de la venganza, siendo estos los siguientes: una agresión injusta sufrida por la mujer; la falta de provocación, por parte de la mujer, en las agresiones que esta ha venido padeciendo (por ejemplo: no era la mujer quien hostigaba, maltrataba, etc.); y, el medio para defenderse es racional con respecto al daño sufrido. Es por razón fundamental analizar la forma cómo se llevó a cabo el homicidio, es decir, los actos idóneos que conformaron la conducta ilícita de matar; porque, si el medio para la repeler la agresión consistió en apuñalear a la víctima (el marido), infinidades de veces (aun cuando haya advertido que el hombre ya había muerto) hasta llegar a desmembrarlo (descuartizarlo); o, le arrojase ácido en el cuerpo, estas son acciones que no corresponde a un medio racional de defensa de la victimaria; en cambio, expresan resentimiento, rencor y profundo odio hacia su víctima.

Finalizo con las palabras del filósofo Nietzsche ‘Es pobreza de espíritu obstinarse en devolver el daño que se ha recibido’, a lo cual le incorporo lo siguiente: pero, siempre que la defensa sea justa será legítima y necesaria para proteger la propia vida.

Nueva pandemia: implosión social

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La revolución independentista de la Paz, acaecida un 16 de julio de 1809, señala en su famosa proclama de la Junta Tuitiva, lo siguiente:

La revolución independentista de la Paz, acaecida un 16 de julio de 1809, señala en su famosa proclama de la Junta Tuitiva, lo siguiente: ‘…. Hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez…..’ Al terminar de leer tan interesante historia, asaltaron a mi mente una gran cantidad de imágenes sobre la implosión social que estamos viviendo actualmente en Panamá y, además, empezaron a surgir en mí, un gran número de interrogantes, como, por ejemplo, las siguientes: ¿qué es implosión social?, ¿por qué ocurre?, y ¿cómo se podría solucionar?

Con respecto a la primera pregunta, he de señalar que la implosión social consiste en un cambio social ocasionado por múltiples acciones sistémicas provocadas por la estructura gubernamental de un sistema político, el cual no ha definido aún la misión y visión de cada uno de sus elementos, como lo son: las organizaciones, instituciones, agentes, entre otros. Esto quiere decir, es el cambio social a través del cual la sociedad rompe abruptamente las normas jurídicas y sociales que determinan parámetros de conducta, los cuales le indican cómo debe conducirse para lograr una convivencia pacífica con sus conciudadanos. Sin embargo, cuando esos elementos que conforman el sistema político de un país no cumplen con el rol que les corresponde y no hay una visión clara de país; a través de la cual, se puedan advertir programas sociales encaminados a desarrollar los diferentes aspectos de la vida de todo ser humano, satisfaciendo sus necesidades mínimas, como: salud, vivienda, educación, empleo, recreación, etc. Pero, lo que si es fácil de percibir es la corrupción en el sector público producto del resultado de peculados, enriquecimiento injustificado, delincuencia organizada, y del nombramiento en los altos cargos que conforman los diferentes poderes del Estado, de personas que reúnen un perfil inapropiado para los mismos y que no gozan de una salud social óptima, puesto que tanto la comunidad en general como el grupo profesional del cual forma parte manifiestan públicamente las razones de su descontento. Además, a esto, se le añade el alto costo de la vida, debido a la impericia en el manejo del gasto público. Es lógico entender, que la sociedad al no encontrar alternativas o vías de escape positivo a su problema, simplemente implota, se derrumba y manifiesta de manera abrupta su sentir inconforme con lo que le sucede. Siente, también, que en la persona en la cual confiaba, en este caso el Estado, garante de sus derechos, le ha fallado. Estas reflexiones dan respuesta al segundo cuestionamiento. Siendo esto casualmente por lo que está atravesando la sociedad panameña, ya no puede soportar la burda corrupción por la cual está atravesando nuestro país, en el cual la gran mayoría de sus gobernantes no han sentido un compromiso histórico con la nación, en cuanto a su real desarrollo y desenvolvimiento que le permita superar la denominación de país en vías de desarrollo al de un país

