Derecho

Los diferentes medios de comunicación, pero, sobre todo las redes sociales, han circulado información revelada por la madre de una persona menor de edad, quien estudia en uno de los planteles educativos de la provincia de Panamá Oeste, haciendo referencia a que fue víctima de abuso sexual, siendo esta una de las modalidades que conlleva la violencia de género. Constituyéndose así en una realidad espejo que está enfrentando la sociedad panameña, en la cual observamos un irrespeto y transgresión al derecho humano del respeto a la dignidad humana de la mujer en todas las edades.

La violencia sexual como forma de violencia de género se ha convertido en un problema de salud pública que a todas luces nos está indicando la falta de estrategias de una Política Criminal de Estado que nos indique la hoja de ruta a seguir. Es por ello, que consideramos necesario el conformar mesas técnicas de trabajo que ayuden al diseño de estrategias de prevención a través de programas de capacitación a la mujer que le permitan a ésta no solamente conocer sus derechos, sino, que puedan advertir cuándo estos derechos le están siendo vulnerados y, sobre todo tenga en su haber la información sobre mecanismos legales que le permitan encaminarse en la búsqueda de soluciones ante la difícil situación por la cual está atravesando.

Es importante tomar en cuenta que los delitos sexuales no solamente se combaten con capacitación a la víctima, en este caso, a la mujer, sino a la familia de ésta, al varón y, con mayor énfasis a todos los miembros de la comunidad de la cual forma parte.

Tengamos presente que el caso de abuso sexual a la estudiante que participó del programa de asamblea juvenil y el anterior caso sobre una joven embarazada, quien murió en mano de su cónyuge constituyen la punta de un gran iceberg. Ellas representan, en este momento, la condición de un gran número de personas menores y mayores de edad, mujeres, que han sido víctimas de diferentes formas de violencia de género, que han dado como resultado la comisión de múltiples delitos, como por ejemplo: violencia doméstica, desapariciones de mujeres, acoso sexual, abusos deshonestos, violación sexual, femicidios, corrupción de personas menores de edad, pornografía infantil, entre otros.

Comentarios sobre el contrato ley

Exhorto a que realice su propio análisis sobre el contrato de Minera Panamá tomando como referentes los insumos planteados

Estimados lectores, en atención a que en los últimos días ha estado muy activo en los diferentes medios de comunicación el término contrato ley, con relación al tema de la minería, consideramos necesario realizar algunos comentarios al respecto. Es por ello, que iniciaremos con un sencillo marco conceptual del mismo, para lo cual señalaremos que un contrato ley consiste en un acuerdo o convenio establecido entre empresas (trans o locales) y el Estado, el cual a su vez, tiene como objeto intereses o bienes jurídicos que le pertenecen a la población en términos generales.

Es decir, el tema de negociación del mismo gira entorno a intereses difusos ( son intereses jurídicos que no tienen como propietario una persona en particular sino, a un grupo indefinido de personas que en el caso que nos ocupa serían todos los panameños que habitamos dentro del territorio patrio). Además, los lineamientos legales bajo los cuales se regirá este contrato, debido al tipo de objeto sobre el cual trata, deben ser aprobados por la Asamblea Nacional en atención a los parámetros que para tales efectos establece la Constitución Política de la República de Panamá, en su artículo 159, numeral 15.

Es importante, saber que un contrato ley no es rígido, el mismo puede ser cancelado siempre y cuando la empresa o contratista a través del ejercicio de las propias actividades pactadas ocasionen un grave perjuicio al ambiente, a los terrenos o, a las mejoras construidas sobre estos, según el art. 26 de la ley 109 de 1973. Este texto legal se aplica en concordancia con la ley 287 del 24 de febrero de 2022 (Por medio de la cual se reconocen los derechos de la naturaleza, las obligaciones del Estado relacionados a estos derechos, y se dictan otras disposiciones), a través de los artículos siguientes: art. 3 y 6, mediante los cuales se obliga al Estado a respetar de manera integral, la existencia de la naturaleza, puesto que de ella depende el goce de las generaciones; y el artículo 7, entre otros, ya que en este específicamente se indica que el Estado le corresponde aplicar todas las medidas administrativas o legales necesarias para prevenir la extracción insostenible de recursos naturales, etc.

