El Delito de estupro en Panamá y sus modificaciones

Es conocido por todos que el código penal tiene como principal característica salvaguardar los intereses jurídicos, de todas aquellas personas que se encuentran en territorio nacional, sean estos panameños o extranjeros. Esto implica, que esta norma jurídica será cambiante; es decir, irá modificándose o cambiando según las necesidades que surjan en la sociedad. Pero, debe también el Estado ser cauteloso en no aceptar cambios que puedan comprometer los derechos humanos, también conocidos como bienes o intereses jurídicos de cada uno de los habitantes de la población que lo conforma.

En este orden de ideas, tenemos que en noviembre de 2016, se promulga la Ley 60 de 2016, presente en la Gaceta Oficial # 28,169 – A, mediante la cual se reforma la Ley de 2002, sobre La Menor de Edad Embarazada, afectándose entre otras cosas, el artículo 176, del Código Penal Panameño, cuyo texto legal quedó de la siguiente manera: “Quien, valiéndose de una condición de ventaja, logre acceso sexual con persona mayor de catorce años y menor de dieciocho, aunque medie consentimiento, será sancionado con prisión de dos a cuatro años. La sanción será aumentada de un tercio hasta la mitad del máximo: 1. Cuando el autor sea ministro de culto, pariente cercano, tutor, educador o estuviera a cargo, por cualquier título, de su guarda, crianza o cuidado temporal. 2. Si la víctima resultara embarazada o sufriera contagio de alguna enfermedad de transmisión sexual. 3. Si en razón del delito sufrido, se produjera su deserción escolar. 4. Cuando, mediante engaño, haya promesa de matrimonio para lograr el consentimiento de la víctima.”

La afectación al texto legal citado en el párrafo que antecede implica los siguientes aspectos:

  1. Se elimina una especie de excusa absolutoria que contenía en su último párrafo, mediante la cual se exoneraba de responsabilidad penal al victimario que lograra acreditar la existencia de una relación de pareja, sostenida de manera estable, entre él y la víctima. Además, que la diferencia de edades entre ambos no sobrepasaba los cinco años. Es decir, a partir de esta modificación, cualquier persona mayor de edad que sostenga relaciones sexuales con una persona mayor de catorce años y menor de dieciocho años está cometiendo un delito penado con cárcel.
  2. Consideramos que se deja claro el hecho de evitar denominar a este delito como relaciones consensuadas, puesto que aunque el tipo penal del mismo plantea la expresión “.., aunque medie consentimiento de la víctima…”, el mismo está viciado, es nulo, puesto debido a las características de quien lo otorga. Puesto que quien lo manifiesta, es una persona menor de edad, que frente a la mayoría de edad de su victimario se considera que ha sido manipulada para obtener el mismo.
  3. Es un mecanismo jurídico de protección a la menor de edad, que puede constituirse en un medio que ayude a disminuir embarazos a temprana edad.
  4. Es una forma que el hombre adulto reflexione sobre las consecuencias de un comportamiento sexual no acorde con la realidad y las circunstancias.
  5. Es un llamado de atención a los padres que muchas veces y de forma involuntaria son condescendientes con el hecho de que sus hijas, menores de edad, sostengan noviazgos con hombres mayores de edad, quienes poseen intereses muy distintos a los de sus hijas.
  6. El victimario en el delito de estupro, es decir, la persona que realiza la acción ilícita puede ser tanto un hombre como una mujer y, de igual manera, la víctima también puede estar conformada por persona menor de edad, de uno u otro sexo.
  7. Aunque la víctima puede ser un joven o una jovencita, ésta última es en la mayoría de los casos, quien se constituye en víctima. Prueba de ello, lo demuestran las estadísticas que indican que la mayoría de las jóvenes embarazadas durante su adolescencia ha sido producto de relaciones amorosas con hombres mayores de edad.

Esperamos, estimados lectores, que estas líneas le puedan ayudar a comprender, que en situaciones como estas es necesaria las reformas a una normativa jurídica ya existente, como es el caso del código penal panameño de 2007. Descargar