estimados lectores, dentro de las estrategias de solución al problema, propongo las siguientes: primero, entablar inmediatamente una mesa de negociación, en donde se encuentren los reales representantes de todos los sectores del país, precedida por el jefe de Estado, quien fue elegido por mayoría, en una elección popular y democrática, acompañado por supuesto, por un representante de la Iglesia (Panamá no es un país laico, es un país eminentemente cristiano, el cual es tolerante con todas las religiones). Segundo, el jefe de Estado debe explicar su perspectiva del problema, señalando la realidad de las ventajas y desventajas de cada uno de los temas de la mesa de negociación. Tercero, escuchar las propuestas de todos y cada uno de los sectores de la mesa del diálogo. Cuarto, presentarse con propuestas reales y viables de solución que sean aplicables, sin cambios, de la manera en que las plantea. Quinto, tratar de restablecer la empatía perdida con la población. Sexto, aceptar los errores cometidos y reestructurar su Política de Estado, porque todavía está a tiempo. Séptimo y última estrategia, limpiar la casa y ponerla en orden, aunque esto le ocasione distanciamiento con algunos sectores, pero, le salvará de problemas legales futuros.

El Delito de Abandono

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El código penal panameño establece en el Capítulo III, Título I (Delitos contra la vida y la integridad personal), Libro II (Los Delitos), artículos del 148 al 148-A, el delito de abandono de niños y otras personas incapaces de velar por su seguridad o su salud. Empecemos, por delimitar el marco conceptual del mismo. De tal manera, que iniciaremos señalando al abandono como un delito el cual consiste en dejar en total indefensión a una persona sobre la cual se tenía una responsabilidad legalmente establecida y que consistía en proteger la seguridad y salud de esta. Es importante señalar, que dentro de las características de la víctima se encuentran las siguientes: en cuanto a la edad, se establece menos de doce años o, ésta sea un adulto mayor que oscile entre los sesenta (60) o más años de edad. También puede tratarse de un sujeto con algún tipo de discapacidad, ya sea física o psicológica, en este caso, no importa la edad que tenga al momento de ser víctima de este delito.

Se debe resaltar, en este tipo de hecho punible, lo siguiente: con el solo hecho de llevar a cabo la acción de abandonar al sujeto pasivo o víctima, entendemos como consumada la acción ilícita que lo constituye. La sanción jurídica aplicada al victimario va de uno a dos años de prisión. Pero, esta sanción puede aumentar si convergen cualesquiera de las situaciones siguientes: en aquellos casos en que sobrevenga la muerte de la víctima debido al abandono sufrido, la pena será de ocho a doce años de prisión; si se le ocasiona un grave perjuicio a la salud de la víctima, la punibilidad es de seis a ocho años de prisión; y, por último, si el abandono pone el peligro la seguridad o vida de la víctima, la pena oscilará entre los cuatro a seis años de prisión. Como ejemplo, de alguna de estas situaciones podemos hacer referencia de casos, tales como: una maestra de preescolar, cuyos alumnos se encuentran entre los dos (2) y tres (3) años de edad, ella sale del salón para almorzar en el área de la cocina del plantel educativo, por espacio de treinta (30) minutos, dejando a los niños solos. Uno de ellos, toma el biberón de leche y golpea en la cabeza a otro niño, lo empuja contra la pared, situación que le ocasiona al menor una herida en el rostro, motivando que lo lleven al hospital y le suturen la herida, con una longitud de cinco centímetros, ocasionándole una cicatriz permanente y visible en el rostro.

En otra parte del articulado (art. 148-A), se puede observar lo que en la dogmática jurídica penal se conoce como excusa absolutoria o, permiso que la propia ley penal otorga para cometer el delito prohibido en la misma, pero, siempre y cuando converjan circunstancias y situaciones específicas alrededor de dicha conducta. Estableciendo como excusa absolutoria, el que una mujer quien, por primera vez, pare a un bebé y no tenga los medios económicos para hacerse cargo de él; ella, podrá entregarlo a un centro receptor, siempre y cuando sea ella misma quien realice la entrega del menor, presente con él, un certificado médico emitido por un pediatra, o cualquier otro médico idóneo, en el cual se haga constar que el menor cuenta con siete (7) días de nacido. Este artículo se aplica en concordancia con el artículo 2 de la ley 55 de 2017, fechada martes 11 de julio de 2017 y presente en la gaceta oficial N° 28320, la cual trata sobre la protección de los recién nacido y adiciona un artículo al código penal. Es necesario tomar en consideración dos cosas: primero, la entrega que hace la madre del menor debe ser voluntaria y no será objeto de investigación criminal, siempre y cuando no exista sospecha o evidencia que indiquen la presencia de maltrato al menor. Por último, como centro receptor, se entenderá aquellos puestos de salud, subcentros, centros o unidades locales de atención primaria, policlínicas, centros médicos u hospitales públicos o privados, albergues a nivel nacional, en el entendido que estos se encuentren certificados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

