Orden Económico

Delitos económicos y su estadística criminal

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Los delitos económicos son figuras delictivas que afectan derechos humanos de la segunda categoría, los cuales están regulados en la Constitución Política de Panamá, en su Título III (Derechos y Deberes Individuales y Sociales), en los Capítulos que van del 2° al 8° y en el Derecho Internacional, mediante la Declaración Universal de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Estos tipos penales los podemos clasificar en dos grandes grupos: primero, a los que afectan al patrimonio económico los cuales están tipificados en el Título VI (Delitos contra el Patrimonio Económico), en los artículos que van del 213 al 237, Libro Segundo (Los Delitos), del código penal panameño; y, un segundo grupo, en los cuales ubicaremos a los que lesionan al orden económico de un Estado, mismos que se encuentran ubicados en el Título VII (Delitos contra el Orden Económico), en los artículos 238 al 288-), de la excerta legal citada.

Con relación a los delitos contra el patrimonio económico, podemos identificar a los siguientes: hurto, robo, estafa y otros fraudes, apropiación indebida, usurpación, daños, delitos contra el patrimonio histórico de la Nación.

Por otra parte, se encuentran los delitos contra el orden económico dentro de los cuales mencionaremos a los siguientes: delitos contra la libre competencia y los derechos de los consumidores y usuarios, delito de retención indebida de cuotas, delitos financieros, delitos de blanqueo de capitales, delitos contra la seguridad económica, delitos contra la propiedad intelectual (delitos contra el derecho de autor y derechos conexos, delitos contra los derechos de propiedad industrial y los delitos contra los derechos colectivos de los pueblos indígenas y sus conocimientos tradicionales), insolvencias punibles, competencia desleal, delitos cometidos con cheques y tarjetas de crédito, revelación de secretos empresariales, delitos de contrabando y defraudación aduanera, y los delitos contra el tesoro nacional.

Estos, además, son delitos a los cuales le podemos identificar las características siguientes: son conductas realizadas con dolo directo, ya que los actos idóneos que conforman la acción ilícita de cada uno de ellos implican la deliberación previa de la comisión del acto, manifestada por la voluntad no solamente en la realización de la conducta, sino en el querer de su resultado; están íntimamente relacionados con el fenómeno de la corrupción y el crimen organizado.

Es decir, en estos delitos generalmente existe asociación ilícita y delincuencia organizada; la mayoría de los mismos conllevan un soborno a nivel nacional e internacional; el blanqueo de capitales, figura delictiva que consideramos es una de las que implica mayor nivel de peligrosidad, requiere como delito determinante a gran parte de los delitos antes mencionados y que constituyen delitos económicos, convirtiéndolo en un delito de amplio espectro.

En atención a la información que se refleja en la estadística criminal, correspondiente al mes de octubre de 2022, elaborada por el Centro de Estadísticas del Ministerio Público, de la república de Panamá, hemos podido advertir los aspectos siguientes: primero, la comisión de los delitos contra el patrimonio económico, ocupan el primer lugar a nivel del primer distrito judicial, haciendo un total de 2178 denuncias, distribuidas de la siguiente forma: en el distrito de Panamá (1342), en el distrito de San Miguelito (300), en la provincia de Panamá Oeste (358), en Colón (163) y en Darién (15).

Por otra parte, la comisión de los delitos contra el orden económico, en este mismo distrito judicial, ocupan el sexto lugar, haciendo un total de 190, denuncias receptadas, divididas de la manera siguiente: en el distrito de Panamá (158), distrito de San Miguelito (8), en la provincia de Panamá Oeste (18), Colón (5) y Darién (1).

La información expuesta en los párrafos que anteceden nos induce a las recomendaciones siguientes: primero, el Estado debe fortalecer los programas de emprendimiento a nivel de todos los sectores económicos, pero, haciendo énfasis en aquellos jóvenes que hayan culminado sus estudios a nivel de bachillerato y estén incorporándose, por primera vez, al área laboral. Segundo, es necesario la implementación de programas de concienciación que tengan como finalidad ayudar a la población a ser independientes, modificando el antiguo paradigma de ser personas quienes solamente pueden subsistir si trabajan para otros, ya sea a nivel del sector privado o público.

Delincuencia y orden económico

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Estado requiere regular jurídicamente el conjunto de actividades que tiene como finalidad satisfacer las necesidades de su población

Todo Estado requiere regular jurídicamente el conjunto de actividades que tiene como finalidad satisfacer las necesidades de su población y, con ello, lograr que la misma progrese. Es decir, un país, tiene la obligación de establecer un orden económico a su economía, siendo una de sus fases fundamentales: la inversión tanto nacional como extranjera. Pero, debe tomar en cuenta cuán importante es lograr una política criminal eficiente la cual le permita mantener niveles de delincuencia mínimos dentro de su territorio. Esta situación traerá consigo la tranquilidad y seguridad de los inversionistas y la satisfacción óptima de las condiciones de vida que requiere la sociedad.

Las conductas que afectan el orden económico están reguladas en Panamá, a través del Código Penal, en su Libro Segundo (de los delitos), Título VII (delitos contra el orden económico), con los Capítulos: I (delitos contra la libre competencia y los derechos de los consumidores y usuarios); II (delito de retención indebida de cuotas); III (delitos financieros); IV (delitos de blanqueo de capitales); V (delitos contra la seguridad económica); VI (delitos contra la propiedad intelectual: Sección 1a delitos contra el derecho de autor y derechos conexos, Sección 2a delitos contra los Derechos de Propiedad Industrial, Sección 3a delitos contra los derechos colectivos de los pueblos indígenas y sus conocimientos tradicionales, Sección 4a disposiciones comunes; VII (insolvencias punibles); VIII (competencia desleal); IX (delitos cometidos con cheques y tarjetas de crédito); X (revelación de secretos empresariales); XI (delitos de contrabando y defraudación aduanera); y, el XII (delitos contra el tesoro nacional).

Además, de la regulación penal mencionada, es urgente en Panamá, definir otras estrategias de política criminal para prevenir y reprimir la delincuencia; por lo cual, consideramos necesario iniciar con la revisión del ordenamiento jurídico que regula las instituciones públicas encargadas de combatir la delincuencia. En cuanto a esta recomendación, creemos importante empezar por definir con mayor precisión el perfil del servidor público encargado de realizar estas actividades y llevar a cabo una investigación encubierta, tomando como referente el respeto a los derechos humanos y siguiendo los parámetros constitucionales, sobre la injerencia del crimen organizado en tales instituciones. Todo esto con la finalidad no solamente de advertir a los servidores públicos quienes trabajan en concordancia con la delincuencia organizada, sino, para disminuir los niveles delictivos actuales en el país.

Es importante identificar las causas exógenas, recuperables, las cuales son el detonante creciente de pandillas panameñas. Esto es necesario, debido a que, si no se atienden de manera integral los factores que inciden en esto último, toda estrategia implementada para prevenir su existencia será poco productiva.

Por último, señalo, sin temor a equivocarme, como uno de los principales factores del surgimiento de la pandilla: la familia y las fuertes carencias económicas para sufragar aspectos básicos de todo ser humano, como son: vivienda, alimentación, salud, entre otros. Entonces, surge nuevamente el siguiente interrogante: ¿Cuáles son las políticas públicas de política criminal diseñadas a nivel de Estado para atender estas prioridades de toda la población panameña?