Código Penal

Delito de encubrimiento y algo más

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En el código penal panameño en su Libro Segundo (Los Delitos), Título XII (Delitos contra la Administración de Justicia), Capítulo IV, artículo 391, está regulado el delito de encubrimiento.

Es una figura delictiva que afecta la administración de justicia, ya que obstaculiza el poder determinar con los responsables de la comisión de un hecho punible y, por ende, establecer la respectiva responsabilidad y sanción penal.

El tipo penal de este hecho punible puede materializarse a través de cualesquiera de las acciones siguientes: ocuitar ai agente o sujeto activo que llevó a cabo los actos idóneos que dieron como resultado el delito; asegure, ya sea ocultando el producto o resultado del acto ilícito realizado. Podemos identificar, de estas anotaciones, como alguna de las características del delito de encubrimiento las siguientes: primero, el agente no ha participado en la comisión de la figura delictiva. Segundo: la acción ilícita de este tipo de delito consiste en prestar ayuda a quien si llevó a cabo la figura delictiva. Tercero: constituye una excusa absolutoria para este tipo de delito el hecho de existir un nexo de parentesco entre la persona que encubre y el victimario del delito a quien se está encubriendo, la misma consiste en el grado de parentesco de 2° de afinidad, 4o de consanguinidad o, por adopción.

Lo expuesto en el epígrafe que antecede hace referencia a los aspectos siguientes: el artículo 391 de la excerta legal citada se aplica en concordancia con el artículo 25, capítulo 1° (Garantías Fundamentales), Título III (Derechos y Deberes Individuales y Sociales), de la Constitución Política de Panamá; y con el artículo 91, del Capítulo VII (Circunstancias Agravantes y Atenuantes), Título III (Penas), del código penal panameño. Esto quiere decir, primero, en materia penal los cónyuges son considerados parientes cercanos. Segundo: es una garantía fundamental de naturaleza constitucional el hecho de no declarar contra si mismo, el cónyuge o los parientes (2o de afinidad o, 4o de consanguinidad). Por ejemplo, el señor Z, comete robo a mano armada en perjuicio de la joyería patacón, dándose a la fuga y llega a casa de su esposa. Esta le pregunta qué le pasa, por qué llega asustado y con esa bolsa de joyas. El señor Z, le explica lo que sucedió y le dice 'lo más probable es que la policía venga a buscarme aquí, en nuestro hogar y me lleven detenido'. Efectivamente, a los pocos minutos llega la policía buscándolo. La esposa rápidamente lo esconde en un sótano, le abre la puerta a la policía y cuándo le preguntan por el esposo, ella contesta 'no tengo idea dónde puede estar, salió temprano de la casa y no ha regresado'. En este ejemplo, la esposa por ser pariente cercano y no haber participado del delito, el comportamiento de ocultar a su esposo en la casa luego de cometer el hecho punible no le genera responsabilidad penal.

Es importante aclarar que si el pariente cercano que encubre a un familiar daptandardndecans, prouinidad. 2 deafinidado cotadonción

Las disposiciones penales mencionadas anteriormente nos llevan a la reflexión siguiente: hasta qué punto, es correcto, es decir, no atenta contra la moral y los principios éticos, ocultar a un pariente cercano que ha incurrido en la comisión de un delito. Considero que la respuesta a este interrogante dependerá del tipo de figura delictiva en la que éste haya incurrido, puesto que si son delitos considerados de alto impacto social (D.A.I.S.), tales como: homicidios intencionales, violaciones sexuales, lesiones personales, violencia doméstica, robo, hurto o, cualquier otra figura delictiva en la cual se ha visto afectada una persona menor de edad o, incapaz de defenderse por sí misma, no se debe encubrir al victimario o sujeto activo, ya que no solamente se convierte en sujeto de peligro para la sociedad en general, sino para el propio pariente cercano que le encubre; pudiendo, bajo otras circunstancias y condiciones atentar en perjuicio del mismo, sin importarle el parentesco

cercano.