El delito de lesiones personales

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En muchas ocasiones, los seres humanos, imaginan que con recibir una bofetada en la cara, es suficiente como para interponer una acción penal por el delito de lesiones personales y, no es del todo cierto. Analicemos un poco el concepto de este delito, características y requisitos.

Iniciaremos señalando como marco conceptual del delito de lesiones personales lo siguiente: es la conducta realizada por el agresor o victimario, en perjuicio de la víctima, la cual consiste en dañar física o sicológicamente a una persona, sin la intención de matarla. Sin embargo, se requiere como característica fundamental de esta conducta ilícita que la misma haya ocasionado una incapacidad a la víctima, por espacio de treinta (30) a sesenta (60) días como mínimo, para realizar sus labores diarias personales, como las laborales. Esto nos conduce a identificar las características siguientes: el delito de lesiones personales implica una lesión o daño de naturaleza física o psicológicamente; el victimario no siente el deseo de matar a la víctima, solamente de hacerle daño; la existencia de una incapacidad en la víctima para trabajar o simplemente realizar tareas diarias; la duración de la incapacidad debe tener un tiempo determinado correspondiente al señalado previamente. Lo anterior es necesario, ya que de ello depende para determinar la categoría de la lesión ocasionada; es decir, se podrá identificar si estamos ante una lesión de nivel leve, grave o, gravísima.

La figura delictiva en análisis se encuentra regulada en los artículos que van del 136 al 140 del código penal panameño. Dentro de los cuales se establecen aspectos tales como: el tipo penal básico o simple, en el cual no se establecen agravantes, tiene como pena, prisión de cuatro a seis años. Además, en el artículo 137, de la excerta legal citada, se indican como sanciones una pena de prisión entre los seis a diez años de prisión, en aquellos casos en que la conducta ilícita traiga como consecuencia, cualquiera de las agravantes específicas siguiente, tales como: el tratarse de una mujer en estado de gestación y le sobrevenga un aborto debido a la lesión personal de la cual fue objeto; impotencia o pérdida de la capacidad de procrear; daño corporal o síquico incurable; deformación del cuerpo o una señal visible y permanente en el ojo; incapacidad permanente para trabajar; pérdida de la capacidad de procrear.

Por otra parte, es importante destacar que el hecho punible en estudio, toma en consideración el daño ocasionado a la mujer, cuando este sea el resultado de cualquier forma de violencia contra ella, imponiéndole una sanción al agresor de doce hasta quince años. De igual forma, se encuentra en el artículo 138-A, aquellos casos en que la condición de víctima de la mujer, se debe principalmente, a actos de chantaje, vejación, sumisión, o cualquier conducta semejante, tendiendo como sanción, pena de prisión de cinco a ocho años. En lo referente al artículo 139, en este se maneja la modalidad culposa del delito de lesiones personales, la cual se aplica en aquellas situaciones en las cuales el victimario o sujeto activo, realiza la acción sin intención de dañar y por alguna razón ocasionó el daño a la víctima.

En este mismo orden de ideas, hemos advertido en el artículo 140, de la excerta legal citada, cómo puede llegar a constituir delito de lesiones personales, el hecho de lesionar a una persona debido a sus funciones como servidor público. Entre estos podemos mencionar a los miembros de la Fuerza Pública, Órgano Judicial, Ministerio Público, la Autoridad Nacional de Aduanas y demás estamentos de seguridad pública. La sanción para esta forma del delito es de dos años de prisión.

Por último, queremos manifestar que esta clase de actos criminosos constituyen delitos de agresión, los cuales implican una fuerte afectación para el cuerpo físico y la mente de todo ser humano, constituyéndose, además, en figuras delictivas de fuerte impacto social, puesto que afecta el valor de la tolerancia entre los seres humanos. En el próximo artículo estaremos de vuelta al feminicidio haciendo un breve análisis de la condición actual de la mujer en Panamá, cómo y por qué está siendo objeto de la delincuencia organizada y trata de personas.

