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Declaración de inconstitucionalidad

Artìculos, Prensa Nacional

Noviembre, en Panamá, se le denomina Mes de la patria por ser precisamente en esta época del año, en que se libraron grandes gestas revolucionarias las cuales trajeron como consecuencia, en su momento, nuestra independencia de España (28 de noviembre de 1821) y la separación de la Gran Colombia (3 de noviembre de 1903).

Es de decir, estas son fechas en las que se conmemoran eventos trascendentales para el país y su población. Sin embargo, el momento por el cual está atravesando la nación está un poco distante de recordar con alegría triunfos pasados, puesto que se empañan con el Ecocidio (destrucción del ambiente panameno y del corredor mesoamericano) del cual está siendo víctima nuestro país, como resultado de la nefasta actuación de los tres poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial).

Por esta razón, considero oportuno y necesario hacer pública, con respecto a la declaratoria de inconstitucionalidad del contrato ley minero en discusión, los aspectos siguientes: primero, en cuanto a justicia constitucional, es de todos conocido que existe el principio de universalidad constitucional el cual, en palabras sencillas, consiste en que los actos demandados como inconstitucionales van a tener esta característica siempre que los mismos sean utilizados en cualquier tipo de acto celebrado con posterioridad a la declaratoria de inconstitucionalidad de los mismos, mediante fallo de la Corte

Suprema de Justicia.

Esto quiere decir, que el fallo de inconstitucionalidad fechado 21 de diciembre de 2017, emitido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, publicado en la Gaceta Oficial 29439, puede hacerse efectivo con respecto al contrato ley minero 406; en virtud de los efectos definitivos y para todos (erga omnes) que tiene este tipo de sentencias (art. 2573 del código judicial).

Segundo, lo expuesto en el párrafo anterior, se fundamenta en el hecho de que el principio de universalidad constitucional, presente en el artículo 2566, del código judicial panameño, contempla los aspectos siguientes: todos los actos, sucesos, hechos o acciones demandadas como inconstitucionales han sido analizadas en relación con todos y cada uno de los preceptos normativos que la Constitución Política de Panamá (en este caso) establece. Es decir, el contrato ley minero 406 continúa violando las mismas disposiciones constitucionales.

En este mismo orden de ideas, solamente que la Corte Suprema de Justicia fuese a verificar nuevas violaciones al texto constitucional, es cuando se hace necesario esperar el pronunciamiento sobre una nueva declaratoria de inconstitucionalidad.

Por otra parte, es importante saber que el magistrado o magistrada quien actúe en este fallo no debe contar con ninguna de las causales de impedimentos que establece el código judicial en su artículo 25/1, siendo una de ellas: tener él o su conyuge o cualquier pariente cercano interés en la decisión del fallo.

Conciudadanos, los invito a que reflexionen sobre las consideraciones planteadas anteriormente, en contexto con las atinadas palabras de Kofi

Annan «El conocimiento es poder. La información es libertadora. La educación es la premisa del progreso, en toda sociedad, en toda familia.»

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Consideraciones sobre acoso sexual y femicidio

Artìculos, Prensa Nacional

El acoso sexual es un hecho punible de naturaleza sexual que consiste en ejercer en la persona de la víctima, actos que la intimidan con la finalidad de lograr de ella favores que involucran intimidad sexual. Siendo la intimidación que se ejerce con respecto a la víctima una forma de manipulación trayendo como consecuencia, que a través del miedo o temor la víctima tome una decisión que bajo otra circunstancia no la realizaría. Este delito se encuentra tipificado en el Libro Segundo (Los Delitos), Título III (Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual), Capítulo I (Violación y otros delitos sexuales), art. 178, del código penal panameño, y las sanciones se aplican, según sea el caso, en concordancia con las disposiciones de los artículos 8 y 9 de la Ley 7 de 14 de febrero de 2018.

Dentro de sus principales características hemos podido identificar las siguientes: es una forma de delito sexual que afecta la integridad y libertad sexual de la víctima; la conducta ilícita consiste en intimidar a la víctima para obtener un favor o servicio de carácter sexual; se puede dar en cualquier ámbito, ya sea laboral, educativo, religioso; la conducta del victimario con respecto a la víctima se hace en forma continua y sistemática, de tal manera, que le ocasiona un cambio negativo en su forma de vida cotidiana; los sujetos tanto activo como pasivo son indeterminados, ya que puede ser cualquier persona quien realice este delito.

