Derechos Humanos – Página 2 – Doctora Julia Sáenz

diciembre 18, 2021

Derechos Humanos y algo más

Dra. Julia Sáenz Consultorio Jurídico Criminalidad, Derechos Humanos, Desempleo, Política Criminal 0 Comments

Nos encontramos ante un nivel de aumento de criminalidad, alto, lo cual refleja una desprotección de los derechos humanos presentes en el artículo 25

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El mes de diciembre es un tiempo que abarca un sinnúmero de situaciones para conmemorar, siendo una de ellas la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hecho histórico realizado en la ciudad de las luces, París, un 10 de diciembre de 1948, en la cual se establece un listado de derechos, desarrollados en treinta (30) artículos, los cuales le son inherentes a todo ser humano y, a su vez, garantizan su bienestar; entre los cuales podemos mencionar algunos, tales como: derecho al trabajo y la protección contra el desempleo (art. 23), derecho al asilo (art. 13), derecho a un nivel de vida que le garantice salud, bienestar, entre otras cosas (art. 25), la educación desarrollará la personalidad humana y fortalecerá el respeto a los derechos del hombre (art. 26); y, el deber que todo ser humano tiene con respecto a la comunidad de la cual forma parte (art. 29). Son precisamente estos derechos humanos, sobre los cuales haremos una reflexión dentro del contexto de la realidad panameña actual.

Comencemos con el derecho al trabajo y la protección contra el desempleo: el trabajo constituye un derecho y un deber para todo ser humano, razón por la cual el Estado tiene la obligación de garantizar las plazas de empleo necesarias para la población. Sin embargo, en Panamá, no he advertido políticas de trabajo realmente efectivas, ya que la tasa de desempleo aún es alta, situación que se advierte estadísticamente cuando analizamos informes presentados por INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo), presentando variables del desempleo entre el 18.5%, 14.5% y 11.3%, pero, resulta que existe un 52.8% de la población con empleos informales cuya ganancia no permite cubrir las necesidades básicas y apremiantes de la familia panameña.

Por otra parte, tenemos el llamado derecho de asilo, con respecto a personas provenientes del extranjero, quienes por razones políticas o humanitarias deben abandonar su país de origen. Sin embargo, vemos con la protección a este derecho, la transgresión a los derechos humanos de la población panameña, puesto que esta afluencia de movimientos migratorios externos, traen consigo el aumento de la criminalidad y el desempleo.

En cuanto a la salud y el bienestar de la población. Panamá, actualmente, nos encontramos ante un nivel de aumento de criminalidad, alto, lo cual refleja una desprotección de los derechos humanos presentes en el artículo 25, de la excerta legal citada, por parte del Estado panameño y su falta a una Política Criminal definida a nivel estatal. Estamos actualmente en medio de la pugna interna de los carteles de droga que forman parte de la delincuencia organizada existente en nuestro país.

Por último, presentamos un modelo pedagógico conductista que impide el desarrollo del pensamiento crítico en nuestros estudiantes, situación que afecta el desarrollo de su personalidad académica y, por consiguiente, de sus competencias laborales y sociales. Esto se ve reflejado a nivel del mercado laboral. Esto, además, afecta el compromiso que tenemos los panameños con el país.

julio 24, 2021

Vacunación, Derechos Humanos y Derecho Penal

Dra. Julia Sáenz Derechos Humanos, Nacionales covid-19, Derecho Penal, Derechos Humanos, salud pública, vacunación 0 Comments

La Constitución Política de la República de Panamá, en sus artículos 4 y 17 nos plantea que Panamá acepta las normas del Derecho Internacional y todas aquellas en las cuales se garanticen los derechos fundamentales y la dignidad de todo ser humano. Esto nos conlleva a entender que forma parte de nuestro Derecho Positivo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, por consiguiente, los señalamientos que realiza esta normativa jurídica, rigen en nuestro país. Siendo esto así, la misma establece en el numeral 2, artículo 29, lo siguiente: En ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

Del texto legal citado se coliguen varios aspectos, entre los cuales podemos mencionar los siguientes: primero, el concepto de bien común, entendiéndose por éste el orden público y bienestar general de la sociedad, es decir, de la mayoría, de la población con respecto a la minoría que la conforma; segundo, señala los casos específicos en los cuales el goce de esos derechos y libertades pueden limitarse; siendo la respuesta, aquellas circunstancias en las cuales el bien común esté el riesgo o peligro de ser vulnerado. Esto quiere decir: aunque como individuo tengo derechos y libertades, a partir del momento en que el ejercicio de las mismas pueda poner en peligro o afectar el bien común, estos derechos y libertades pueden ser restringidas.

Con el proceso de vacunación debido a la pandemia covid-19, ocurre algo parecido en qué sentido:

La pandemia covid-19 ha puesto en peligro la salud pública panameña, la cual es un bien común.

Si bien es cierto todos tenemos derechos y libertades, es importante entender que éstas siempre pueden verse restringidas cuando está en peligro el bienestar común.

En la Constitución Panameña (artículo 109) está regulada la salud y la salud pública como un derecho y un deber, razón por la cual el Estado tiene la obligación de combatir las enfermedades y adoptar medidas de inmunización.

Panamá cuenta con la Ley # 48 del 5 de diciembre de 2007 (Gaceta Oficial # 25935) mediante la cual se regula el proceso de vacunación y se establece no solamente la vacunación como un derecho, sino también, como una obligación cuando está en riesgo la salud de la población, la cual constituye un bien común (artículos 14, 11 y 10).

Por último, está tipificado en el artículo 308 de nuestro código penal, como una de las conductas ilícitas del delito contra la salud pública, el hecho de infringir las medidas sanitarias adoptadas por la autoridad competente para impedir la propagación de una enfermedad contagiosa, la cual conlleva pena de prisión hasta de quince años.