Libro Segundo del Código Penal

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En este mismo orden de ideas es importante precisar, que cada uno de esos títulos, a su vez

El libro segundo del código penal panameño conforma el llamado Derecho Penal Objetivo, debido a que constituye el conjunto de figuras delictivas, con sus respectivas sanciones, establecidas por Estado, en el ejercicio legítimo de su facultad sancionadora. Es de suma importancia su conocimiento, por diversas razones, siendo alguna de ellas las siguientes: primero, el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad penal; segundo, debemos conocer hasta qué punto, el Estado puede limitar o disminuir nuestros derechos, en calidad de sanción, al momento de incurrir en la comisión de un delito.

En atención a lo antes expuesto, hacemos el planteamiento siguiente: el libro segundo, de la excerta legal citada está estructurado por títulos, en atención a la importancia del bien jurídico protegido; contando así, con dieciséis (16) títulos, distribuidos de la siguiente manera: Título I: Delitos contra la vida y la integridad personal. Título II: Delitos contra la Libertad. Título III: Delitos contra la libertad e integridad sexual. Título IV: Delitos contra el honor de la persona natural. Título V: Delitos contra el orden jurídico familiar y el Estado Civil. Título VI: Delitos contra el patrimonio económico. Título VII: Delitos contra el orden económico. Título VIII: Delitos contra la seguridad jurídica de los medios electrónicos. Título IX: Delitos contra la Seguridad Colectiva. Título X: Delitos contra la Administración Pública. Título XI: Delitos contra la Fe Pública. Título XII: Delitos contra la Administración de Justicia. Título XIII: Delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial. Título XIV: Delitos contra la Personalidad Jurídica del Estado. Título XV: Delitos contra la Humanidad. Título XVI: Disposiciones Finales.

En este mismo orden de ideas es importante precisar, que cada uno de esos títulos, a su vez, se subdividen en capítulos y, algunos de estos, en secciones, los cuales estaremos desarrollando en los próximos artículos. El número de cada título conlleva la importancia y mayor jerarquía del bien jurídico que se protege, pero, partiendo de la premisa, que todos los bienes jurídicos protegidos son importantes, ya que cada uno de ellos implica un conjunto de derechos humanos fundamentales para el desarrollo del individuo como miembro de la sociedad que conforma, en este caso, al Estado panameño; y, del Estado como miembro de la comunidad internacional. Por ejemplo: el Título I, protege como bien jurídico a la vida y la integridad personal, siendo su estructura la siguiente: Capítulo I: Delitos contra la Vida Humana (arts. 131- 144), en este caso, en particular, este a su vez, está subdividido en tres secciones que son: Sección 1a (Homicidio: arts. 131-135), Sección 2a (Lesiones Personales: arts. 136 – 140), Sección 3a (Aborto Provocado: arts. 141 – 144), luego le siguen el Capítulo II: Reproducción y Manipulación Genética (arts. 145- 147) y el Capítulo III: Abandono de Niños y otras Personas Incapaces de Velar por su Seguridad o su Salud (arts. 148-148 -A).

Lo planteado en el párrafo que antecede nos indica que, en Panamá, dentro de los bienes jurídicos de mayor trascendencia, el más importante es la vida, puesto que se le considera un bien jurídico de doble titularidad. Es decir, le pertenece tanto al individuo que la posee como al Estado. Esto explica el por qué, en los delitos contra la vida y la integridad personal, la acción penal es de naturaleza pública. Es decir, una vez el ministerio público tenga noticia de la comisión de cualesquiera de estos delitos puede ejercer la acción penal, aunque no lo haga la víctima o su representante legal. Por ejemplo, si el señor z, priva de la vida (mata) al señor x, y los vecinos del lugar donde ocurrió este hecho de sangre, dan aviso a las autoridades, el ministerio público puede inmediatamente proceder de oficio, interponiendo todas las acciones legales necesarias para que inicio el proceso penal. En el entendido que el perdón, del representante legal de la víctima o, sus parientes, no le eximirá del proceso penal que ya se ha iniciado.