Sin embargo, en aquellos casos en que esté involucrado un servidor público, quien en su calidad de superior jerárquico de la institución no haya tomado en cuenta, ni puesta en ejecución las medidas que la Ley 7 de 2018, establece para el acoso, su conducta será tipificada como el delito denominado infracción de los deberes de los servidores públicos; existencia de un vínculo o relación entre la víctima y el victimario producto del ámbito en el cual se desempeña.

Pudiendo ser esta relación de carácter vertical o lineal.

Este es un delito que puede ser de comisión o de omisión. Con respecto al primero, se da cuando el sujeto activo realiza la acción. En cambio, se da por omisión en aquellos casos en que las personas naturales o jurídicas que la ley establezca no tomen las medidas necesarias para evitar que se de este tipo de comportamientos dentro de la institución que ellos coordinan, pudiendo sancionar a la empresa, donde se haya dado el acoso con una multa de B/

500.00 (quinientos dólares) hasta de B/ 1,000.00 (mil dólares), mismos que serán aplicados por la autoridad jurisdiccional de trabajo correspondiente (Juzgado o Tribunal de lo laboral). Este delito es considerado doloso, puesto que la intención demuestra un dolo directo por parte del victimario. Aunque también puede revestir una forma de culpa por negligencia en la coordinación y manejo, de la institución, ya sea estatal o privada que él dirige.

En este mismo orden de ideas, es válido señalar que el acoso sexual es una forma de violencia de género, la cual puede afectar tanto al hombre como a la mujer, pero, es más común en esta última, debido a que por razones históricas esta ha sido considerada un objeto eminentemente sexual, situación que conlleva a una de las formas más explicitas de violencia de carácter sistemática y sistémica, la cual trae como resultado una violación al principio de dignidad humana, irrespetando y desconociendo, con esto, los derechos humanos de las mujeres, sin importar su edad.

Tomando en consideración los planteamientos de párrafos anteriores podemos colegir su relación con el femicidio, puesto que el agresor o victimario puede llegar a desarrollar un sentimiento de ira y rencor hacia la negativa de la víctima y matarla. Entendiendo que esta muerte es la consecuencia a una relación en condiciones desiguales de poder, en cuya posición de desventaja se encuentra la mujer.

Por último, establezco la necesidad de cambiar antiguos paradigmas propios de la sociedad patriarcal en la que hemos estado inmersos, y en la cual se ha enseñado que la mujer es un símbolo y objeto sexual, creando en alguna de ellas toda clase de inseguridades que contribuyen a su condición de víctimas.

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Comentarios sobre la trata de personas

Consultorio Jurídico ,

La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada en París, el 10 de diciembre de 1948, establece en su artículo 1 el término dignidad humana, entendiendo como esto una de las máximas de los derechos humanos: la condición de humanidad de las personas quienes poseemos derechos humanos. Es decir, la dignidad humana hace referencia a que todo individuo merece respeto y ser valorado como ser humano.

Por consiguiente, no debe ser objeto de ninguna situación que le denigre, afectando con esto su naturaleza de ser humano. Esto es precisamente lo que sucede con el delito de trata personas, el cual se encuentra regulado en el código penal panameño, en el Libro Segundo: Los Delitos, Título XV (Delitos contra la Humanidad), Capítulo IV (Delitos contra la Trata de Personas), artículos que van del 456 – A al 456-E. Este precepto legal se aplica en concordancia con la Ley # 79 de 2011 (Trata de Personas y actividades conexas), presente en la Gaceta Oficial # 26,912; y, el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena.

Esta figura delictiva es principalmente de naturaleza sexual y con connotaciones de delito contra la humanidad, ya que gira en torno a la realización de actividades comerciales ilícitas que implica la movilización a nivel nacional e internacional de personas. Esta actividad comercial va dirigida específicamente a llevar a cabo acciones como promover, dirigir, organizar, financiar, invitar o gestionar a través de los medios de comunicación incluyendo las redes sociales, con la finalidad de facilitar el desplazamiento de las personas. Es importante tomar en consideración los aspectos siguientes, con relación a este tipo de delitos: primero, dentro de las actividades con características comerciales podemos identificar las siguientes: prostitución, explotación sexual comercial, servidumbre sexual, servidumbre laboral, esclavitud, trabajos forzados, matrimonio servil, mendicidad, extracción ilícita de órganos, adopción irregular.

Todas estas formas del tipo penal correspondiente a la trata de personas, en su modalidad simple, tiene como pena de prisión de quince a veinte años.