Delito contra la inviolabilidad del domicilio

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El domicilio o residencia constituye un derecho humano garantizado en la Constitución Política de Panamá, en su artículo 26, capítulo 1° (Garantías Fundamentales), título III (Derechos y Deberes Individuales y Sociales), estableciendo la inviolabilidad del domicilio. Esto quiere decir, nadie puede ser perturbado en su vivienda o lugar de habitación, en otras palabras, no se puede entrar a un domicilio sin el consentimiento de quien tiene el derecho legal de decidir con respecto a quién entra, sale o se queda dentro de la casa. Este derecho, no solamente está garantizado constitucionalmente, sino, también, a nivel del Derecho Penal, a través del artículo 161, capítulo II (Delitos contra la inviolabilidad del domicilio o lugar de trabajo), título II (Delitos contra la Libertad), libro II, del código penal panameño. Esta figura delictiva, a su vez, consiste en diferentes formas de conductas ilícitas mediante las cuales se materializa el delito contra la inviolabilidad del domicilio, siendo éstas las siguientes: primero, entrar a una vivienda sin el consentimiento o autorización de la persona autorizada para permitirle la entrada a la casa. Entendiendo como persona autorizada el dueño o propietario de la vivienda y cuyo nombre aparece en la escritura pública de la propiedad, en aquellos casos en que la casa habitación es alquilada, entonces la persona que aparece como firmante en el contrato de arrendamiento. Segundo, una persona que haya sido invitada por quien está facultado para hacerlo, pero, la invitación es por un tiempo determinado y la persona invitada se mantiene en la casa, aún después de transcurrido el período establecido.

El tipo penal básico presente en la excerta legal citada establece como punibilidad, de cincuenta a ciento cincuenta días-multas o arresto de fines de semana o trabajo comunitario. Sin embargo, se indica como agravante específica, la condición de realizar esta acción ilícita ejerciendo violencia en las cosas o personas, utilizando cualquier tipo de armas, o, sea realizado por dos o más personas, siendo todas estas razones motivo de una sanción que oscila de dos a cuatro años de prisión.

Por otra parte, la legislación penal panameña, cuenta como otra forma del delito contra la inviolabilidad del domicilio al allanamiento de morada, casa o sus dependencias llevado a cabo, por un servidor público, sin seguir las formalidades que la ley establece, tal como lo señala el art. 163 del texto legal citado, con una sanción que va de a tres años de prisión o su equivalente en días – multas o arresto de fines de semana.

Es importante, analizar el delito contra la inviolabilidad del domicilio en contexto con las causas de justificación, específicamente con la legítima defensa presente en el art. 32, capítulo IV (Causas de Justificación), título II (Hechos punibles y personas penalmente responsables). En la última parte, de esta normativa jurídica penal se establece que en aquellos casos en que una persona se defiende de aquel sujeto quien ha entrado en su propiedad (entendiendo por esta a su casa, habitación, residencia o morada) sin su consentimiento expreso, está actuando en legítima defensa. Comprendiendo, además, que se cumplen con los requisitos para tales efectos, consagrados el propio artículo 32 citado anteriormente, entre los cuales se mencionan los siguientes: primero, la agresión debe ser injusta, actual e inminente. Segundo, el medio utilizado para defenderse sea racional; y, tercero, falta de provocación por parte de quien se defiende o, a quien se está defendiendo.

De igual manera, es necesario indicar la afectación directa que la legítima defensa ejerce sobre el injusto jurídico de la conducta, eliminando el carácter de ilícito que la propia conducta encierra. Esto no quiere decir, que la persona quedaría automáticamente exenta de responsabilidad penal, ya que se deberá llevar un proceso penal a través del cual quede evidenciado los requisitos que exige la legítima defensa, aunque esto involucre la defensa del dueño de la casa ante la transgresión a su derecho constitucional con respecto a la inviolabilidad del domicilio.

Por último, para que nos asista la protección de la ley, siempre debemos actuar según los señalamientos que la misma plantea, aún en la defensa a la transgresión de derechos fundamentales como el derecho a la vida, integridad personal y vivienda.