Por último, queremos destacar la necesidad que sentimos como educadora y docente del curso de Derecho Penal, de realizar este tipo de docencia ciudadana dentro del contexto de la legislación penal panameña, como forma de prevención delictiva.

Principio de Constitucionalización y Derecho Penal

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Abraham Lincoln, quien fuera abogado, defensor de derechos humanos y el decimosexto presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, con respecto a la Constitución, señaló lo siguiente: ‘No interfiera con nada de la Constitución. Ésta debe mantenerse, porque es la única salvaguardia de nuestras libertades.’ Entendemos de esta reflexión, primero: la Constitución es el resultado del ejercicio de un poder constituyente, que, a su vez, consiste la facultad de un pueblo que se ha constituido como Estado. Segundo, la Constitución diseña un conjunto de lineamientos jurídicos mediante los cuales se protegen y garantizan la existencia de los derechos fundamentales de la población.

Los aspectos expuestos en el párrafo que antecede constituyen uno de los fundamentos principales del principio de constitucionalización, el cual podemos conceptualizar como aquel conjunto de normas jurídicas de naturaleza constitucional que determinan el procedimiento y contenido del Derecho Positivo de un Estado. En Panamá, el fundamento legal de este principio lo encontramos en la propia excerta legal citada, en los artículos 206, numeral 1, al establecer el mecanismo de control de inconstitucionalidad de leyes, decretos, acuerdos, resoluciones, entre otros; y, el artículo 326, a través del cual se establece la derogación de toda ley contraria a la Constitución.

Por otra parte, cabe mencionar que el principio de constitucionalización contempla la aceptación del Derecho Internacional con relación al contenido de la normativa jurídica del país. Esto según lo asentado en los artículos 4 y 17 de la propia Carta Magna, al señalar que Panamá acata el Derecho Internacional. Por consiguiente, nuestro ordenamiento jurídico debe tomar en consideración tanto los derechos y garantías que la misma contempla, como aquellos que se encuentran presentes en otras normativas de carácter internacional, siempre y cuando tengan incidencia sobre los derechos humanos y la dignidad de todo ser humano.

En este mismo orden de ideas, tenemos que el principio de constitucionalización, en materia penal, implica la existencia de un control constitucional con respecto a la estructura y desarrollo de la legislación penal panameña. Esto quiere decir, entre otras cosas, que el código penal panameño debe regirse en concordancia con los preceptos constitucionales, tanto de los artículos 4 y 17, citados anteriormente, como los establecidos en el Título III (Derechos y Deberes individuales y sociales), Capítulo 1° (Garantías Fundamentales), los artículos que van del 17 al 55.

El principio de constitucionalización en el Derecho Penal lo encontramos desarrollado, primeramente, en el código penal, en el Libro Primero (La Ley Penal en General), Título Preliminar, Capítulo I (Postulados Básicos), Capítulo II (Garantías Penales), en los artículos que van del 1 al 16. Además, la presencia de este principio en materia penal, conlleva a los aspectos siguientes: Primero, la facultad sancionadora del Estado, ejercida a través del Derecho Penal, como mecanismo formal de control social, implica el respeto no solamente a la dignidad humana, sino, también, a todos los derechos humanos y garantías penales que de este concepto se derivan. Segundo, la intervención del Derecho Penal será considerada como la última opción de solución al problema. Tercero, la presencia del principio de seguridad jurídica, dentro del cual subyacen otros principios, tales como: legalidad, prohibición del doble juzgamiento, entre otros. Cuarto, el Derecho Penal asume los lineamientos establecidos en el Derecho Internacional, dentro de los cuales podemos señalar a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o, también, conocida como el Pacto de San José, contemplando, entre otras cosas: derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad personal, las garantías judiciales, principio de legalidad y de retroactividad, protección de honra y de la dignidad, etc.

En síntesis, el principio de constitucionalización implica la existencia de un sistema político democrático a través del cual logremos la integración de un Derecho Penal científico, que permita ejercer la facultad sancionadora del Estado, dentro de los parámetros jurídicos y principios de derechos humanos que la propia Constitución del Estado establece, con la finalidad de obtener, una convivencia pacífica entre sus pobladores y los demás Estados miembros de la comunidad internacional, salvaguardando con esto, la seguridad colectiva de todas las partes. Pero, sobre todo amparando la existencia de garantías jurídicas fundamentales.