Mientras que en su calidad agravada presenta de veinte a treinta años de prisión. Por ejemplo: cuando la víctima es una persona menor de edad, si la acción ilícita es realizada a través de engaño, violencia, en la persona de un pariente cercano, el victimario sea un servidor público. Segundo, en aquellos casos en que la víctima haya dado su consentimiento para llevar a cabo cualesquiera de las conductas ilícitas que constituyen el delito de trata de personas, de igual manera, el victimario tiene responsabilidad penal absoluta, ya que este consentimiento no le exime de responsabilidad. Tercero, también genera responsabilidad penal solamente con el hecho de destinar un bien mueble o inmueble para la comisión de este tipo de delitos, cuando el dueño, administrador, arrendatario o arrendador lo haga a sabiendas del uso que se le dará al bien. En estos casos la pena puede oscilar de seis a doce años de prisión.

Por otra parte, este hecho constituye un delito de naturaleza internacional por afectar como bien jurídico a la humanidad, situación que le convierte en una figura delictiva cuya acción penal es imprescriptible (art. 116 código procesal penal panameño). Esto quiere decir, que la víctima puede interponer la acción penal en cualquier momento en que esto le sea posible.

Por último, la visibilidad de este delito y el diseño de estrategias de política criminal resultan un poco complejas en atención a lo siguiente: primero, este es un delito de carácter complejo debido a que su tipo penal plantea una multiplicidad de conductas ilícitas, lo cual quiere decir que se requiere solamente la realización de una de ellas para cometer el delito de trata de personas. Segundo, al momento de procesar una estadística criminal con respecto a esta figura delictiva, pareciese que la misma no es común en el país, cuando la realidad es totalmente distinta. Ejemplo: según el informe anual del

SIEC (Sistema Integrado de Estadísticas Criminales, del Ministerio de Seguridad), en el año 2021 solamente se registraron un total de 8 casos, de los cuales uno se da en la provincia de Bocas del Toro y el otro en la provincia de Panamá.

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Afganistán, Derecho Penal y Democracia

Artìculos, Prensa Nacional 0 Comments

Benito Juárez, quien fuera presidente de los Estados Unidos Mexicanos

(México), en el período que comprende del año 1858 a 1872, señaló ‘La democracia es el destino de la humanidad; la libertad su brazo indestructible!

Partiendo del pensamiento expuesto en el epígrafe anterior, podemos colegir que la democracia es un sistema político el cual plantea más ventajas que desventajas, ya que permite una participación directa de la población en lo referente a la selección de sus gobernantes y en la formación de su sistema legislativo. Esto, a su vez, también va a determinar el enfoque del Derecho Penal a través del cual se ejecutará la facultad sancionadora del Estado. Es decir, la democracia como sistema de gobierno es uno de los caminos para lograr la implementación de un Derecho Penal científico que, a su vez, posibilite la presencia de garantías penales como aseguranzas de intereses y bienes jurídicos de los ciudadanos.

Con gran preocupación observo que en el hermano país de Afganistán no se

esta cumpliendo con los lineamientos Internacionales en materla de proteccion a los derechos humanos fundamentales: entre ellos el princidio de respeto a la

aignidad numana, sodre todo en las mujeres arganas de todas las edades y de las cuales poco o naud se naold.

Entiendo que ningún Estado debe inmiscuirse en el sistema de gobierno de otro Estado, puesto que se corre el riesgo de afectar la personalidad jurídica de éste mediante la intromisión a su soberanía. Sin embargo, este argumento queda sin efecto a partir del momento en que con la implementación de un régimen político se ponga en riesgo la seguridad colectiva de la comunidad internacional, como es el caso de lo que ocurre actualmente con Afganistán.

¿En qué se fundamentan los comentarios antes expuestos? Sencillamente en las consecuencias jurídicas que generan, no solamente con respecto a los países vecinos de Afganistán, sino al mundo entero. Esto se explica, tan solo con una de las múltiples situaciones derivadas de lo que acontece actualmente en este hermano país: la fuerte ola de movimientos migratorios, en calidad de refugiados afganos que tendrá el continente americano, incluyendo Panamá.

Además, el Derecho Internacional Humanitario les ampara y se hace muy difícil, por no decir imposible, negarle la entrada al país a estas personas.

Por otra parte, tenemos que no solamente las personas emigran con su cultura, sino también con formas delictivas propias de su lugar de origen, costumbres y religión.