De lo expuesto en los párrafos que anteceden podemos concluir lo siguiente: el Estado panameño no solamente esta facultado sino que tiene la obligación de rescindir de aquellos contratos que estén afectando la naturaleza y, por consiguiente el ambiente, sirviéndole estos mismos argumentos para que pueda presentarlos a su favor, ante un arbitraje internacional.

Por último, le exhorto a que realice su propio análisis sobre el contrato de Minera Panamá tomando como referentes legales los insumos planteados y de algunos instrumentos jurídicos inter, como, por ejemplo: Principios de la Haya, Convención de México, los Principios UNIDROIT y el

Abogacía y Contienda Electoral

El próximo viernes 21 de julio de 2023, se realiza la gran contienda electoral por la presidencia del Colegio Nacional de Abogados

En la actualidad, a nivel mundial, se están viviendo momentos de confusión y fuertes estallidos de violencia generalizada, en todos los sectores de la comunidad internacional, de lo cual no se escapa Panamá. Por ejemplo, observamos una ola de movimientos migratorios a través de los cuales las personas pretenden, en su gran mayoría, encontrar mayores y mejores oportunidades que le permitan mejorar su calidad de vida. Sin embargo, generalmente esto no es lo que sucede, ya que se encuentran con una realidad hostil como resultado de la multiplicidad de problemas sociales, políticos y económicos que están confrontando todos los países que integran los cinco continentes. De manera que, el resultado de la salida de sus países de orígenes se convierte en un problema aún, más grave que la situación que vivían en estos. Este tipo de situaciones se constituyen en factores que dan origen a diferente clases de delitos, siendo los más comunes los delitos o crímenes de odio. Este a su vez, implica la manifestación de desprecio hacia la víctima por lo que ella es y por el grupo o sector del cual forma parte. En estos casos el victimario ataca a su víctima con intención de causarle un daño, puesto que la seleccionó por las características específicas que la misma posee, entre las cuales podemos mencionar: el sexo o género, nacionalidad, religión, discapacidad, entre otros.

En días pasados, en la provincia del Darién, al atravesar la selva, un grupo de migrantes sudamericanos, fueron sorprendidos por delincuentes quienes abusaron sexualmente de varias mujeres migrantes que viajaban en este grupo. Esta es una conducta ilícita que se ha realizado en mujeres migrantes en otros países, del continente americano; ejemplo: en la frontera de México con Guatemala y en la frontera de México con USA, se repiten los mismos casos de violaciones a mujeres migrantes por nativos; es decir, por hombres de nacionalidad del país de tránsito o, en el cual piensan establecerse.

Lo antes expuesto, representan crímenes de odio en atención a las razones siguientes: el agresor considera que la víctima debió quedarse en su país de origen, viene a quitarle la oportunidad de trabajo a un nacional, trae consigo nuevas formas delictivas y esto incide en el aumento de la delincuencia, viene a quedarse sentimentalmente con las mujeres o los hombres (según sea el caso) del patio, es decir, de su país. Todo esto, conlleva a pensar al victimario que, de alguna manera, le asiste el derecho de venganza. Pero, no toma en cuenta que está incurriendo en un crimen internacional afectando esto la humanidad y en aquellos casos en que la víctima es una mujer, nos podemos encontrar ante la presencia del delito de feminicidio el cual tiene como En todo movimiento migratorio, en ei cuai ia mujer no tiene otra opcion que aventurarse fuera de su país natal, ésta se encuentra en una posición de doble desventaja y vulnerabilidad.

En esta ocasión quiero presentar a mis lectores algunas reflexiones, con relación al caso de una pequeña de diez años de edad, quien fue encontrada casi sin vida, en una casa abandonada cerca de su residencia, con un fuerte golpe en la cabeza y, a los pocos días de haber sido internada en el hospital, fallece. Todo esto sucede en la provincia de Chiriquí, según los informes de los diferentes medios de comunicación. Este hecho me ha llamado

poderosamente la atención, debido a la inseguridad por parte de las autoridades, de señalar con precisión que se está ante la presencia de un feminicidio infantil y no ante un asesinato.