Principio de Imprescriptibilidad y Derecho Penal

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Revisando mis antiguos apuntes de las clases doctorales en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), encontré la reflexión de Eduardo Galeano (escritor y periodista uruguayo, autor de la famosa obra: Las venas abiertas de América Latina), en la cual señala lo siguiente: ‘La impunidad premia el delito, induce a su repetición y la hace propaganda: estimula al delincuente y contagia su ejemplo’. Al finalizar de leer estas líneas, pensé, la impunidad implica, entre otras cosas, la ausencia del castigo hacia la persona que cometió una acción ilícita por no encontrarse ésta tipificada como delito en el código penal o, porque pasó el tiempo establecido en el ordenamiento jurídico para la interposición de una acción penal que le permitiese a la víctima, representante legal o familiares, lograr el resarcimiento de los derechos afectados. Esta última situación, puede ser el resultado de cualesquiera de las condiciones siguientes: el comportamiento del cual se ha sido víctima está regulado en la ley penal, pero, la víctima desconocía qué podía hacer para reclamar justicia. En el lugar y momento en el cual se llevó a cabo el hecho punible, las circunstancias y sistema político vigentes en ese momento impedían la posibilidad de interponer acciones legales ante la autoridad competente; o, simplemente la víctima por temor, debido a una condición personal (edad, sexo, ideología política, etc) ocultaba y guardaba silencio con relación a la afrenta sufrida. Son todas estas condiciones las que fundamentan la necesidad, por parte de la dogmática jurídica penal, de hacer una búsqueda sobre cuáles serían los estamentos legales que respaldarían el principio de imprescriptibilidad o, también conocido como el derecho de la víctima a interponer en cualquier oportunidad, a lo largo del tiempo, la acción legal correspondiente ante la autoridad competente. Es decir, no existe un período de tiempo determinado para la interposición de acciones legales, por parte de la víctima, una vez ocurrido el delito.

Lo antes expuesto, se explica en los términos siguientes: Primero, el principio de imprescriptibilidad de la acción penal le permite a la víctima de una figura delictiva o, en su defecto, al representante legal de este, acudir ante la autoridad competente con la finalidad de ver resarcido el derecho humano afectado, en cualquier momento contado a partir de la fecha en que se realizó la acción, sin existir un tiempo perentorio. Segundo, para que sea posible la viabilidad o aplicación de este principio se requiere, de la convergencia de los elementos siguientes: primero, debe estar establecido en la propia norma penal y procesal penal, que el delito es imprescriptible; segundo, la conducta ilícita de la cual se ha sido victima debe tener la característica de delito internacional. Esto se debe a que solamente esta clase de delitos son considerados como imprescriptibles. Situación que se explica debido a lo siguiente: los delitos internacionales son aquellos cuya comisión afecta a la comunidad internacional en términos generales, puesto que vulneran el concepto de humanidad; generan responsabilidad individual, por parte de quien los realiza, sin tomarse en consideración si el Derecho Positivo del lugar en el cual se cometió, lo establece como delito. Dentro de estas figuras delictivas, se encuentran las siguientes: desaparición forzada, terrorismo y delitos contra la humanidad (delitos contra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, los delitos contra las personas y los bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario). Ningún delito que no sea considerado internacional puede ser imprescriptible y esto hace referencia a la respectiva acción penal. Como fundamento legal a estas consideraciones, podemos indicar las siguientes: los artículos 152 y del 440 al 456 del código penal panameño; 116 del código procesal penal de Panamá; artículo 1 de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, firmada por la Asamblea General de la ONU, en su resolución 2391, de 26 de noviembre de 1968 y entrada en vigor el 11 de noviembre de 1970; y la Sesión 61 de Naciones Unidad, del 8 de febrero de 2005, mediante la cual se aprobó los principios generales para combatir la impunidad en relación a la imprescriptibilidad de los delitos establecidos en el Derecho Internacional, solamente.