Considero que la comunidad internacional no ha tomado en cuenta el gran problema que se le avecina al mundo, pero, en especial a nuestro continente americano identificado como tierra de grandes oportunidades. Debemos a nivel de país y de Política Criminal, estar diseñando estrategias de protección ante la comisión de posibles delitos que afecten la seguridad colectiva de nuestro país, entre los cuales podemos mencionar: terrorismo, delincuencia organizada. Así como también, delitos contra la humanidad y delitos que afecten la personalidad jurídica del Estado. Reflexionemos pronto ante este problema.

Upset mother and daughter sitting in living room

LOS DELITOS SEXUALES DE VIOLACIÓN SEXUAL, ESTUPRO Y ABUSOS DESHONESTOS

Abuso deshonesto, Delitos Sexuales, Estupro

Los delitos sexuales constituyen un conjunto de comportamientos que afectan derechos humanos de trascendencia para el desarrollo psicosexual de todo ser humano, tales como: el derecho a la libertad y la integridad sexual. Entre las conductas ilícitas que conforman estos delitos, se encuentran las siguientes: violación sexual, estupro, abusos deshonestos, acoso sexual, trata de personas, corrupción de personas menores de edad, pornografía infantil, proxenetismo. Descargar

sad doll

El Delito de estupro en Panamá y sus modificaciones

Estupro

Es conocido por todos que el código penal tiene como principal característica salvaguardar los intereses jurídicos, de todas aquellas personas que se encuentran en territorio nacional, sean estos panameños o extranjeros. Esto implica, que esta norma jurídica será cambiante; es decir, irá modificándose o cambiando según las necesidades que surjan en la sociedad. Pero, debe también el Estado ser cauteloso en no aceptar cambios que puedan comprometer los derechos humanos, también conocidos como bienes o intereses jurídicos de cada uno de los habitantes de la población que lo conforma.

En este orden de ideas, tenemos que en noviembre de 2016, se promulga la Ley 60 de 2016, presente en la Gaceta Oficial # 28,169 – A, mediante la cual se reforma la Ley de 2002, sobre La Menor de Edad Embarazada, afectándose entre otras cosas, el artículo 176, del Código Penal Panameño, cuyo texto legal quedó de la siguiente manera: “Quien, valiéndose de una condición de ventaja, logre acceso sexual con persona mayor de catorce años y menor de dieciocho, aunque medie consentimiento, será sancionado con prisión de dos a cuatro años. La sanción será aumentada de un tercio hasta la mitad del máximo: 1. Cuando el autor sea ministro de culto, pariente cercano, tutor, educador o estuviera a cargo, por cualquier título, de su guarda, crianza o cuidado temporal. 2. Si la víctima resultara embarazada o sufriera contagio de alguna enfermedad de transmisión sexual. 3. Si en razón del delito sufrido, se produjera su deserción escolar. 4. Cuando, mediante engaño, haya promesa de matrimonio para lograr el consentimiento de la víctima.”

La afectación al texto legal citado en el párrafo que antecede implica los siguientes aspectos:

  1. Se elimina una especie de excusa absolutoria que contenía en su último párrafo, mediante la cual se exoneraba de responsabilidad penal al victimario que lograra acreditar la existencia de una relación de pareja, sostenida de manera estable, entre él y la víctima. Además, que la diferencia de edades entre ambos no sobrepasaba los cinco años. Es decir, a partir de esta modificación, cualquier persona mayor de edad que sostenga relaciones sexuales con una persona mayor de catorce años y menor de dieciocho años está cometiendo un delito penado con cárcel.
  2. Consideramos que se deja claro el hecho de evitar denominar a este delito como relaciones consensuadas, puesto que aunque el tipo penal del mismo plantea la expresión “.., aunque medie consentimiento de la víctima…”, el mismo está viciado, es nulo, puesto debido a las características de quien lo otorga. Puesto que quien lo manifiesta, es una persona menor de edad, que frente a la mayoría de edad de su victimario se considera que ha sido manipulada para obtener el mismo.
  3. Es un mecanismo jurídico de protección a la menor de edad, que puede constituirse en un medio que ayude a disminuir embarazos a temprana edad.
  4. Es una forma que el hombre adulto reflexione sobre las consecuencias de un comportamiento sexual no acorde con la realidad y las circunstancias.
  5. Es un llamado de atención a los padres que muchas veces y de forma involuntaria son condescendientes con el hecho de que sus hijas, menores de edad, sostengan noviazgos con hombres mayores de edad, quienes poseen intereses muy distintos a los de sus hijas.
  6. El victimario en el delito de estupro, es decir, la persona que realiza la acción ilícita puede ser tanto un hombre como una mujer y, de igual manera, la víctima también puede estar conformada por persona menor de edad, de uno u otro sexo.
  7. Aunque la víctima puede ser un joven o una jovencita, ésta última es en la mayoría de los casos, quien se constituye en víctima. Prueba de ello, lo demuestran las estadísticas que indican que la mayoría de las jóvenes embarazadas durante su adolescencia ha sido producto de relaciones amorosas con hombres mayores de edad.