Es importante comprender primero, en qué consisten y en qué se diferencian el asesinato, el homicidio y el feminicidio infantil. Con respecto a esto señalamos lo siguiente: tanto el asesinato como el feminicidio infantil constituyen una forma de homicidio. Sin embargo, existe entre ellos diferencias, entre las cuales podemos mencionar las siguientes: primero, el homicidio consiste en privar de la vida a una persona y esta acción puede ser con intención de hacerlo (dolo) o, sin intención de hacerlo (culpa). El asesinato también consiste en matar a una persona pero, en esta acción solamente se contempla el deseo y, la intención directa y expresa del victimario en realizar la conducta ilícita, tomando en cuenta también, que la misma pueda llegar a involucrar condiciones que la agraven aún más, como, por ejemplo: el parentesco, la premeditación, para extraerle un órgano vital, etc. Es decir, el asesinato es una forma de homicidio agravado.

Por otra parte, nos encontramos con el feminicidio, este es una forma de homicidio circunstanciado, esto quiere decir que la acción de matar siempre se va a realizar dentro del contexto de alguna de las diez circunstancias que establece el art. 132 – A, del código penal panameño. En el caso que estamos analizando, en principio, podemos advertir la presencia de varias circunstancias, como: la condición de riesgo y vulnerabilidad física, el cuerpo casi inerte de la niña fue arrojado en un lugar privado, pudiese existir un sentimiento de venganza (por eso se coloca el cuerpo en una casa abandonada cerca de su vivienda), el contexto de relaciones desiguales de poder, entre otras cosas.

En este mismo orden de ideas, se hace necesario señalar que no es requisito del feminicidio, como me han preguntado algunos lectores, la existencia de una relación sentimental entre la víctima y el victimario. Esta es solamente una, de las distintas circunstancias del feminicidio. A veces, la confusión anentIRTUTʊ:~ -i-··– -i-nda la, sialancia damaáation..laa dalikan amınıalaa laa

Por último, nuevamente señalo la urgencia por entender al feminicidio como un tema de salud pública, a través del cual se refleja hasta dónde ha evolucionado el problema de violencia contra la mujer, el cual debilita cada día más a la sociedad panameña.

En días pasados, ha sido noticia en todos los medios de comunicación el doble homicidio de una pareja de esposos de tercera edad, en su propia casa, en manos de personas conocidas, específicamente de quienes habían realizado labores de mantenimiento en su hogar.

Este hecho nos invita a reflexionar sobre los aspectos siguientes: primero, nos encontramos ante la presencia de varias conductas delictivas, entre las cuales pudiésemos mencionar: androcidio, femicidio, maltrato al adulto mayor, entre otras.

Segundo, debemos tomar en consideración que ambas víctimas forman parte del grupo vulnerable, denominado así por Naciones Unidas, de los adultos mayores. Esto es así, puesto que se entiende son personas con dificultad para repeler cualquier clase de agresión, ya que se encuentran en desventaja con su agresor, principalmente por la edad. Entendiendo que un adulto mayor puede llegar a tener problemas con su equilibrio o, padecer de alguna afectación de salud propia de la edad. Por ejemplo: artritis, el oído medio (mareos), presión arterial alta, diabetes, el corazón, etc. Es decir, su naturaleza física no se encuentra en las mismas condiciones óptimas de años anteriores, cuando era joven. Tercero, esta característica de vulnerabilidad lo coloca en una posición de desventaja dentro de una condición desigual de poder. Cuarto, el homicidio del adulto mayor, por ser varón, se le considera como androcidio, el cual consiste en privar de la vida a un hombre con acciones que reflejan un extremismo violento como resultado de una posición de desprecio y discriminación hacia el adulto mayor, colocándolo en un estado de desventaja con respecto a su agresor.

En este mismo orden de ideas, tenemos el femicidio acaecido con respecto a la adulta mayor de 81 años. En este caso, podemos observar una muerte violenta de la mujer, la cual se da también en una situación de desventaja con relación a su agresor, quien se encuentra en una posición de ventaja física y de edad con relación a la víctima. Quinto, hemos podido observar que ambos profesores fueron ultimados a golpes. Es decir, fueron también afectados con el delito de maltrato al adulto de mayor. Aquí, advertimos nuevamente la condición de vulnerabilidad de ambas víctimas.

