fiestas decembrinas

El mes de diciembre se caracteriza por ser un período de paz, en el cual las familias se reúnen para celebrar la llegada del niño Jesús, en sus hogares y corazones. Sin embargo, es una época en la cual se da un aumento en la ingesta de bebidas alcohólicas y otro tipo de drogas, como las ilícitas, entre las cuales podemos mencionar: éxtasis, cocaína, marihuana, crispy, pasta base, pegón, entre otras.

Esta situación trae como consecuencia una afectación directa a la familia, dentro de las cuales podemos mencionar las siguientes: ausencia o alejamiento del núcleo familiar, disgustos, rencillas y peleas entre los miembros de la familia, falta de recursos económicos para cubrir las necesidades básicas y las que se generan regularmente en estas fechas de navidad y año nuevo, problemas de salud mental, adicción a drogas, delitos sexuales pero, principalmente, surge y se instala la secuela de la violencia doméstica a través del hostigamiento o, de la agresión tanto física como sicológica, entre los miembros de la familia.

En Panamá, según datos estadísticos suministrados por el Centro de Estadísticas del Ministerio Público, entre enero a diciembre de 2021 hubo un total de 17,422 denuncias presentadas por violencia doméstica, marcando a diciembre como el mes con mayor número de denuncias presentadas, alcanzando estas la cantidad de 1,740. De enero a noviembre de 2022 se tiene un total de 16,262 denuncias, de estas 1,291 corresponden al mes de noviembre, siendo la provincia de Panamá el lugar en el cual se han presentado la mayor cantidad de denuncias por el delito de violencia doméstica, con un total de 4,443.

En estos datos todavía no se ha incluido el mes de diciembre, puesto que las mismas se tabulan durante el mes de enero de 2023. No obstante, con esta información presentada, podemos colegir lo siguiente:

Primero: la violencia doméstica se ha convertido en un tema de salud de pública que obliga al Estado a incluirlo en su agenda de trabajo.

Segundo: la familia panameña se encuentra en una condición de vulnerabilidad que implica el diseño de políticas públicas que ayuden a fortalecer la misma.

Tercero: es importante que el Estado enfatice la importancia de regularizar el matrimonio, ya que este constituye el fundamento legal de la familia.

Cuarto: mejorar las políticas públicas dirigidas a la salud mental de la población panameña. Esto se debe a que en la actualidad existen un gran número de factores internos y externos al ser humano que inciden desfavorablemente en la salud mental del mismo, como, por ejemplo: el estrés ocasionado por la falta de empleo, la ansiedad producto de una condición económica inestable, la falta de medicamentos y atención médica apropiada para contrarrestar enfermedades que no están relacionadas directamente con la mente, pero, que pueden afectarle de manera indirecta en tiempo futuro.

Quinto: reestructurar el sistema educativo panameño en todos los niveles de enseñanza, puesto que el actual no le está desarrollando las competencias personales, sociales y laborales necesarias para que el individuo pueda interactuar en forma óptima en el medio dentro del cual va a desenvolverse.

En atención, a lo expuesto en párrafos anteriores consideramos importante que la incipiente Secretaría de Política Criminológica surgida en Panamá, en meses anteriores, contemple dentro de sus estrategias de acción el tema de la familia y la violencia generada dentro de ella. Recordemos que la familia está considerada por la Criminología, como un factor de carácter exógeno que puede inducir al ser humano a la comisión de hechos punibles. Esto se da en aquellos casos en que la familia no ha cumplido con su rol de enseñanza de patrones de conducta que conduzcan al individuo a la convivencia pacífica y, por otra parte, su rol de refugio al cual podamos acudir ante los avatares que conlleva la vida y convivencia con nuestros semejantes.

En la medida que el Estado no considere importante el diseñar estrategias de acción a corto y mediano plazo que le ayuden a sus pobladores a conducirse, en sus núcleos familiares, dentro de los parámetros de conducta que exige la convivencia pacífica, corre el riesgo de afectar su personalidad jurídica a nivel interno, externo y con esto su soberanía.