Paridad de Género y Competencias Laborales

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El 8 de marzo es una fecha distintiva por celebrarse a nivel mundial el día

internacional de la mujer

El 8 de marzo es una fecha distintiva por celebrarse a nivel mundial el día internacional de la mujer. Sin embargo, consideramos al mes de marzo como el mes de la mujer. Es un período caracterizado por ser de reflexión con respecto a los avances obtenidos como resultados de años de lucha, de la mujer a nivel individual y como miembro del gremio femenino. Es por ello, que estimamos conveniente realizar una breve reflexión con respecto a una gran conquista femenina, como lo constituye el reconocimiento a la necesidad de paridad de género. El logro de esta victoria implica analizar las interrogantes siguientes: ¿en qué consiste la paridad de género?, ¿qué son las competencias laborales?, ¿cuál es la relación existente entre paridad de género y competencias laborales?

El marco conceptual de paridad de género hace referencia a la intervención de manera igualitaria, en condiciones y número, de hombres y mujeres, en el desarrollo de la vida social, política y económica de un país, a través del desempeño de posiciones en las cuales se ejerce poder y toma de decisiones que influyen en el sistema político del Estado. Esto nos conduce a identificar como aspectos fundamentales de la paridad de género, los siguientes: existencia de igualdad de oportunidades laborales para el hombre y la mujer; las mismas condiciones para aspirar a cargos de poder en cualesquiera de los sectores de la vida pública de un Estado; diseño de un perfil profesional que reúna el desarrollo de competencias laborales identificadas de igual manera, tanto en el hombre como en la mujer.

Por otra parte, se encuentran las competencias laborales conceptualizadas como el conjunto de insumos con los cuales cuenta todo ser humano, habilitándole para el desarrollo de una actividad. Entendiendo, además, como insumos: el conocimiento, las habilidades y destrezas que capacitan a un ser humano y lo hacen apto para desarrollar actividades cuya naturaleza guardan una estrecha relación con ellas. Es decir, si el individuo no tiene estos insumos, no está en capacidad para ejercer la actividad.

En este mismo orden de ideas, es importante mencionar como aspecto imprescindible, las competencias laborales definirán el perfil del ser humano (hombre o mujer) requerido para la ejecución de una función específica. Entendiendo que estas competencias laborales son de carácter genérico (las requeridas para trabajar en equipo y su capacidad de resiliencia), las específicas (vinculadas exclusivamente con el conocimiento necesario para el ejercicio de la actividad o función).

Lo expuesto en párrafos anteriores, nos conduce a establecer como hilo conductor entre paridad de género y competencias laborales lo siguiente: primero, la paridad de género es una conquista de la mujer la cual consiste en que se le permita formar parte en el desarrollo de la vida política, económica y social de su país. Segundo, la existencia de igualdad de condiciones, tanto para el hombre como para la mujer, permitiéndoles a ambos aspirar a posiciones de poder y toma de decisiones a nivel de Estado. Tercero, la selección, en la paridad de género, sobre todo, para el ejercicio de cargos públicos que impliquen toma de decisiones con incidencia en el sistema gubernamental, debe corresponder a competencias laborales. Por ejemplo: Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Cámara de Comercio, Caja del Seguro Social, Ministerios de Estado, entre otros.

En conclusión, la paridad de género es el máximo exponente del empoderamiento de la mujer en el ejercicio de cargos y funciones que implican decisiones de poder; cuya realización conlleva un procedimiento que debe ser realizado de manera prístina (pura, clara), destacando así, que la oportunidad de ocupar el cargo público lo tiene el haber reconocido las competencias laborales en ella y no solamente el hecho, matemático, de existir igual número de hombres y de mujeres en el desempeño de una función.

Rechazo totalmente, en mi condición de mujer empoderada y defensora de los derechos humanos de mis colegas de género, el hecho de que la paridad de género se equipare exclusivamente a señalar que deben existir igual cantidad de hombres y mujeres realizando la misma actividad. Esto no cierne al número, sino a las competencias laborales de la mujer. Es decir, no importa si la cantidad de mujeres en el ejercicio del cargo está completa, ya que, si surge otra vacante, y concursa para ella una mujer que cumple a satisfacción con el perfil laboral requerido para el mismo y queda evidenciado ser más apta que el varón con quien compite, se le debe otorgar dicho puesto de poder, aunque la cuota o número de mujeres en cargos de igual jerarquía este completa. Esto sería una verdadera paridad de género. Por ello, sigo exhortando a las mujeres a que no desmayemos en nuestra lucha por la conquista de derechos que nos han sido negados en el tiempo. ¡Felicidades!

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© Doctora Julia Sáenz 2018