Por último, es interesante observar que no solamente la seguridad ciudadana, a nivel de todo el país, es débil, ya que no reúne los niveles mínimos de protección y seguridad a la población. También, podemos advertir una Política Criminal totalmente ausente y, sobre todo este tipo de conductas ilícitas reflejan una sociedad carente de valores y principios éticos, morales y espirituales que se aprenden en la familia y se fortalecen en la escuela. En otras palabras, este extremismo violento al momento de la comisión de un delito nos indican la crisis por la cual está atravesando la familia y sociedad panameña.

El adulto mayor debe inspirarnos respeto, porque constituye una realidad espejo de todo ser humano. Aprendamos a comprender, querer y valorar a los adultos mayores en todo sentido, incluyendo nuestros padres.

El acoso sexual es un hecho punible de naturaleza sexual que consiste en ejercer en la persona de la víctima, actos que la intimidan con la finalidad de lograr de ella favores que involucran intimidad sexual. Siendo la intimidación que se ejerce con respecto a la víctima una forma de manipulación trayendo como consecuencia, que a través del miedo o temor la víctima tome una decisión que bajo otra circunstancia no la realizaría. Este delito se encuentra tipificado en el Libro Segundo (Los Delitos), Título III (Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual), Capítulo I (Violación y otros delitos sexuales), art. 178, del código penal panameño, y las sanciones se aplican, según sea el caso, en concordancia con las disposiciones de los artículos 8 y 9 de la Ley 7 de 14 de febrero de 2018.

Dentro de sus principales características hemos podido identificar las siguientes: es una forma de delito sexual que afecta la integridad y libertad sexual de la víctima; la conducta ilícita consiste en intimidar a la víctima para obtener un favor o servicio de carácter sexual; se puede dar en cualquier ámbito, ya sea laboral, educativo, religioso; la conducta del victimario con respecto a la víctima se hace en forma continua y sistemática, de tal manera, que le ocasiona un cambio negativo en su forma de vida cotidiana; los sujetos tanto activo como pasivo son indeterminados, ya que puede ser cualquier persona quien realice este delito.

Sin embargo, en aquellos casos en que esté involucrado un servidor público, quien en su calidad de superior jerárquico de la institución no haya tomado en cuenta, ni puesta en ejecución las medidas que la Ley 7 de 2018, establece para el acoso, su conducta será tipificada como el delito denominado infracción de los deberes de los servidores públicos; existencia de un vínculo o relación entre la víctima y el victimario producto del ámbito en el cual se desempeña. Pudiendo ser esta relación de carácter vertical o lineal.

Este es un delito que puede ser de comisión o de omisión. Con respecto al primero, se da cuando el sujeto activo realiza la acción. En cambio, se da por omisión en aquellos casos en que las personas naturales o jurídicas que la ley establezca no tomen las medidas necesarias para evitar que se de este tipo de comportamientos dentro de la institución que ellos coordinan, pudiendo sancionar a la empresa, donde se haya dado el acoso con una multa de B/ 500.00 (quinientos dólares) hasta de B/ 1,000.00 (mil dólares), mismos que serán aplicados por la autoridad jurisdiccional de trabajo correspondiente (Juzgado o Tribunal de lo laboral). Este delito es considerado doloso, puesto que la intención demuestra un dolo directo por parte del victimario. Aunque también puede revestir una forma de culpa por negligencia en la coordinación y manejo, de la institución, ya sea estatal o privada que él dirige.

En este mismo orden de ideas, es válido señalar que el acoso sexual es una forma de violencia de género, la cual puede afectar tanto al hombre como a la mujer, pero, es más común en esta última, debido a que por razones históricas esta ha sido considerada un objeto eminentemente sexual, situación que conlleva a una de las formas más explicitas de violencia de carácter sistemática y sistémica, la cual trae como resultado una violación al principio de dignidad humana, irrespetando y desconociendo, con esto, los derechos humanos de las mujeres, sin importar su edad.

Tomando en consideración los planteamientos de párrafos anteriores podemos colegir su relación con el femicidio, puesto que el agresor o victimario puede llegar a desarrollar un sentimiento de ira y rencor hacia la negativa de la víctima y matarla. Entendiendo que esta muerte es la consecuencia a una relación en condiciones desiguales de poder, en cuya posición de desventaja se encuentra la mujer.