Delitos de injuria y calumnia

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Estimados lectores, continuando con el análisis general y sucinto que hemos venido realizando sobre el código penal panameño, echaremos un vistazo al Título IV (Delitos contra el Honor de la Persona Natural), del Libro II, el cual está conformado por los artículos del 193 al 199, distribuidos de la siguiente manera: Capítulo I (Injuria y Calumnia) y Capítulo II (Disposiciones Comunes).

Estas figuras delictivas tienden a denominarse en conjunto, situación que suele generar confusión en cuanto a la individualidad de cada uno de estos delitos. Es decir, son dos hechos punibles independientes entre sí y se diferencian a partir del marco conceptual de cada uno de ellos.

En cuanto al delito de injuria, este se encuentra tipificado en el artículo 193 y el mismo consiste en afectar el honor de una persona a través de comentarios tendenciosos expuestos en forma oral o escrita, cuya intención es manchar o denigrar la salud social de éste, atacando su buen nombre o imagen que la sociedad tiene de él. Es decir, se ofende la dignidad, la honra o decoro de un ser humano.

Es importante destacar, la importancia de la falsedad demostrable del comentario realizado en perjuicio de la persona natural.

Esto último, es importante debido a que, si el comentario es verdadero y el mismo puede evidenciarse de manera lícita, entonces no se constituye el delito de injuria. De tal manera, que se identifican como requisitos fundamentales para la conformación de este delito, los siguientes: la falsedad de los comentarios realizados; la forma de divulgación debe ser oral o escrita; imposibilidad de probar lícitamente los señalamientos realizados; afectación directa o indirecta de la buena imagen de la víctima.

Es decir, el sujeto pasivo o víctima sufre un deterioro a su buen nombre y salud social que puede impactar negativamente no solamente a él, como ser humano, sino a su familia, en su trabajo, amistades, entre otras cosas.

Esta figura delictiva en su modalidad simple conlleva una sanción de sesenta (60) a ciento veinte (120) días-multa. Sin embargo, en su forma agravada presenta una sanción de seis a doce meses de prisión o su equivalente en días – multas, tal como lo señala el artículo 195. Ahora bien, debemos tener claro dos aspectos: primero, el agravante de este delito se da en el momento que la divulgación oral o escrita, se realice a través de algún medio de comunicación social, o sistema de internet, dentro del cual pueden contemplarse las redes sociales.

Segundo, si la persona que hizo los señalamientos comprueba la veracidad de los mismos y estos no están relacionados con la vida conyugal o privada del afectado, entonces quedará exento de responsabilidad penal y, por consiguiente, de la imposición de una sanción (art. 197).

Por otra parte, tenemos el delito de calumnia. Este a su vez, consiste en hacer señalamientos falsos a una persona con respecto a vínculos de éste con la comisión de un hecho punible, acarreando con esto la sanción de noventa (90) a ciento ochenta (180) días – multa (art. 194), pero, de igual manera que el delito de injuria, si los señalamientos se hacen a través de un medio de comunicación social oral o escrito o sistema informático, la sanción se aumenta y sería con prisión de doce a dieciocho meses o su equivalente en días – multa. (art. 195).

En esta figura delictiva, las condiciones o requisitos son los siguientes: falsedad de la información expuesta con respecto a la persona; el agente o victimario está consciente de la mentira y engaño de lo que está manifestando; imposibilidad de corroborar de manera lícita los señalamientos que se hacen; la falsedad de la información gira entorno a la supuesta vinculación de la víctima al hecho punible.

Por último, nuestro código penal establece con claridad en su artículo 196 que, en aquellos casos, cuando el ofendido lo acepte, si el victimario se retracta públicamente de lo dicho, queda exento de responsabilidad penal.

De igual manera, no se considera figura delictiva aquellos casos en los cuales

se realiza una crítica a obras artísticas o literarias o, se este analizando la función pública realizada por servidores públicos, según el artículo 304 de la Constitución Política.