Esperamos, estimados lectores, que estas líneas le puedan ayudar a comprender, que en situaciones como estas es necesaria las reformas a una normativa jurídica ya existente, como es el caso del código penal panameño de 2007. Descargar

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CRÍMENES DE AGRESIÓN SEGÚN EL ESTATUTO DE ROMA EN CONTEXTO CON LA LEGISLACIÓN PENAL PANAMEÑA

Constitución, Derecho Penal, Estatuto de Roma ,

El presente documento constituye un análisis jurídico penal del delito denominado crímenes de agresión, mismo que tiene como principal característica el de ser una figura delictiva de carácter transnacional, de competencia principalmente de la Corte Penal Internacional.

Este hecho punible constituye, según los parámetros de la legislación penal panameña un delito contra la humanidad, que consiste principalmente en un conjunto de actos idóneos que afectan aspectos del Estado como la soberanía, independencia e integridad territorial.

Por otra parte, este delito afecta la personalidad jurídica del Estado, fungiendo como sujeto activo otro Estado, ya que el sometimiento de un Estado a otro está relacionado generalmente por el poderío social, político o económico que tiene el Estado agresor. Entre las conductas ilícitas que pueden llegar a conformar esta figura delictiva se encuentran: bloqueo de puertos, invasiones, bombardeos, entre otros.

La legislación penal panameña ha tipificado esta conducta como ilícita debido a compromisos con la comunidad internacional. Descargar

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LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES DE EDAD

Derecho Penal, Menor de Edad ,

La delincuencia en Panamá a través de los últimos años ha ido en aumento, debido a múltiples razones, siendo una de ellas la inexistencia de una Política Criminológica definida a nivel de Estado, que permita diseñar programas que ayuden a contra restar los factores criminógenos. Es decir, a disminuir los índices de delincuencia, como por ejemplo: programas de empleos acorde a la necesidad de la población, tomando en consideración principalmente la juventud; programas sociales, tales como: capacitaciones informales en las comunidades, entre otras cosas.

Por otra parte, debido a que el Estado no ha desarrollado programas que fortalezcan la institución de la familia, la delincuencia juvenil ha superado los límites; de tal manera, que nos estamos encontrando a menores de edad (a veces a partir de los seis años) que manejan armas de fuego y son presa fácil del delincuente profesional, quien suele utilizarlos como el medio para ejecutar los delitos. Descargar

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EL DELITO DE GENOCIDIO EN EL DERECHO PENAL

Derecho Penal, Genocidio ,

El delito de genocidio constituye una figura delictiva de carácter internacional, de competencia de la Corte Penal Internacional, tal cual lo establece el Estatuto de Roma en su artículo 1, al señalar lo siguiente: “1. La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia, de conformidad con el presente Estatuto, respecto de los siguientes crímenes: a) El crimen de genocidio; ….”. Esta misma excerta legal, en su artículo 6, define este delito en los siguientes términos: “A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “genocidio” cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b)Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.” Descargar

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LA ASOCIACIÓN ILÍCITA Y SUS REPERCUSIONES PENALES EN PANAMÁ

Asociación Ilícita, Constitución, Derecho Penal , ,

Pretendemos a través de esta investigación jurídica de corte documental, compartir con todas aquellas personas estudiosas del Derecho Penal, un conjunto de reflexiones con respecto al tema de la asociación ilícita según los lineamientos de la legislación penal panameña. De tal manera, que podamos encontrar estrategias jurídico-legales que permitan disminuir los niveles de incidencia de esta figura delictiva.

El delito de asociación ilícita afecta la seguridad colectiva del Estado y, por ende, la convivencia entre sus habitantes dentro de un marco de paz y seguridad. Lo que le obliga a establecer medidas de control a nivel nacional como a nivel internacional, a través de formar parte de la cooperación judicial internacional en cuanto a la persecución de los sujetos activos responsables de la comisión de este delito y, todo aquello que del mismo se derive. Es por ello, que la tipificación de este hecho punible es producto de la aceptación, por parte de Panamá, del Derecho Internacional, siempre y cuando este no contraríe nuestra Carta Magna. Descargar

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© Doctora Julia Sáenz 2018