Por último, establezco la necesidad de cambiar antiguos paradigmas propios de la sociedad patriarcal en la que hemos estado inmersos, y en la cual se ha enseñado que la mujer es un símbolo y objeto sexual, creando en alguna de ellas toda clase de inseguridades que contribuyen a su condición de víctimas.

El código penal es la principal ley de naturaleza jurídica penal que conforma nuestro Derecho Positivo y, a su vez, el Derecho Penal, se constituye en el medio con el cual el Estado ejerce su facultad sancionadora y, por consiguiente, se establece un mecanismo formal de control social, el cual implica procurar la paz y seguridad social mediante el establecimiento de conductas que han sido determinadas, previamente, como delictivas o ilícitas, por considerarlas nocivas a bienes jurídicos jerarquizados, por su importancia, en código penal panameño, en el Derecho Penal Internacional y en el Derecho Internacional Penal. De tal manera, que todo ciudadano debe tener conocimiento de cuáles son las conductas que el Estado ha considerado como figuras delictivas, puesto que de cometerlas se generaría una consecuencia jurídica.

En atención, a lo expuesto en el párrafo anterior, explicamos la estructura del Código Penal Panameño, de la forma siguiente: primero, el código penal se desarrolla en 457 artículos, distribuidos en dos libros, identificados como: Libro Primero y Libro Segundo (este último, lo desarrollaremos en la segunda entrega de este artículo, la cual será enviada la próxima semana). Segundo, en cuanto a la organización del Libro Primero, denominado: La ley Penal en General, diremos que está constituido en un título preliminar y siete títulos que le acompañan. En lo referente al título preliminar, este, a su vez, se subdivide en dos capítulos: el capítulo I, en el cual se establecen postulados básicos del Derecho Penal, en los artículos del 1 al 8, en cuanto a su enfoque humanista y de respeto a los derechos humanos. Luego, contamos con el capítulo Il sobre, las garantías penales (principio de legalidad: art. 9, principio del debido proceso: art. 10, nulidad de los actos que no se lleven a cabo según los lineamientos de los artículos 9 y 10 ya mencionados: art. 11, la claridad de la redacción de la norma penal como requisito sine qua non de la misma y la existencia de normas jurídicas que le complementen para lograr una mejor comprensión de la misma: art. 12, señalamientos de los elementos constitutivos de delito: art. 13, el principio de aplicación de la ley más favorable al reo: art. 14, principio de la prohibición del doble juzgamiento: art. 15, la prohibición del uso de la analogía en materia penal: art. 16). A este título, le siguen siete títulos más, dentro de cuyos temas podemos identificar los siguientes: título I: Aplicación de la ley penal (vigencia de la ley penal en el tiempo, aplicación de la ley penal en el espacio y la aplicación de la ley penal a las personas, todo esto en los artículos que van del 17 al 23. El título II: Hechos punibles y personas penalmente responsables, desarrollado en los artículos del 17 al 49, mediante los cuales se desarrollan los temas siguientes: hechos punibles (se explica en qué consisten los delitos según la legislación penal panameña), acción; dolo, culpa y sus excepciones; las causas de justificación, imputabilidad; eximente de culpabilidad; autoría y participación; y las formas imperfectas de la realización del delito.

Además, contamos con un título III, sobre penas. Este título comprende los artículos del 50 al 97, regulando materias tales como: clases de penas, penas principales y su ejecución, penas sustitutivas, penas accesorias, aplicación e individualización de las penas, unidad y pluralidad de hechos punibles, circunstancias agravantes y atenuantes. En lo referente, al título IV: suspensión, reemplazo y aplazamiento de la pena, este contempla temas, en los artículos del 98 al 114, como, por ejemplo: suspensión condicional de la ejecución de las penas, reemplazo de penas cortas, libertad vigilada, aplazamiento y sustitución de la ejecución de la pena principal, libertad condicional.

En lo que se refiere al título V, sobre la extinción de la pena, desarrollado de los artículos 115 al 122, tenemos las materias siguientes: causas de extinción, en todas sus modalidades. El título VI, sobre las medidas de seguridad, con artículos del 123 al 127, se desarrollan exclusivamente las clases de medidas de seguridad, y, por último, el título VII, denominado responsabilidad civil, con los artículos del 128 al 130, en los cuales se regulan las personas que responden civilmente.