Delitos contra la Vida Humana

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En esta oportunidad hablaremos sobre los delitos contra la vida humana, los cuales conforman el Capítulo I, el cual está integrado por tres secciones identificadas de la manera siguiente: Sección 10: Homicidio, Sección 2da: Lesiones Personales y la Sección 3era: Aborto Provocado. Este capítulo corresponde al Título I (Delitos contra la vida y la integridad personal), Libro Segundo (Los Delitos), del código penal panameño.

Los delitos contra la vida humana implican todas aquellas conductas ilícitas que afectan la vida de todo ser humano, identificando a esta como el principal bien jurídico protegido por el Estado a través de la legislación penal. Es por ello, que está regulada en el primer título, con el cual se da inicio al libro segundo del código penal. En esta ocasión daremos comienzo al estudio sucinto del delito de homicidio, regulado en los artículos que van del 131 al 135 de la excerta legal citada.

El delito de homicidio consiste principalmente en causarle la muerte a una persona generando como sanción una pena de prisión entre los diez a veinte años. Pero, en aquellos casos en que la acción de matar conlleve situaciones específicas, tales como: parentesco entre la víctima y el victimario; la víctima se encuentre entre alguna de las siguientes personas: mujer embarazada, niños o niñas con edad de doce años o menos, adultos mayores de setenta años o más; la muerte de la víctima sea resultado de actos propios de discriminación o, de racismo; exista premeditación; el victimario utilice para matar cualesquiera de los medios siguientes: veneno, fuego, asfixia, o realice para ello alguno de los delitos contra la seguridad colectiva que implican peligro común (artículos 296 al 300), como por ejemplo: inundación, derrumbe, explosión, dañando o inutilizando diques u obras destinadas a la protección contra desastres, dañando o inutilizando redes, canales u obras destinadas a la irrigación, utilizando armas biológicas, entre otros; para extraerle los órganos vitales a la víctima, sin razón aparente para privar de la vida a la víctima, cuando la víctima es un servidor público y debido a las funciones que este realiza el agresor o victimario decide matarlo, para ocultar otro delito cometido y evitar con esto su culpabilidad, utilizando un arma de fuego en un lugar público sin que exista una razón legal para ello. Todas estas condiciones son consideradas circunstancias agravantes específicas; de tal manera, que, si el homicidio se lleva a cabo bajo alguna de ellas, la pena de prisión oscilaría entre veinte a treinta años.

Por otra parte, nos encontramos con el tan controvertido delito de femicidio presente en el artículo 132-A; el delito de sicariato, también conocido como homicidio por encargo, tipificado en el artículo 132-B, en el cual se sanciona el hecho de contratar los servicios de una persona para que prive de la vida a otro ser humano. Generalmente, este tipo de homicidio es propio de la delincuencia organizada (narcotráfico, pandilla, asociación ilícita, etc.), siendo la sanción, pena de prisión de veintiocho a treinta años.

En este mismo orden de ideas, el ordenamiento jurídico penal establece aquel homicidio que se da sin intención. Es decir, el victimario o sujeto activo, actuó con culpa. Este es el homicidio culposo cuya pena de prisión es de tres a cinco años, siempre y cuando no exista ninguna otra condición que aumente la pena, entre las cuales podemos mencionar algunas tales como: se trate de un conductor de transporte público mientras presta sus servicios, cuando el conductor del vehículo se encuentre bajo los efectos del alcohol o de alguna otra droga, cuando el accidente fue como resultado de la negligencia en cuanto a garantizar medidas de seguridad en áreas de construcción, entre otras.

Por último, nos encontramos con la acción de ayudar o inducir a una persona a suicidarse (artículo 135), siempre y cuando el suicidio se lleve a cabo. De este articulado se colige que la eutanasia en Panamá no está permitida. Este delito tiene una pena de uno a cinco años, pero, si la victima es una mujer y su suicidio tuvo como antecedente el maltrato, la pena es de doce a quince años. En el siguiente artículo desarrollaremos el delito de lesiones.

Delito de Usurpación y Derechos Humanos

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A nivel académico, el abogado hindú, Mahatma Gandhi es considerado uno de los más grandes gestores de paz, a nivel mundial

A nivel académico, el abogado hindú, Mahatma Gandhi es considerado uno de los más grandes gestores de paz, a nivel mundial, quien señaló con gran vehemencia lo siguiente: 'La tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la codicia de cada hombre.' Esta reflexión plantea a la tierra como la propiedad a la cual tiene derecho todo ser humano como medio necesario para satisfacer la necesidad básica de la vivienda. Es decir, un lugar en el cual pueda establecer su hogar y compartir con su familia. De tal manera, que la propiedad es un derecho humano de la primera generación, correspondiente a los derechos civiles e individuales. Este a su vez, está consagrado en el artículo 17 (Declaración Universal de Derechos Humanos), en concordancia con los textos legales siguientes: artículo XXIII (Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre), artículo 21 (Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José), artículos 47 y 48 (Constitución Política de la República de Panamá).

Tomando como referente lo expuesto en el párrafo que antecede, podemos indicar a la propiedad de un bien inmueble como un derecho fundamental de todo ser humano a contar con un lugar propio, en el cual pueda establecerse a nivel individual o familiar. Este derecho implica la seguridad jurídica de la tenencia de una vivienda. Es decir, el derecho a la propiedad constituye un bien jurídico garantizado penalmente, a través de la tipificación de la conducta de usurpación, establecida en los artículos 228 al 229 – A, Capítulo V (Usurpación), Título VI (Delitos contra el Patrimonio Económico), del Código Penal Panameño.

El delito de usurpación consiste en apropiarse de un bien inmueble que no le pertenece, afectando con esto la seguridad jurídica de la tenencia de la propiedad (terreno, casa habitación). Esta conducta de apropiarse puede llevarse a cabo de diversas formas: despojando total o parcialmente al dueño de un bien inmueble o, a quien tiene derecho a él; removiendo o alterando las marcas que determinan los linderos de la propiedad; despojar total o parcialmente del ejercicio del derecho de uso, usufructo, habitación, servidumbre o anticresis sobre un bien inmueble. La realización de cualesquiera de estas conductas constituye la figura delictiva identificada como usurpación.

El hecho delictivo en comento, conlleva varios aspectos, dentro de los cuales mencionaremos los siguientes: la titularidad legítima del bien inmueble con respecto a la persona quien aduce ser el propietario del mismo o, quien posea algún tipo de derecho con relación al bien inmueble afectado; la intencionalidad existente, con respecto al victimario o agente. Debe existir y quedar debidamente evidenciado el hecho de la intención, por parte del agente, de obtener un provecho o beneficio, que va más allá de la necesidad de satisfacer su derecho a una propiedad. Este elemento es fundamental, ya que la propia Constitución Política de Panamá, en sus artículos 48 y 50, establecen a la propiedad como un derecho que genera obligaciones. Esto quiere decir, si usted es dueño de un bien inmueble (terrero, casa, edificio, etc) este no solamente debe estar en buenas condiciones, evitando así un peligro a la comunidad, sino también es importante que el mismo se encuentre en uso, por parte de su propietario, ya que, de lo contrario podría considerarse como una propiedad baldía y el Estado, en este caso, estaría facultado legalmente para dirimir el derecho a la propiedad privada en favor del interés público o social, si esto fuere necesario.

En este mismo orden de ideas, debemos tomar en cuenta para advertir el nivel de intención o intencionalidad del agente o sujeto activo, cuáles son las condiciones de vida del sujeto. Es decir, si posee algún tipo de propiedad en alguna región del país, su condición migratoria, su situación socio-económica. Todas estas situaciones advertirán la intención final del agente al momento de realizar la conducta ilícita.

Este tipo de delito conlleva sanciones que pueden ir desde dos años hasta seis años de prisión, días – multas, arrestos de fines de semana. Todo esto depende de la modalidad de la figura delictiva en la cual se haya incurrido.

Por último, queremos hacer mención de la declaración de inconstitucionalidad por parte del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, de Panamá, mediante fallo dictado el 23 de septiembre de 2014, presente en la Gaceta Oficial # 27728 – A, de 26 de febrero de 2015, con relación al artículo 229-A, de la excerta legal citada, el cual plantea exclusivamente la acción de ocupación sin autorización de un bien inmueble, estableciéndose con esto la imposibilidad, por parte del juez de aplicar dicha norma jurídica. Esto se debe a que una declaratoria de inconstitucionalidad, con respecto a una ley, tiene como efecto su no aplicación, debido a su eliminación del ordenamiento jurídico penal.

Delincuencia y orden económico

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Estado requiere regular jurídicamente el conjunto de actividades que tiene como finalidad satisfacer las necesidades de su población

Todo Estado requiere regular jurídicamente el conjunto de actividades que tiene como finalidad satisfacer las necesidades de su población y, con ello, lograr que la misma progrese. Es decir, un país, tiene la obligación de establecer un orden económico a su economía, siendo una de sus fases fundamentales: la inversión tanto nacional como extranjera. Pero, debe tomar en cuenta cuán importante es lograr una política criminal eficiente la cual le permita mantener niveles de delincuencia mínimos dentro de su territorio. Esta situación traerá consigo la tranquilidad y seguridad de los inversionistas y la satisfacción óptima de las condiciones de vida que requiere la sociedad.

Las conductas que afectan el orden económico están reguladas en Panamá, a través del Código Penal, en su Libro Segundo (de los delitos), Título VII (delitos contra el orden económico), con los Capítulos: I (delitos contra la libre competencia y los derechos de los consumidores y usuarios); II (delito de retención indebida de cuotas); III (delitos financieros); IV (delitos de blanqueo de capitales); V (delitos contra la seguridad económica); VI (delitos contra la propiedad intelectual: Sección 1a delitos contra el derecho de autor y derechos conexos, Sección 2a delitos contra los Derechos de Propiedad Industrial, Sección 3a delitos contra los derechos colectivos de los pueblos indígenas y sus conocimientos tradicionales, Sección 4a disposiciones comunes; VII (insolvencias punibles); VIII (competencia desleal); IX (delitos cometidos con cheques y tarjetas de crédito); X (revelación de secretos empresariales); XI (delitos de contrabando y defraudación aduanera); y, el XII (delitos contra el tesoro nacional).

Además, de la regulación penal mencionada, es urgente en Panamá, definir otras estrategias de política criminal para prevenir y reprimir la delincuencia; por lo cual, consideramos necesario iniciar con la revisión del ordenamiento jurídico que regula las instituciones públicas encargadas de combatir la delincuencia. En cuanto a esta recomendación, creemos importante empezar por definir con mayor precisión el perfil del servidor público encargado de realizar estas actividades y llevar a cabo una investigación encubierta, tomando como referente el respeto a los derechos humanos y siguiendo los parámetros constitucionales, sobre la injerencia del crimen organizado en tales instituciones. Todo esto con la finalidad no solamente de advertir a los servidores públicos quienes trabajan en concordancia con la delincuencia organizada, sino, para disminuir los niveles delictivos actuales en el país.

Es importante identificar las causas exógenas, recuperables, las cuales son el detonante creciente de pandillas panameñas. Esto es necesario, debido a que, si no se atienden de manera integral los factores que inciden en esto último, toda estrategia implementada para prevenir su existencia será poco productiva.

Por último, señalo, sin temor a equivocarme, como uno de los principales factores del surgimiento de la pandilla: la familia y las fuertes carencias económicas para sufragar aspectos básicos de todo ser humano, como son: vivienda, alimentación, salud, entre otros. Entonces, surge nuevamente el siguiente interrogante: ¿Cuáles son las políticas públicas de política criminal diseñadas a nivel de Estado para atender estas prioridades de toda la población panameña?

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© Doctora Julia Sáenz 2018